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Juan Carlos Martínez y Daniela Ospina Loaiza, dos enlaces claves de la presunta red de corrupción del senador Mario Castaño Pérez, obtuvieron jugosos contratos a dedo con el Senado, simularon informes de actividades que nunca realizaron para justificar las cuentas de cobro y contaron con la complicidad de funcionarios del Congreso para “legalizar” esos pagos. Dicho de otro modo, mientras Martínez y Loaiza ejercían roles esenciales dentro de la organización, cuadraban negocios y ajustaban supuestos porcentajes de coimas en contratos, según las pruebas en poder de la justicia, también recibían dinero del Senado para, en teoría, orientar a los funcionarios de esa entidad en campañas de educación sobre salud pública y la pandemia del covid-19. De todo ello quedó constancia en interceptaciones telefónicas e informes judiciales conocidos por El Espectador en el expediente que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema contra el senador liberal.
Según las pruebas, las fichas de Castaño —un odontólogo y una psicóloga— fueron contratadas en febrero y marzo de 2021 por la División de Talento Humano del Senado y como supervisor de esos contratos fue designado el jefe de esa entidad: Rubén Darío Iregui González. En total, cobraron durante cuatro meses por actividades que jamás hicieron. Por ejemplo, en sus reportes señalaron que apoyaron a Iregui evaluando protocolos para minimizar el riesgo de contagio del coronavirus, realizaron campañas para impulsar la vacunación entre los funcionarios e hicieron un censo para identificar la población de mayor riesgo en el Senado: pura mentira. Juan Carlos Martínez y Daniela Ospina —pareja del senador Castaño— buscaron al exsecretario de Villamaría (Caldas) y exasesor del Senado Jorge Alberto Sabogal para que les ayudara a “inventarse” las actividades que plasmaron en los informes mentirosos con los que justificaron el pago de sus honorarios.
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Por ejemplo, el 17 de marzo de 2021 Martínez llamó a Sabogal y le dijo: “Necesito que me ayude a poder pasar una hijueputa cuenta de cobro (…) Se supone que asesoro todo lo de salud pública ahí, el tema de cambiar los protocolos de salud; bueno, huevonaditas le metemos ahí para poder mandarla mañana que Iregui me la revise, huevón, tenerla lista”. Sabogal le contestó: “Relájese que yo le ayudo con eso. Mándeme el contrato y más o menos las actividades, miramos qué actividades hizo”. Martínez añadió rotundo: “No, no hice ninguna”, a lo que Sabogal respondió: “Por eso, tiene que inventarse que hizo algunas”. Al día siguiente, Sabogal llamó a Martínez para confirmarle que ya le había hecho la vuelta. “Ya le hice los informes, ya le organicé el del interventor que es el de Iregui, para que le firme Iregui, que él revise; hice también el informe que le toca a Iregui para la interventoría. Ya solamente es que él firme, ya yo ya tengo todo listo”.
Más adelante Juan Carlos Martínez le dice a Sabogal: “Eso nos toca ir primero donde Iregui, porque el cacorro ese me tiene que firmar esa maricada porque no hemos hecho ni mierda de eso”. Entonces Sabogal le contesta: “Llevamos el portátil por si le da por chimbear”. Martínez le cuenta a su interlocutor que, igual, Iregui “sabe que debe ayudar, huevón, porque eso es cosa de Mario”. Finalmente, Sabogal concluye: “Ya le hice los informes, el Excel que es más maluco, ya cuadré las cuentas, ya me conseguí el CD; es que, marica, esos formatos del Senado son una boleta”. La Corte estableció que, el 23 de marzo de 2021, Martínez presentó el informe espurio ante el supervisor del contrato, Rubén Darío Iregui, quien lo avaló sin soporte alguno. Con Daniela Ospina ocurrió lo mismo, salvo que ella remitió en sus actividades, realizadas como la gran cosa, que había “efectuado comunicaciones con funcionarios para apoyar el seguimiento de la pandemia”.
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En las interceptaciones en poder de la justicia —algunas de las cuales fueron divulgadas también por el portal Vorágine el miércoles pasado— se oye que Martínez asesoró a Daniela Ospina para que pusiera “un carretazo” en su informe de actividades a fin de poder cobrar por hacer nada. “Juan, hazme un favor, como tu no hiciste nada este mes, ¿tú qué colocaste ahí en las obligaciones?”, le preguntó Ospina a Martínez, quien le dijo que ya le mandaba las actividades que él se inventó para cobrarle al Senado. “Mándame lo que tú le mostraste a él [Iregui], porque yo tampoco he hecho nada, he hecho como diez llamadas y tres me han contestado. Mándamelo para nosotros hacer la misma chimbada”. En los siguientes meses se repitió la operación. Por ejemplo, el 23 de abril de 2021 Daniela Ospina le contó a Juan Carlos Martínez que estaba teniendo líos con Iregui y que había que cuadrar otra vez esas cuentas con Sabogal.
Juan Carlos Martínez, según se oye en el siguiente audio, le dijo a su socia Daniela Ospina: “Déjeme hablo con Sabogal, que nos organice esa vuelta, porque yo le escribí a Iregui [y] le dije: ‘Iregui, hermano, ¿qué vamos a colocar en esas actividades mías?’. Dijo: ‘No, huevón, ni sé’. Entonces le dije: ‘Bueno, yo paso esas cuentas de cobro’”. Es decir, el jefe de la División de Talento Humano sabía que autorizaba informes ficticios sobre trabajos que nunca fueron realizados por dos contratistas que eran fichas de Castaño. Pero hay más perlas. Juan Carlos Martínez, hoy prófugo de la justicia, puso en sus informes de actividades de mayo y junio de 2021 que había apoyado la divulgación de un material informativo para prevenir el covid-19 y anexó 14 fotos de la instalación de zonas de lavado de manos en el Senado para demostrar su diligencia. En resumen, ponían cualquier cosa, nadie les exigía pruebas de su trabajo y así les pagaban. En total, Martínez y Ospina recibieron $40 millones.
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En junio Martínez presentó 11 fotografías y cinco pantallazos de sus reuniones virtuales sobre capacitaciones del tipo “Relación entre el covid-19 y la salud oral”. En todos los casos Rubén Darío Iregui le dio el aprobado final a esos reportes de Martínez y Ospina que luego eran enviados a la División Financiera del Senado para autorizar los desembolsos. La Corte documentó que el senador Mario Castaño tenía cierto poder en la dependencia que manejaba Rubén Darío Iregui en el Senado. En uno de los audios Daniela Ospina le dice a Juan Carlos Martínez: “Yo sí voy a hablar con Mario para que hable con él, Juan. En mis obligaciones en ningún lado dice que [debo] llamar a gente, ¿y yo cuándo voy a llamar a 600 personas? Por Dios bendito, ni que yo fuera un call center. Y eso es muy maluco, o sea uno estudiando psicología para tener que venir a llamar gente. No”. Martínez la tranquiliza: “Pero no tenés que llamar a toda esa gente”.
Según la Sala de Instrucción de la Corte, hay pruebas claras de que Mario Castaño hizo contratar en el Senado a dos de sus colaboradores de la presunta la red criminal. “En ese contubernio para perjudicar el erario Martínez y Ospina acuerdan averiguar con el supervisor de sus contratos, Rubén Darío Iregui, qué actividades debían plasmar en los informes respectivos, lo que revela que este funcionario del Senado conocía de la irregularidad y, a pesar de ello, dio su aval para presentar los documentos ante el área financiera y de pagaduría”, resaltó la Corte en la medida de aseguramiento contra Castaño. Y añadió: “Martínez era el asesor del congresista y ejercía como eslabón entre él y los funcionarios locales y nacionales y frente a los restantes miembros de la organización; Daniela Ospina, por su parte, era la encargada de administrar los recursos percibidos de manera ilícita”. Castaño, Ospina y Martínez vivían juntos en la misma casa en Bogotá.
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También se estableció que al menos una vez Rubén Darío Iregui visitó la residencia del congresista y que fue él quien pidió que se adicionaran los contratos de Martínez y Ospina en el Senado, con lo cual recibieron $5 millones más cada uno. La Corte es así de contundente: “Los hechos acreditados llevan a la Sala a afirmar indiciariamente que en el marco del plan criminal que habría implementado el senador Mario Alberto Castaño para afectar el erario y en uso de la posición que le confería ser miembro del Senado, puso a dos de sus más importantes fichas en la organización como contratistas de esa entidad pública, particularmente a través de la adjudicación de contratos de prestación de servicios con la División de Recursos Humanos durante el año 2021”. Según el alto tribunal, Martínez era “fiel colaborador” del senador y Daniela Ospina su “compañera permanente”. Así, el congresista les aseguró “un ingreso a costa del erario”. En síntesis, $40 millones por hacer nada.
En su defensa ante la Corte, el senador Castaño, quien sigue reivindicando su inocencia, dijo que los contratos de Ospina y Martínez no los consiguió él y que desconocía si habían entregado al Congreso informes falsos. También sostuvo que jamás discutió con Rubén Darío Iregui asuntos contractuales, aunque reconoció que es un paisano suyo y que lo conoció cuando oficiaba como director del Centro Penitenciario en La Dorada (Caldas). El Espectador contactó a Iregui para conocer su versión sobre estos hechos, pero contestó que prefería abstenerse de hacer comentarios sobre el tema. Por su parte, Astrid Salamanca, directora administrativa del Senado, confirmó que Iregui sigue siendo jefe de Recursos Humanos y que su caso lo “tienen los órganos de control”. Más allá de estas preguntas, en todo caso, los audios en poder de la justicia resultan muy elocuentes en relación con lo ocurrido. Para la Corte, Rubén Darío Iregui habría incurrido en el delito de peculado en favor de terceros.
Por Juan David Laverde Palma
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