El magistrado Héctor Alfonso Carvajal presentó una carta ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, en la que manifestó su inconformidad por la forma en que se ha tramitado la recusación en su contra, en el marco de la discusión de la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro. Razón por la cual no ha podido hacer parte del debate del proyecto.
Esta iniciativa continúa estancada en la alta corte, donde actualmente se estudia una demanda presentada por la senadora Paloma Valencia, que busca evitar que la ley que la aprobó entre en vigencia. La recusación contra el magistrado Carvajal, exabogado del presidente Petro, fue interpuesta por razón de su antigua vinculación con el fondo público de pensiones (Colpensiones).
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En el pasado, el togado fue asesor de la entidad, lo que podría inhabilitarlo para participar en el estudio del caso. Por ello, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, ponente de la demanda contra la reforma, solicitó a Colpensiones las copias de los contratos que haya Carvajal allí, como parte de los detalles a evaluar, antes de resolver la recusación.
La misiva, dirigida principalmente al magistrado Ibáñez, señala que el trámite de la recusación “se trata de una actuación anómala que desconoce reglas mínimas del debido proceso y desatiende principios básicos de las actuaciones estatales, entre ellos, el de buena fe”.
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Carvajal aseguró, además, que en el proceso se han advertido diversas irregularidades, como la interrupción del término de traslado probatorio, la descalificación de una prueba por supuesta falta de requisitos que no habían sido exigidos desde un inicio, la formulación de nuevos requerimientos técnicos sin sustento legal y la imposición de exigencias adicionales en las pruebas solicitadas.
Asimismo, el togado hizo un llamado de atención sobre dos aspectos específicos: “El primero es que el respeto por el buen nombre y la dignidad de los integrantes de esta Sala es un deber de cada uno de nosotros para con la corporación. La segunda preocupación es el rigor que la corte y sus funcionarios deben guardar en el manejo de la información ante los medios de comunicación”.
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Al finalizar su carta, Carvajal solicitó que “se adopte la decisión de la recusación que corresponda y, de esta manera, se proceda con la continuidad del proceso de constitucionalidad que se encuentra suspendido y cuyo pronunciamiento es requerido por el país”.
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