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Si ha habido un obstáculo para que las niñas, adolescentes y mujeres del país tengan el acceso a la justicia que sus condiciones exigen, ese ha sido el machismo. Un viejo programa de Pirry lo simboliza muy bien: un hombre arroja a su esposa desde el cuarto piso de un hotel en Yopal y la deja cuadripléjica. La sobreviviente al brutal ataque de su pareja apenas respira. El fiscal del caso, sin embargo, decidió procesar al hombre por “lesiones personales”. Durante años, en este país, la violencia intrafamiliar se consideró un asunto “de puertas para adentro”. Es más bien reciente la tendencia entre los operadores de justicia -algunos, no todos- de replantearse cómo han entendido las violencias que se cometen contra ellas.
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La necesidad de abordar esta problemática de otra manera es el cimiento de la Oficina para la Integración y Articulación del Enfoque de Género, Infancia y Adolescencia, cuya creación que fue anunciada la semana pasada, en el aniversario número 27 de la Fiscalía. Es una iniciativa institucional encabezada por una abogada sensible al tema: Isabel Agatón, una de las promotoras de la Ley Rosa Elvira Cely. “Se trata de transversalizar el enfoque de género como un mecanismo principal para lograr que el acceso de las mujeres a la justicia”, explica Agatón, “que habla de la importancia de judicializar las distintas formas de violencia que existen en contra de las mujeres”, complementa Elizabeth Chaverra.
El propósito de esta oficina, que a la Fiscalía le llevó casi tres décadas establecer, es incidir a través de capacitaciones en los fiscales, investigadores y, tan importante como ellos, los receptores de denuncias. Esos funcionarios a los que las mujeres violentadas llegan, después de su tragedia, con el corazón por el piso y la esperanza de que la justicia tenga, aunque sea, un pequeño gesto de solidaridad y procese a los responsables. “Esperamos ayudar a fortalecer la adecuación punitiva, es decir, ese primer momento en que el fiscal determina cuál es el delito que se va a investigar, para así terminar en una acusación efectiva”, explica Agatón.
“La capacitación a funcionarias y funcionarios con enfoque de género, además de ser una obligación derivada de los tratados internacionales, es una de las principales estrategias institucionales para comprender en qué consiste la violencia contra las mujeres en razón del género, así como sus efectos y repercusiones”, explican Agatón y Chaverra, ambas asesoras de género del vicefiscal general. “Se constituye en un medio para la identificación y superación de los estereotipos de género como uno de los principales obstáculos para el real acceso a la justicia y contribuye al fortalecimiento de la investigación y judicialización de las conductas que atentan contra los derechos de las mujeres y las niñas”.
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Las funcionarias explican que, con estas capacitaciones especializadas, lo que se busca es que quienes atienden a niñas, adolescentes y mujeres comprendan todos los tipos de violencia de los que pueden ser objeto, y que no siempre son tan evidentes como la física: la psicológica, la sexual -mucho más difícil de abordar cuando el perpetrador es la pareja de la víctima, o su padre, o algún otro familiar, como sucede en la mayoría de los casos- o la económica. E identificar también los riesgos que ellas corren, los efectos de esas violencias sobre sus vidas y cuándo son aún más vulnerables: la edad, la raza, las condiciones socioeconómicas y la orientación sexual son todos factores a tener en cuenta.
Con la creación de esta oficina, se van a conformar equipos interdisciplinarios especializados cuyo objetivo principal será trabajar como lentamente se ha empezado a trabajar en la Fiscalía, sobre todo después de que se aprobara la ley del feminicidio en 2015: con enfoque de género. “Se hará a través de estrategias de litigio, impulso a casos, seguimiento a iniciativas legislativas, promoción de espacios de formación e interlocución con otras entidades y organizaciones sociales, entre otras”, explican las funcionarias, quienes cuentan que esta iniciativa se ejecutará de la mano de otras entidades del Estado cuya tarea es la prevención y la sanción: el ICBF, la Policía, el Ministerio de Defensa.
La estrategia, sostienen las funcionarias, se dirige inicialmente a todos los funcionarios que tengan competencia en delitos como trata de personas, lesiones personales, lesiones con químicos, violencia intrafamiliar y feminicidios. Lo que se espera, sobre todo, es que haya un efecto en las decisiones que toman los jueces de la República. “La idea es encontrarnos cada vez más con sentencias género-sensitivas. Es pensar en una jurisdicción especializada en enfoque de género, como existe en otros países”, manifiesta la abogada Agatón, quien insiste en que la intención final es comprometerse al “litigio estratégico con perspectiva de género”. Quizá, por esta vía, la justicia deje de ser tan escurridiza para las mujeres del país.
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