Luego de que el pasado 11 de noviembre el presidente Gustavo Petro ordenara a “todos los niveles de la inteligencia de la Fuerza Pública suspender el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”, el mandatario bajó la fuerza de su discurso sobre el tema al día siguiente.
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Por la misma red social (X), Petro señaló que “toda comunicación que garantice que será usada para incautaciones sin menoscabo de derechos humanos y que generará capturas con protección de la vida, sin arriesgar vidas, será usada por la comunidad de inteligencias ya coordinadas por nuestro apoyo, sin menoscabo tampoco de ninguna agencia, incluidas las norteamericanas”.
Ambos mensajes se dan en medio de la crisis diplomática que enfrentan los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Un panorama que se ha complicado por los ataques con misiles contra presuntas “narcolanchas” en aguas del Caribe y del Pacífico por parte del país norteamericano, y que son el centro de esta reciente disputa que podría tener serias implicaciones en materia de inteligencia y lucha contra el narcotráfico. Frente a la posibilidad de suspender la cooperación con agencias internacionales, expertos en seguridad advierten que podría haber repercusiones negativas.
Jorge Mantilla, investigador y experto en seguridad, señaló a este diario que las repercusiones serían “profundas, sobre todo en términos de la construcción de confianza de la comunidad regional de inteligencia. Es evidente que aquí quien más pierde no es Estados Unidos, sino Colombia, justamente por la naturaleza transnacional de las amenazas que enfrenta el país, como la criminalidad organizada, el narcotráfico y la criminalidad ambiental”.
Mantilla resaltó que “al final, lo que más interesa es el aislamiento por el que está transitando Colombia” en materia de inteligencia, algo que viene desde que, en septiembre de 2024, el Grupo Egmont —organismo que a nivel internacional coordina el intercambio de información en materia de inteligencia financiera—, suspendiera al país luego de que el presidente Petro divulgara información confidencial sobre la supuesta compra del software espía Pegasus.
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De acuerdo con el experto, Colombia, desde hace años, se ha caracterizado por el trabajo conjunto en acciones como la Estrategia Multinacional Orión, en la cual 62 países se aliaron para afectar el narcotráfico a nivel mundial, y que “ha permitido incrementar las cifras de incautación en el marco también, por ejemplo, de lo que es Interpol”.
En este punto, Mantilla resaltó que, por ejemplo, Reino Unido tomó una decisión similar de no compartir información con Estados Unidos sobre las operaciones militares en el Caribe. La diferencia, dice el experto, es que lo hizo desde una posición de poder que no tiene Colombia.
“No hay que olvidar que Reino Unido tiene asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que le da poder de veto, y que su relación y alianza con Estados Unidos es mucho más sólida, histórica y establecida también en el marco de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), por lo cual le da la posibilidad a ese país de hablar en igualdad de condiciones con Estados Unidos, cosa que Colombia no está en capacidad de hacer”, señaló.
Por otro lado, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), declaró que será “probable que más países hagan lo que hizo Reino Unido, por una razón, y es que, aunque el gobierno de Donald Trump actualmente es el gobierno legítimamente electo de los Estados Unidos, eventualmente terminará. No se sabe qué va a pasar con el sistema internacional y con el derecho internacional, y lo que está haciendo Estados Unidos en el Caribe puede significar una violación muy compleja al derecho internacional que, para ellos, no es muy importante porque no firman ningún tratado, pero para países firmantes sí puede ser un problema”.
La subdirectora de Pares explicó que, si se realiza una ejecución extrajudicial bombardeando una lancha “por fuera del principio de proporcionalidad, dar inteligencia para eso, si llega en algún momento a una corte internacional, puede ser sumamente problemático ser el país que soporta o que proporciona información al respecto”.
Frente al anuncio de Colombia de condicionar el intercambio de información de inteligencia, Bonilla argumentó que estos problemas serían recíprocos: “la inteligencia norteamericana va a disminuir también cómo comparte y qué información comparte con Colombia, y, sobre todo, que la inteligencia finalmente requiere de una relación de mutua confianza”.
Para la experta, la larga relación de Colombia con Estados Unidos ha sido muy importante, “especialmente con la Policía”, y alertó que en temas de seguridad, “lo que más necesitaríamos es el fortalecimiento de la inteligencia policial”. Bonilla concluyó que la suspensión traería problemas en materia de lucha contra el narcotráfico para el país, pero aclaró que a “Estados Unidos tampoco le conviene perder a Colombia como fuente de información, porque se queda literalmente sin ojos en una zona que para ellos pareciera estar siendo otra vez muy importante”.
El panorama de la crisis diplomática
Desde septiembre de 2025, el país norteamericano ha realizado una serie de operaciones militares en esta zona marítima en las que han muerto más de 70 personas en menos de tres meses. Estas acciones han sido criticadas por organismos de derechos humanos y por el presidente Petro.
En su primera declaración del 11 de noviembre, el mandatario colombiano detalló que la suspensión de comunicaciones con Estados Unidos estaría vigente “mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”.
Ese mensaje alimentó una disputa ya agravada por la descertificación a Colombia en la lucha antidrogas, el pasado 16 de septiembre. Los roces entre el presidente Petro y su homólogo Donald Trump escalaron a tal nivel que el presidente norteamericano señaló a Petro de ser un “líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”, el pasado 19 de octubre.
Después de esa declaración, Gustavo Petro; su esposa Verónica Alcocer; su hijo Nicolás Petro; y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la Lista Clinton el pasado 25 de octubre. Esta lista equivale una sanción económica y bloquea todos los bienes y relaciones en territorio estadounidense y, a nivel internacional, es un daño reputacional por presuntos nexos con el narcotráfico.
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Aunque con su publicación del 12 de noviembre el presidente aseguró que continuarán las comunicaciones de inteligencia con Estados Unidos siempre y cuando se garanticen “capturas con protección de la vida”, la primera orden no dejó de ser controversial en el clima político actual y ante las supuestas fallas de inteligencia de las Fuerzas Militares, denunciados por el propio Petro.
Por ejemplo, durante la alocución del pasado 17 de octubre, en la que pidió la salida del general Carlos Triana de la dirección de la Policía, el jefe de Estado mencionó que “hay unas fallas que creo que tenemos que sobre montar profundamente” y recordó el ataque contra un helicóptero de la Policía que dejó 13 uniformados muertos en Amalfi (Antioquia), el pasado 21 de agosto.
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Por este atentado, atribuido al frente 36 de las disidencias de las Farc perteneciente al Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf), comandado por alias “Calarcá”, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló en entrevista con El Espectador que la inteligencia no pudo detectar el campo minado donde aterrizó la aeronave que participaba en una operación de erradicación de coca.
“Cuando fueron atacados, inmediatamente ordenaron la extracción porque ya la erradicación no era segura. Se movieron a otro lugar, revisaron con el perro antiexplosivos y con el personal antiexplosivo; les dieron luz verde para que aterrizara el helicóptero. Aterrizó y se activó el campo explosivo. No fue posible haberlo detectado”, declaró Sánchez.
La Embajada de Estados Unidos en Colombia —dirigida por John McNamara— ofreció una recompensa de UDS 5 millones (más de COP 18 mil millones) a quien entregue información que permita capturar a los responsables de ese ataque. La investigación de este caso ha avanzado con cooperación entre los dos países. Los expertos advierten que decisiones improvisadas pueden profundizar las grietas en materia diplomática, y al presidente Gustavo Petro condicionar la entrega de esa información de inteligencia, se mantiene la duda sobre el rumbo de esta relación estratégica para combatir el narcotráfico.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Valentina Gutiérrez Restrepo
