A poco más de un mes de que finalice su accidentado paso por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, después de ocho años de controversias por algunas de sus decisiones, señalamientos por supuesto abuso de poder, recusaciones de todo tipo e incluso presuntas amenazas contra sus compañeros, la magistrada Cristina Lombana Velásquez termina su periodo enfrentando una delicada investigación ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Los detalles del proceso revelan la fractura entre Lombana y cuatro de sus colegas de la Sala de Instrucción, con quienes ha venido teniendo agrios desencuentros en los últimos años. La denuncia que dio origen a este expediente la presentó el magistrado Francisco Farfán Molina el pasado 27 de abril y no solo resulta inédita por los términos en los que se expresa sobre Lombana, sino por las acusaciones que le enrostra.
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Con base en esa denuncia, esa instancia legislativa avanzó en las primeras pesquisas contra la magistrada Lombana. De hecho, en junio pasado, el representante investigador Jorge Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, abrió una indagación previa y ordenó escuchar a tres magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema: primero, al denunciante Francisco Farfán, y también a Marco Antonio Rueda y César Reyes, quienes tendrían información encaminada a corroborar los supuestos abusos de poder y arbitrariedades por parte, al parecer, de Lombana. El congresista Ocampo dispuso también recibir los testimonios de otros funcionarios de la Corte que habrían presenciado los hechos denunciados. Pero cuando el expediente comenzaba a moverse, la magistrada activó una respuesta que suspendió el proceso: recusó a quienes tenían en sus manos la investigación y consiguió, temporalmente, detener todas las diligencias.
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La recusación de la magistrada Cristina Lombana llegó al Congreso el 24 de junio pasado. Lombana alegó que ninguno podía investigarla porque ella tenía a su cargo un expediente contra miembros de esa célula legislativa. Los comisionados eran simultáneamente sus investigadores y sus investigados. La recusación dejó congelada la indagación previa y aplazó los testimonios que pretendían esclarecer la génesis de una confrontación que lleva años en el alto tribunal y cuyos detalles quedaron plasmados en la denuncia que el magistrado Farfán presentó el pasado 27 de abril en contra Lombana. El documento de 18 páginas está lleno de señalamientos y comienza relatando que los problemas del magistrado Farfán con ella comenzaron el 24 de noviembre de 2022, por cuenta del expediente que el jurista adelantaba contra el exsenador Arturo Char Chaljub por el escándalo de compra de votos en Barranquilla.
“Cuando radiqué el proyecto de apertura de instrucción y citación a indagatoria del excongresista, mi conducta comenzó a ser objeto de cuestionamiento, hostilidad y ataques públicos y privados por parte de la magistrada Lombana por motivos relacionados con las decisiones adoptadas en derecho por mi despacho en ese y en otros casos de graves hechos de corrupción”, se lee en la denuncia de Farfán por los delitos de acto arbitrario e injusto, abuso de función pública y prevaricato por acción y omisión. La denuncia incluye una queja disciplinaria por acoso laboral y en ella Farfán agregó: “La magistrada Lombana ha exteriorizado conductas irrespetuosas, agresivas y beligerantes, con atropello y ultraje de varios magistrados de la Sala, a través de un comportamiento de agresión sistemática, constitutivo de un evidente y ordinario acoso laboral entre pares que promueve, auspicia y ejecuta sin límite alguno”.
Con otra particularidad. Según el magistrado denunciante, durante la licencia que pidió para defenderse en un proceso ante la Comisión de Acusación, comprendida entre octubre de 2023 y abril de 2024, la magistrada Lombana asumió varios casos de ese despacho, incluido el de Arturo Char, al punto de “elaborar un proyecto de preclusión a favor del procesado, el cual no fue estudiado finalmente por la Sala, lo que desencadenó la cólera de la referida magistrada durante las Salas y fuera de ellas, a través de agresiones objetivas y verificables”. Más allá de la disputa entre los magistrados por este caso, el 4 de diciembre de 2025 la Sala acusó al excongresista Char Chaljub por concierto para delinquir y corrupción al sufragante, en el sonado expediente de corrupción electoral en el que también resultó salpicado su hermano, el actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y condenada la excongresista Aida Merlano.
La magistrada Lombana salvó su voto. En la denuncia, Farfán asegura que este caso le produjo a su colega una “ira incontrolable hacia mi persona”, que se evidenció a través de la irrupción de ella en su despacho en noviembre de 2025, pocos días antes de que la Sala votara el proyecto de acusación que había elaborado Farfán contra Arturo Char, tras valorar el abundante material probatorio en su contra. En esa oportunidad, según la denuncia, Lombana lo increpó en su oficina y le dijo que tanto él como su magistrado auxiliar Álex Movilla serían atacados “y destruidos por ella y que jamás permitiría que en la Comisión de Acusación de la Cámara se adoptara ninguna decisión judicial a mi favor, vociferando de manera temeraria e irreflexiva que tomaría al respecto medidas de represalia y ajuste de cuentas, no solo contra mí, sino contra todos los que percibe como sus antagonistas y contradictores”.
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El magistrado Farfán habló de amenazas concretas y de ataques personales contra él y los magistrados Marco Antonio Rueda y César Reyes Medina. De este último, incluso, Farfán señaló que Lombana lo había graduado de enemigo desde que fue el ponente de la medida de aseguramiento que la Corte Suprema de Justicia ordenó contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en agosto de 2020. Para Farfán, su colega Lombana ha tenido un enfoque “belicista, pendenciero y desconocedor del trabajo corporativo responsable y de altura” de la Sala de Instrucción, en la que “en mala hora fue seleccionada como integrante (...) Tanto han venido escalando el acoso, los ataques y la falta de ponderación y respeto por parte de Lombana, que incluso por vía WhatsApp me reprochó concurrir ante el entonces presidente de la Corte Suprema, doctor Octavio Augusto Tejeiro”.
Farfán se refiere a la cita que tuvo en el despacho de Tejeiro en noviembre de 2025, en la que le pidió que comunicara oficialmente que la Comisión de Acusación lo había exonerado del proceso que se le inició porque, supuestamente, había tratado de favorecer al excongresista José Alfredo Gnecco Zuleta. Según Farfán, esa decisión a su favor ha desatado “sentimientos de animadversión y de intencionalidad destructiva” por parte de Lombana. Es más, Farfán incluyó los chats que se cruzó ese día con Cristina Lombana tras la reunión que tuvo con Tejeiro, acompañado del magistrado César Reyes. “Tenemos que hablar largo y tendido para decirte que si te sigues arropando con (César) Reyes, vas a terminar mal”, le escribió Lombana. A lo que Farfán respondió: “Yo no me arropo con nadie, Cristina. Yo solo quiero llevar las cosas en paz con todos, incluida tú”.
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La respuesta de la magistrada fue: “Eso no es verdad, quién te mandó a ir donde Tejeiro a echarle cuento, acompañado de Reyes. Estás es alistando tu presidencia para el año entrante”. Farfán también acusó a Lombana de investigarlo indirectamente, tras la decisión a su favor por parte de la Comisión de Acusación. La razón: a la magistrada Lombana le correspondió indagar una denuncia contra los miembros de esa célula legislativa que cerraron la investigación contra Farfán. De acuerdo con el magistrado, esa indagación resulta “muy sospechosa” y tiene un único fin: “Continuar solapadamente, dentro de ese trámite, la investigación que ya está cerrada a mi favor, signada esta nueva actuación a cargo de Lombana por su falta absoluta de objetividad derivada de los problemas personales que mantiene conmigo. Si actuara con la ponderación y transparencia de un verdadero juez, ello la hubiera impulsado a declararse impedida”.
Para Farfán, su colega Lombana quiere hacerle daño a toda costa y está obsesionada “en mi destrucción como persona y como magistrado”, para lo cual está “aprovechando un caso que sospechosa y aleatoriamente le correspondió por reparto”. La denuncia insiste en que la magistrada lo está investigando “de manera disimulada y ladina”, y cumpliendo la amenaza que le hizo en 2025 cuando le dijo que iba a terminar muy mal. El denunciante también refirió que tras la publicación oficial de la Corte informando la exoneración de Farfán, Lombana ordenó practicar una inspección judicial “que fue realizada con metodología de allanamiento” en la presidencia del alto tribunal. “El allanamiento arbitrario”, dice la denuncia, tenía un claro interés destructivo y “constituye un hecho sin precedentes en el país que un magistrado de la Corte Suprema ordene un allanamiento a la propia corporación a la cual pertenece”.
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De hecho, el 4 de diciembre de 2025 la propia Corte Suprema de Justicia publicó en sus redes sociales un comunicado en el que afirmó que “deplora que se involucre a la corporación” en las diferencias personales de los magistrados de la Sala de Instrucción. Este episodio causó tal revuelo en el Palacio de Justicia en Bogotá que hubo una sala extraordinaria en el alto tribunal para tratar el asunto. Por último, el magistrado Francisco Farfán indicó que “en su afán y obsesión de lesionar mi imagen y mi buen nombre”, Cristina Lombana pidió investigar a sus abogados, Carlos Arturo Gómez Pavajeau y Wilson Cadena, por supuestos conflictos de interés, planteando la existencia de presuntas irregularidades que “solo existen en su mente obsesionada (la de Lombana) por desacreditar a los que no cedemos a sus apetencias y pretensiones inadmisibles”.
El magistrado señala que Lombana tiene un “modus operandi” que concreta en su supuesto proceder arbitrario y que la animadversión en su contra se incrementó en enero pasado, cuando la Sala de Instrucción lo eligió a él, por encima de ella, como presidente, “como consecuencia de su frágil formación jurídica y la falta de respeto sistemático a cada uno de sus miembros”. Farfán la definió como “la magistrada más problemática y deplorable” de la Corte. Es más, el denunciante refirió que Lombana habría cometido múltiples abusos de autoridad al continuar practicando pruebas cuando ya estaba recusada en varias investigaciones, como ocurrió en el expediente por presunto enriquecimiento ilícito en contra del exsenador y exministro Armando Benedetti, así como en la investigación contra miembros de la Comisión de Acusación que indagaban presuntas irregularidades en los topes de la campaña del expresidente Gustavo Petro.
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“La doctora Lombana Velásquez, en su ejercicio y estrategia calculada de persecución, ha proferido providencias que son manifiestamente ilegales”, asegura Farfán, y agregó: “Utilizar la función judicial como arma de ataque contra sus enemigos y contra la casi totalidad de compañeros de Sala ha sido la metodología aplicada por Lombana a través de la arbitrariedad y el abuso de poder”. Para Farfán, su colega lo ha acosado laboralmente, lo ha hostigado y perseguido y ha proferido conductas “ultrajantes, descomedidas, ofensivas y de asedio” y denunció un maltrato laboral inadmisible del que ha sido víctima no solo él, sino los magistrados de la Sala Marco Antonio Rueda y César Reyes, así como la secretaria de esa corporación, Adriana Hernández, y los propios investigadores del CTI y la Policía asignados a la unidad de apoyo investigativo de la Corte.
A pesar de estas actuaciones, ha sido Lombana la que ha denunciado ante el Comité de Convivencia Laboral del alto tribunal a quienes califica como enemigos en la Corte, “configurando una especie de mundo al revés donde la acosadora ofensiva y sistemática se victimiza para justificar sus propias culpas”. En mayo pasado, la revista Semana contó detalles de este proceso y reveló que la secretaria de ese comité le había enviado todos los documentos a la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes, tras fracasar en los intentos de conciliación entre los magistrados. En esa instancia, el representante Jorge Alejandro Ocampo ya avanzaba en las pesquisas, pero el 24 de junio llegó la recusación de la magistrada Lombana. “Los propios comisionados son simultáneamente los investigadores de la recusante (Lombana) y los investigados por irregularidades en ese mismo expediente”, argumentó la magistrada.
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El Espectador se comunicó con el representante Ocampo, quien aseguró que esa recusación de Lombana ya no tiene mérito, pues la Comisión cambió de miembros en la nueva legislatura y solo dos repiten periodo. Este diario se comunicó con la magistrada Lombana, pero no quiso responder las preguntas y señaló que es respetuosa de la justicia y que, por eso, no se pronunciará sobre una investigación en curso. En todo caso, hace pocos días, en relación con otra controversia en la que sus colegas reenviaron una queja en su contra por sus presuntas actuaciones ilegales en el expediente que adelanta contra la senadora Martha Peralta, publicó un video en el que sec, dando a entender que todo se resume en un problema de misoginia. Lejos de esa apreciación están las acusaciones que hoy revela El Espectador sobre las consideraciones que expuso el magistrado Francisco Farfán Molina.
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