Los riesgos económicos y legales del cambio de las vigencias futuras que busca el gobierno

El contralor general de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez, aseguró que el decreto presenta un “riesgo de afectación negativa a los intereses públicos que puede significar la eventual reprogramación unilateral y la utilización, para otros fines, de los recursos públicos de Vigencias Futuras de las concesiones viales de 4G y 5G”.

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Los sectores públicos y privados tienen las alarmas prendidas ante un decreto que alista el gobierno de Gustavo Petro y que modificaría las normas que regulan las vigencias futuras, que son los dineros que se dejan prometidos por parte del Estado para garantizar la continuación de proyectos de infraestructura así haya cambio de gobierno. El problema, según han dicho entidades como la Contraloría y como lo han advertido exministros de Hacienda y Transporte, es que las modificaciones que plantea el Ejecutivo podrían afectar la realización de importantes obras y se corre el riesgo de endeudar más a la Nación si no se cumplen los acuerdos. Por otro lado, se señala que el gobierno no podría sacar adelante todo esto sin consultar primero a los poderes legislativo y judicial.

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Concretamente, lo que plantea el borrador de decreto que presentó el Departamento Nacional de Planeación (DNP) es la modificación de un artículo del decreto 1082 de 2015, que habla sobre la “reprogramaciones y modificaciones a las vigencias futuras de los proyectos bajo el esquema de asociación público privada”. Según la norma vigente, “las entidades u órganos podrán solicitar al Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) la reprogramación de vigencias futuras aproba­das, únicamente cuando se requiera variar el plazo inicialmente aprobado y ello no implique cambios al monto total ni a la distribución anual autorizados”.

Sin embargo, resalta la norma, en casos en los que sí se cambie el monto “la entidad u órgano ejecutor debe solicitar al Confis, una nueva autorización de vigencias futuras de proyectos bajo el esquema de asociación público privada que ampare las modificaciones requeridas”. Lo que propone ahora el gobierno es que se pueda modificar el plazo y el monto de los proyectos asegurados con las vigencias futuras sin pasar por todo eso. El borrador del decreto apunta a que esos cambios se puedan hacer bajo condiciones técnicas, jurídicas y fiscales más sencillas. También, dice que todo sería para facilitar una adecuada gestión presupuestal y contractual en el marco de los proyectos de Asociación Público-Privada, sin que implique una nueva autorización presupuestal por parte del Confis.

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A pesar de estos supuestos beneficios, expertos en la materia señalan que hay dos problemas mayúsculos con esa propuesta: uno legal y otro económico. En diálogo con El Espectador, el delegado de infraestructura de la Contraloría, Luis Mejía, explicó que el ente de control lanzó una alerta por el riesgo que traerían los cambios que sugiere el borrador. Según dijo, actualmente se pueden hacer modificaciones en las vigencias futuras, siempre y cuando se haga el acuerdo de manera bilateral entre la Nación, representada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y los privados que también aportan dinero para las obras. Un cambio tan grande como el que se plantea sería unilateral y “puede acarrear demandas contra la Nación por no cumplir lo que está pactado”.

Igualmente, el contralor general de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez, aseguró que el decreto presenta un “riesgo de afectación negativa a los intereses públicos que puede significar la eventual reprogramación unilateral y la utilización, para otros fines, de los recursos públicos de Vigencias Futuras de las concesiones viales de 4G y 5G”. Por eso, desde el pasado 4 de junio alertó a la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla; al Ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Oscar Javier Torres Yarzagaray de los riesgos.

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El ente de control también puso de presente que “en caso de que se materialice el riesgo de que el Gobierno nacional decida, de forma unilateral, reprogramar los aportes pactados de vigencias futuras o utilizar, para otros fines, los ya presentes en los patrimonios autónomos de los contratos de concesión vial, la Nación tendría la obligación de pagar intereses remuneratorios y moratorios que no fueron incluidos en la estructuración inicial del proyecto y podrían incurrir en eventuales incumplimientos que podrían generar cuantiosas demandas en su contra”. Asimismo, expuso que en caso de algún incumplimiento por parte del Estado, “incluso podría derivar en una parálisis de la ejecución de las obras y podría llegar hasta generar un proyecto terminado anticipadamente e inconcluso”.

Por otra parte, está el problema legal que implicaría un cambio de esta magnitud a través de decreto. Un exmagistrado de la Corte Constitucional consultado por este diario, explicó que “un decreto no puede modificar una ley o decreto ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación”, como en este caso. Según señaló el exintegrante del alto tribunal, “si el decreto modifica las partidas presupuestales, debe tener un trámite en el Legislativo y una posterior revisión de la Corte Constitucional”. Ese mismo argumento lo comparte un grupo de exministros de Hacienda y Transporte que enviaron al presidente Petro una carta en la que pusieron de presente su preocupación frente al tema.

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El documento fue firmado por los exministros de Transporte Ángela María Orozco y Germán Cardona, así como por los exministros de Hacienda José Antonio Ocampo, Juan Carlos Echeverry, Juan Manuel Restrepo y Juan Camilo Restrepo. La misiva resalta que el decreto pretende “regular materias que solo pueden ser modificadas o definidas por el legislador y no por el Ejecutivo”. Es decir, que no estaría apegado a la ley y, “además, desconoce instancias y procedimientos actualmente regulados en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en la ley de Asociaciones Público-Privadas”. Señalan también que la propuesta contradice los planteamientos que ha hecho la Contraloría, advirtiendo que las vigencias futuras pactadas en los contratos de concesión no pueden modificarse unilateralmente.

Por ahora, la Contraloría, empresas privadas y otros sectores están al pendiente de cómo avanza la propuesta del gobierno, pues fuentes consultadas por este diario aseguran que todavía hay incógnitas sobre los cambios planteados, pues “no han dicho cómo lo harán, solo dicen que usarán ese dinero”. Asimismo, está la tensión que se generaría en caso de no consultar al Congreso ni a la Corte Constitucional para que evalúen las modificaciones que se quieren hacer a decretazo.

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