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La magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caterina Heyck Puyana, presentó una denuncia ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para que adelante la extinción de dominio sobre bienes en Colombia que, según ella, habrían contribuido a la economía israelí, y beneficiado la situación en Palestina y la Franja de Gaza.
La denuncia se basa en el informe “De la economía de ocupación a la economía del genocidio”, elaborado por la relatora de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Palestina, Francesca Paola Albanese. En el documento se mencionan dos empresas exportadoras de carbón con personería jurídica y sedes en Colombia: Drummond LTD Colombia y Glencore Colombia.
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Según la magistrada Caterina Heyck en su denuncia, la relatora de Naciones Unidas señaló que estas empresas habrían contribuido a la economía israelí “a sabiendas de: la violación del derecho del pueblo palestino a la libre determinación; la anexión de territorio palestino, el mantenimiento de una ocupación ilegal y, en consecuencia, el delito de agresión y las violaciones de derechos humanos relacionadas; y los delitos de apartheid y genocidio”.
Además, la funcionaria de la JEP aclaró que su denuncia sobre estos presuntos crímenes y su conocimiento sobre el informe de Francesca Paola Albanese no compromete a la entidad en la que participa, ya que su denuncia responde únicamente al cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales, “de radicar la presente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación”.
Asimismo, Heyck recordó que Colombia hace parte de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (CPPCG), adoptada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas tras el Holocausto. En este tratado, los 153 Estados miembros reconocen el genocidio como un crimen internacional y asumen la obligación de prevenirlo y sancionarlo.
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Por estos hechos, la magistrada acudió ante la Fiscalía para solicitar el inicio del proceso de extinción de dominio sobre los bienes en territorio colombiano “que tengan relación directa o indirecta con el genocidio que el Estado de Israel estaría cometiendo contra el pueblo palestino”, asegurando que, como menciona Paola Albanese en el informe, el genocidio en Palestina continua debido a que es “demasiado lucrativo para todos”.
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