![Gabriel García, exviceministro de Transporte, fue detenido el pasado 12 de enero. / Mauricio Alvarado](https://www.elespectador.com/resizer/v2/QVJS7AGEXJDBJFZ3DDCJYAQX4M.jpg?auth=b35314a8ebd96da14381dff6dc49b914f40ba717ae4600a0e1f6fd44b2ee59d5&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
La Fiscalía ya dio el primer paso para recuperar los US$6,5 millones que recibió el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales en 2010, con el fin de que direccionara la licitación de la Ruta del Sol sector 2 a favor del consorcio del que hacía parte Odebrecht. Fueron siete bienes y US$4 millones en acciones de Pacific Infrastructure lo que se decomisó. Todas las propiedades, avaluadas en $12.500 millones, estaban a nombre de familiares de García Morales y los hermanos Eduardo y Enrique Ghisays. Estos dos últimos fueron los empresarios cartageneros que se prestaron para lavar y esconder la plata que la constructora brasileña le pagó al exviceministro.
A los hermanos Ghisays les decomisaron tres garajes, un depósito y un local comercial. Algunos aparecen en los registros de la Superintendencia de Notariado y Registro a nombre de Enrique José Ghisays, junto a su madre, Rosita Manzur de Ghisays. Ellos han estado vinculados también con negocios inmobiliarios y la Fiscalía descubrió que gracias a la comisión de US$750.000 que les pagó el exviceministro García por abrir una empresa en Panamá para recibir los pagos de Odebrecht, los Ghisays lograron superar una grave crisis económica que atravesaban en su negocio de importación de tecnología para la venta en grandes superficies.
Las únicas propiedades que le embargaron directamente a Gabriel García Morales fueron sólo dos vehículos que estaban a su nombre y de un familiar. Según la Fiscalía, el argumento para perseguir las propiedades de García y de los Ghisays es que “habrían sido adquiridas con los dineros producto de las actividades ilícitas” relacionadas con el caso Odebrecht. Pero, en realidad, la importancia de este nuevo operativo de la Fiscalía radica en las acciones de Pacific Infrastructure avaluadas en US$4 millones y a nombre de la sociedad panameña Oil & Gas Logistics, creada por Eduardo Ghisays. En este negocio, según las pesquisas del organismo de investigación, estarían relacionadas otras personas, entre ellas dos cacaos de la construcción en Colombia.
El negocio de Pacific Infrastructure
El 20 de enero de 2010, Enrique Ghisays constituyó en Miami, con la ayuda del prestigioso bufete de abogados Akerman LLP, la empresa panameña en la que terminaron los US$6,5 millones de los sobornos de Odebrecht: Lurion Trading. Desde esta sociedad anónima en Panamá, que era manejada por los hermanos Ghisays a la sombra de una firma local de abogados (G y R Abogados), se ordenaron los desembolsos a más de 12 empresas para esconder la plata de Gabriel García Morales. La inversión de mayor valor, US$2 millones, se hizo en 2010 y fue el negocio con Pacific Infrastructure, un vehículo de inversión de Pacific Rubiales que preside el exviceministro de Transporte Juan Ricardo Noero.
El pasado 17 de enero, cinco días después de que Gabriel García Morales hubiera sido detenido por el caso Odebrecht, Noero le envió un reporte a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) sobre el negocio que hicieron con Lurion Trading. Explicó que se trató de un proyecto en el que buscaban nuevos inversionistas y que jamás pensaron que ese dinero era producto de los sobornos de Odebrecht. Noero rindió interrogatorio el pasado 23 de enero ante los fiscales del caso.
Esas acciones a nombre de Lurion Trading posteriormente fueron cedidas a otra sociedad que se creó tiempo después en Panamá y que era controlada por Eduardo Ghisays: Oil & Gas Logistics. En ella también aparecieron nuevos socios, pues algunas de las acciones que compraron los Ghisays fueron utilizadas para pagar deudas que tenían en Colombia. Pero la lupa de la Fiscalía se posó sobre dos personas que entraron a formar parte del negocio en 2012, con el cual García Morales buscó esconder los sobornos de Odebrecht: Menzel Amín Avendaño y el venezolano Marco Giampaoli Scatolini.
Según la investigación de la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía, “Gabriel García Morales consiguió que los empresarios Marco Giampaoli Scatolini y Menzel Amín hicieran una inversión por US$2 millones adicionales en Pacific Infrastructure, al hacerse socios de Oil & Gas Logistics, de la que accedieron al 85 % de la masa accionaria”. En pocas palabras, Amín y el venezolano Giampaoli se convirtieron en los máximos accionistas de la sociedad panameña de los Ghisays.
Menzel Amín, dueño de KMA, una de las firmas de ingeniería más grandes del país, y Marco Giampaoli Scatolini, propietario de Obras Especiales (Obresca), son dos importantes empresarios de la construcción en Colombia y socios en cuatro proyectos de gran importancia para el desarrollo vial: la construcción de la doble calzada entre Córdoba y Sucre, que ganaron con el Consorcio Autopistas La Sabana en 2007; la Ruta Caribe, con un costo de $1,2 billones; la concesión del Sisga, adjudicada en mayo de 2015, por $966.849 millones, y la concesión de Autopistas del Nordeste, de $980.000 millones.
El pasado viernes 10 de marzo, el empresario Menzel Amín fue entrevistado por la Fiscalía. En la diligencia le preguntaron si sabía de la primera inversión que hizo en 2010 Lurion Trading en Pacific Infrastructure y sobre la forma como él entró a ser parte del negocio. Las preguntas, en general, giraron en torno a los primeros US$2 millones que sirvieron para que Lurion Trading comprara acciones con Pacific Infrastrucre, así como que la inversión de US$2 millones más que él hizo junto a Marco Giampaoli Scatolini, quien aún no ha sido citado a entrevista.
Hace una semana, un vocero de KMA le explicó a este diario que Amín y Giampaoli participaron en el negocio luego de hacer varios estudios y análisis que no les generaron sospechas ni arrojaban luces de que Oil & Gas Logistics escondía plata ilícitamente obtenida. Agregaron que al conocer el escándalo buscaron la forma de aproximarse a la Fiscalía para demostrar que nunca intentaron lavar o esconder activos producto de los sobornos que le pagaron a Gabriel García. Que, en su criterio, se trató de una forma de capitalizar una inversión atractiva que estaba perdiendo valor.