“La eliminación de quienes han sido considerados como ‘enemigos’ fue el modo más extendido de hacer la guerra en Colombia”. La frase es de la Comisión de la Verdad, que en su informe sobre el conflicto armado en el país, agregó que se trató de una estrategia de guerra enfocada en “la muerte directa, intencional, debido a la concepción del otro como un enemigo que hay que eliminar por motivos ideológicos o políticos o, simplemente, porque es un obstáculo para lograr el control del grupo armado”. Este 11 de agosto, Miguel Uribe Turbay se sumó a la ya larga lista de asesinatos selectivos que han marcado la historia de la guerra en el país y reabre un capítulo que parecía cerrado: el de los magnicidios.
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El del senador más votado en las últimas elecciones y quien se perfilaba como la ficha más fuerte de la derecha para la carrera a la Casa de Nariño en 2026, apenas tiene dos meses en investigación y ya están presas seis personas. Sin embargo, la Fiscalía todavía tiene la tarea de responder a las preguntas de quién dio la orden o quiénes pagaron para perpetrar el atentado. Dos asuntos que se pregunta todo el país, acostumbrado a que la impunidad reine en este tipo de expedientes judiciales. Los ejemplos son claros: Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro o Álvaro Gómez Hurtado.
Miguel Uribe Turbay se suma a la lista de políticos asesinados en Colombia. Aunque el caso ha ido avanzando y ya hay seis capturados que estarían implicados en el magnicidio, el autor intelectual y quien dio la orden sigue siendo un misterio para las autoridades y se mantiene impune. Sin embargo, el caso del senador del Centro Democrático, aunque es el más reciente, no es el único que sigue sin resolverse. Asesinatos como el de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, entre otros, continúan sin respuestas y sin un cierre para las familias y el país. Así avanzan los distintos magnicidios que han ocurrido en Colombia.
Luis Carlos Galán (1943-1989)
Luis Carlos Galán Sarmiento se perfilaba como el presidente para las elecciones de 1990. Abanderado por el Partido Liberal, avanzaba en una candidatura que iba de frente contra el narcotráfico, que estaba en uno de sus puntos más álgidos en la historia del país. Fue atacado a disparos en el parque principal de Soacha (Cundinamarca), cuando realizaba un acto de su campaña. Aunque no murió en el lugar, falleció la misma noche del 18 de agosto de 1989 en el hospital de Kennedy por la gravedad de sus heridas. En el mismo hecho, murieron su escolta Santiago Cuervo y el concejal Julio César Peñalosa.
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Por este magnicidio fue condenado el exministro de Justicia y exsenador liberal Alberto Santofimio Botero. Al alto funcionario del gobierno de Alfonso López Michelsen se le impusieron 24 años de prisión al encontrarse méritos suficientes de su responsabilidad en el crimen. Uno de los testimonios que más lo hundió fue el del exmiembro del Cartel de Medellín, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, mano derecha de Pablo Escobar, quien lo relacionó directamente con el crimen. Otro de los condenados fue el exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Miguel Maza Márquez. En 2016, la Corte Suprema de Justicia le impuso una pena de 30 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.
El alto tribunal encontró que el militar retirado fue un enlace clave entre los paramilitares —comisionados por Escobar para el crimen— y el Estado. También, se cuestionó que permitió el cambio de los hombres del esquema de seguridad de Galán un mes antes del crimen, y encontró relación entre el sicario Jaime Eduardo Rueda con el DAS, durante su administración. Sin embargo, la justicia nunca logró procesar a los responsables ni a quienes pudieron financiar el atentado contra Galán.
Dentro del caso han sido señalados otros integrantes de la fuerza pública, el extinto DAS, paramilitares, narcos y otros agentes del Estado. Sin embargo, más de un cuarto de siglo después del crimen, no se sabe a ciencia cierta quién o quiénes estuvieron detrás del entramado para asesinar al líder político. Incluso, se mantienen vigentes varias investigaciones y algunas condenas, como la de Maza Márquez, están en una nueva revisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que, en 2023, le dio luz verde a una petición de su abogada para que revisara de nuevo la condena contra el militar retirado.
Bernardo Jaramillo Ossa (1955-1990)
El abogado caldense Bernardo Jaramillo Ossa fue asesinado el 22 de marzo de 1990 en en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando iba a tomar un vuelo hacia Santa Marta para adelantar su campaña presidencial. Era el candidato de la Unión Patriótica (UP) tras el magnicidio de su predecesor, Jaime Pardo Leal, en 1987. Su asesino fue Andrés Arturo Gutiérrez Maya, un joven que trabajaba en una fábrica de tizas para tacos de billar en Medellín (Antioquia). El sicario disparó contra el candidato presidencial con una ametralladora Mini Ingram. Gutiérrez Maya, detenido por las autoridades tras el atentado, murió días después bajo la custodia policial, en circunstancias que nunca se esclarecieron.
Jaramillo Ossa fue trasladado a la clínica de la Policía en la Avenida El Dorado, donde falleció antes de entrar al quirófano. Por este magnicidio, en 2001 fueron condenados los hermanos Fidel y Carlos Castaño a 18 y 22 años de cárcel, respectivamente, pero nunca cumplieron la pena. En 2010, el crimen fue catalogado como de lesa humanidad. En 2018, la Fiscalía llamó a indagatoria a 12 personas por el asesinato del político, de las cuales nueve eran integrantes del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y tres de la Policía. Sin embargo, y a pesar de que el 30 de enero de 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado por el exterminio de la UP, aún no se ha determinado toda la cadena de responsabilidades detrás de la muerte de Jaramillo Ossa.
Carlos Pizarro Leongómez (1951-1990)
Tras su desmovilización de la guerrilla del M-19, Carlos Pizarro Leongómez aspiró a la Presidencia de la República para las elecciones de 1990. Su crimen se dio el 26 de abril de 1990 en medio de un vuelo hacia Barranquilla. “El autor material había comprado 15 tiquetes en vuelos diferentes para rastrear a Pizarro. El día del asesinato se embarcó con una cédula falsa y ocupó el asiento 5C. Apenas el piloto permitió desabrochar cinturones, se levantó, entró al baño y regresó armado disparando contra el líder político”, escribió la Comisión de la Verdad. Los escoltas de Pizarro dispararon contra el sicario Gerardo Gutiérrez Uribe, quien se llevó a la tumba la verdad de quién le dio la orden de atacar a Pizarro.
En 2010, su caso fue declarado como un crimen de lesa humanidad y en 2023, la Fiscalía abrió una investigación formal contra Maza Márquez, a quien se le acusó por, supuestamente, desviar la atención de los verdaderos responsables del magnicidio y por el cambio en el esquema de seguridad del candidato. Solo hasta 2024, la entidad dirigida por Luz Adriana Camargo ordenó la detención y llamó a juicio al coronel en retiro Manuel Antonio González Henríquez, también exdirector del DAS, señalado de haber facilitado el crimen a través de cambios en el esquema de protección del candidato. Aunque se sabe que este fue un crimen perpetrado en alianza entre agentes del Estado y paramilitares, la justicia no ha esclarecido quién dio la orden.
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Álvaro Gómez Hurtado (1919-1995)
El político conservador buscó también llegar a la Presidencia de la República. Fue uno de los más duros críticos del gobierno de Ernesto Samper y participó la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. En la mañana del 2 de noviembre de 1995, fue asesinado junto con sus escoltas en Bogotá. Durante más de 25 años, la Fiscalía adelantó pesquisas para dar con los responsables del asesinato, pero no obtuvo nunca pruebas contundentes que permitieran avanzar en su esclarecimiento. Sin embargo, en octubre de 2020, el secretariado de las extintas Farc reconoció públicamente haberlo asesinado, pero su versión no terminó de convencer a la familia Gómez, quienes aseguran tener evidencia de que en el asesinato participó el crimen organizado, en una alianza con el Estado.
El asesinato de Gómez Hurtado dio paso a que el gobierno de Samper decretara el estado de conmoción interior, que se extendió por ocho meses y marcó la entrada de las fuerzas militares a la lucha frontal contra el narcotráfico. Hace poco menos de un mes, la familia del político asesinado pidió que la competencia del caso no quedara en manos de la Jurisdicción Especial (JEP), sino que fuera quedara en la Fiscalía. Para los Gómez, “en 30 años nunca ha existido evidencia siquiera sumaria o reivindicación alguna de responsabilidad de las Farc en la muerte de Álvaro Gómez”, por lo cual, dijeron, no debería llevarlo a justicia transicional basándose solamente en la confesión de la extinta guerrilla. En esa pelea por quién debe investigar el caso, el expediente se mantiene en la impunidad.
Marcelo Pecci (1976-2022)
El investigador extranjero fue asesinado con tres disparos en una playa privada de Barú en mayo de 2022, cuando estaba de luna de miel con su esposa Claudia Aguilera, quien estaba embarazada. Pecci era conocido como uno de los fiscales paraguayos de mayor trayectoria y le seguía la pista a algunas de las organizaciones de narcotraficantes más peligrosas de la región. En mayo de 2023, la justicia colombiana condenó a 25 años de cárcel a los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos, quienes aceptaron su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas, por ser los encargados de entregar la plata para el atentado en el que fue asesinado el fiscal paraguayo.
En febrero de 2024, Margareth Chacón, pareja de Andrés Pérez, fue condenada a 39 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Según las investigaciones, estuvo al tanto de todas las reuniones en las que se planeó el crimen e, incluso, viajó de Medellín a Cartagena con los sicarios. Tres meses después, fue condenado Francisco Luis Correa Galeano, considerado por las autoridades el coordinador del homicidio de Pecci.
Luego de la negociación, aceptó los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego agravado, y amenazas contra servidor público y se le impusieron seis años y seis meses de prisión. Sin embargo, en enero de este año, fue asesinado en la cárcel La Picota de Bogotá. El hombre estaba negociando con la Fiscalía para obtener una rebaja en su pena a cambio de entregar más información del crimen. Correa Galeano, al parecer, era quien podría entregar detalles de quién dio la orden y qué poderes habrían estado detrás del magnicidio del fiscal.
Miguel Uribe Turbay (1986-2025)
El pasado 7 de junio, Miguel Uribe Turbay recibió tres disparos cuando realizaba una actividad de su campaña presidencial en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá. Una de las balas le impactó en la rodilla y las otras dos en la cabeza. El senador fue trasladado de urgencia a la clínica Fundación Santa Fe; sin embargo, y tras más de dos meses de hospitalización, el precandidato presidencial murió este 11 de agosto a la 1:56 a.m. Su magnicidio también fue ejecutado por un menor de 15 años, quien fue capturado por los escoltas del político a pocas cuadras del lugar de los hechos.
En medio de las investigaciones por el crimen, las autoridades han capturado a seis personas, aparentemente vinculadas con el magnicidio. Entre los detenidos se encuentra Katerine Andrea Martínez Martínez, alias “Gabriela”, quien fue la encargada de entregar el arma al menor. Asimismo, José Élder Arteaga Hernández, conocido con los alias del “Costeño” o “Chipi”, quien sería el autor intelectual del asesinato. A pesar de estas capturas, el director de la Policía Nacional, el general Carlos Fernando Triana, mencionó recientemente que aún quedan dos personas clave por ubicar.
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Por Ana Sofía Montes Peláez
Por Jhordan C. Rodríguez
