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7 Dec 2022 - 7:57 p. m.

El Golazo: la CIDH estudiará la responsabilidad del Estado por masacre en Apartadó

Ante la ausencia de justicia, la Comisión Interamericana admitió para su estudio la masacre de El Golazo, en 1996, en la cual 10 personas fueron masacradas y utilizadas como mensaje de guerra en el Urabá. Murió un niño que vendía billetes de lotería y a una chancera que trabajaba a dos cuadras de un cuartel de Policía.
El Golazo: la CIDH estudiará la responsabilidad del Estado por masacre en Apartadó
El Golazo: la CIDH estudiará la responsabilidad del Estado por masacre en Apartadó

Hablar de la masare de El Golazo en Apartadó (Antioquia), en 1996, es traer al presente el evento criminal que significó la entrada formal a este municipio del Bloque Bananero de las Autodefensas de Córdoba y el Urabá. Una incursión en barrios marginales que provocó la muerte de 10 personas, algunos de ellos simpatizantes de la Unión Patriótica. Las vidas de los inocentes fueron usadas como un mensaje de guerra: todo sindicalismo y cualquier persona acusada de ser guerrillera sería exterminada en Apartadó, por una maquinaria que habría contado con el músculo financiero de empresas bananeras.

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A pesar de la crudeza del hecho y las circunstancias de control territorial que rodean la masacre, el avance de la justicia ha sido, en síntesis, escaso. Así lo determinó la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), la cual admitió para su estudio un crimen por el cual el sistema de justicia nacional habría hecho poco. Solo hay dos sentencias condenatorias, entre ellas la de Heber Veloza, alias HH, quien, como jefe del Bloque Bananero, aceptó responsabilidad. El líder paramilitar vinculó a empresas bananeras, en una hipótesis que no tiene ningún tipo de desenlace judicial a favor de las víctimas.

La masacre

El 3 de abril de 1996, por la troncal de Urabá, que es una vía nacional, un grupo de más de diez hombres, armados con subametralladoras y fusiles, partieron de Turbo con destino a Apartadó. En una camioneta blanca y dos motocicletas, llegaron al barrio Policarpa de la comuna Bernardo Jaramillo del municipio, donde vivían militantes del partido comunista y de la Unión Patriótica. Quienes estaban en moto se dirigieron al granero “El Pino”, en búsqueda de Héctor Areiza. Como no lo encontraron, asesinaron a su hermano, Gabriel Areiza, con la sevicia de 22 tiros a quemarropa. A 50 metros estaba la base de la Policía y el Ejército que vigilaba una planta electrificadora.

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El segundo grupo de paramilitares se dirigió al billar “El Golazo”. Mientras algunos victimarios bloquearon las entradas, otros dispararon sin distinguir personas dentro del establecimiento. Allí fueron masacrados Abel Areiza, Raúl Úsuga, Antonio Zapata, Lisandro Oviedo, Orlando Campo y Willington Sepúlveda. Sobrevivieron, con heridas de gravedad, Luis Naranjo, Román Vásquez y José Alfonso. Uno de ellos era líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria en Carepa, un municipio cercano en el Urabá.

“Al salir del billar, ultimaron al niño Heiner Mora, quien vendía billetes de lotería al lado del establecimiento. También ejecutaron a la señora Marlene Zapata en la calle, que se dedicaba a vender rifas y cosméticos en la zona. Los peticionarios subrayan que el sitio en que fue asesinada Marlene Zapata estaba ubicado a dos cuadras del cuartel combinado y permanente de la policía y el ejército en la terminal de la electrificadora de Antioquia”, se lee en la decisión de la CIDH. Y, para finalizar, en un establecimiento de venta de licores, los paramilitares asesinaron a una niña de siete años, Nayibe Beltrán, quien solo hacía un mandado en la tienda.

El origen

Cuando alias HH se desmovilizó, en 2005, confesó como llegó al crimen. Hijo de campesinos, explicó que habría realizado trabajos varios por toda Colombia, hasta que se casó en Turbo. Radicado en el Urabá y trabajando como conductor, en 1994 conoció a un desmovilizado del Epl, alias El Flaco, quien le explicó que el mismísmo Carlos Castaño tenía un trabajo para él: dado su conocimiento de la zona, se le ofreció vincularse al grupo armado. ¿La razón? Las autodefensas, constituidas como tal, querían incursionar en el Urabá, tras haber controlado el Magdalena Medio y desplazar centenares de campesinos y ganaderos. Alias HH aceptó, asegurando que conocía los movimientos de “subversivos”, dado que los había transportado.

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“Aunque la retoma de Urabá se amparó en el discurso contrainsurgente, el otro objetivo de Castaño era construir una estructura que unificara y sometiera a los distintos grupos paramilitares que hacían presencia en la zona, con la idea de tener el control absoluto del corredor que conecta al Parque Natural Nudo de Paramillo y Córdoba con el mar Caribe en el golfo de Urabá, y así garantizar el tráfico de cocaína y el comercio ilegal de armas, y ampliar el latifundio con tierras para proyectos agroindustriales y de ganadería extensiva por medio del despojo y el desplazamiento”, explica la Comisión de la Verdad en su Informe Final.

Gran parte del Epl se había desmovilizado antes de la Constituyente de 1991, no obstante, disidentes fueron incorporados al proyecto paramilitar y entregaron toda la información militar al Bloque Bananero. David Antonio López, alias Ratón, fue quien en 1996 avisó a alias HH que en el billar “El Golazo” supuestamente algunos “insurgentes” se reunían para planear acciones en Apartadó. Con esa información, alias HH solicitó permiso a Carlos Castaño para asesinar o capturar a esas personas. No obstante, eran sindicalistas, miembros de la UP e inocentes que estuvieron justo en el lugar de la masacre para esa noche.

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Alrededor de Apartadó, desde hacía décadas, se había construido una gran industria bananera. Según alias HH, como lo recopiló la Comisión, estas empresas habrían contratado seguridad de las autodefensas y buscado frenar las decisiones sindicales del campesinado. “¿La orden cuál era? Prohibir que los obreros de las bananeras hicieran paro. Y así se logró. Antes de eso, había paros que duraban meses (…) la economía bananera estaba quebrada (…). Son casi 100 muertos de sindicalistas en el año 1995. Sin mencionar el 96 y el 97. (...) Así que los verdaderos ganadores de la guerra en el Urabá fueron los magnates de la industria bananera. Todas las fincas bananeras colaboraron: Uniban, Banacol, Chiquita, Dole”, señaló alias HH.

Los procesos penales

Los familiares de víctimas le piden a la CIDH que asuma el asunto y declare la responsabilidad de Colombia por la supuesta omisión de las autoridades y la escases de avance de la justicia. Hasta el momento, se tiene que alias HH fue condenado en el marco de la Ley de Justicia y Paz, y su sentencia fue aumentada en noviembre de 2014 por orden de la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a los demás participantes de la masacre, solo Jesús Albeiro Guisao, alias El Tigre, fue condenado. Entre 1997 y 2014, la Fiscalía ha radicado cinco acusaciones, pero, después de 24 años, ninguna ha llegado a etapa de juicio.

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El Estado señaló que todavía no se han agotado los recursos internos como para pensar en un proceso ante el sistema interamericano. Le argumentó a la CIDH que, para resolver este tipo de conflictos, el Estado cuenta con el mecanismo de la Ley de Justicia y Paz, que permitió a los paramilitares desmovilizarse a partir de 2005. Aseguró que, desde 1996, se han vinculado a la investigación a 16 presuntos miembros de las Autodefensas y que nueve personas esperan el llamado a juicio. Incluso, que habría ocho condenados por la masacre del “El Golazo”.

La CIDH admitió la masacre para estudio, no sin antes precisar que los casos de ocho víctimas no podrán seguir el curso de este expediente particular, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos los cuenta como víctimas en el expediente por persecución a miembros de la UP. Este año la Corte deliberó sobre la responsabilidad de Colombia ante el denunciado “exterminio” del partido político, con supuesta omisión por parte de las autoridades de justicia, y se espera que en los próximos meses haya decisión. Entre tanto, en este expediente por la masacre, sí se evaluarán garantías a favor de las familias de Marlene Zapata, Nayibe Beltrán, Luis Naranjo, Román Vásquez, José Alfonso, Alfonso Borja, Sandi Arrieta e Iván Londoño.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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