Los nueve integrantes del Ejército señalados de participar en la tortura, desaparición y asesinato de un campesino de 27 años fueron enviados a una guarnición militar como medida de aseguramiento. El crimen por el que se les investiga, de acuerdo con la Fiscalía, ocurrió el pasado 7 de octubre en una base militar del municipio de Frontino (Antioquia).
Los uniformados judicializados son el teniente Leider Ortiz Ortiz; el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros; el cabo segundo Cristian David Córdoba Piamba; y los soldados Brayan Estiven Osorio, Miguel Ángel Caicedo Hernández, Alberto Rojo Giraldo, Didian Fernando Ruiz Reyes, Jhon Edwin Quejada Fabra y Neider Oyola Ortiz.
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Un fiscal de la Seccional Antioquia les imputó, según su presunta participación, los delitos de tortura agravada, homicidio agravado y desaparición forzada agravada. Ninguno de los militares aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, la víctima fue retenida en el Batallón de Infantería Pedro Justo Berrío (BIPEB), en la base militar Antorcha, bajo el supuesto de que pertenecía a un grupo armado ilegal. En el lugar habría sido desnudada, golpeada, colgada de un árbol y amarrada durante cinco horas, hasta morir en un baño del establecimiento.
Posteriormente, los militares habrían envuelto el cuerpo en una hamaca, lo trasladaron al helipuerto de la base y lo arrojaron al río El Cerro, según indicó la Fiscalía. Tres semanas después, el cadáver fue hallado por las autoridades y trasladado a Medicina Legal, que determinó que la causa de muerte fue la tortura.
Los hechos fueron denunciados públicamente por el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, el pasado 5 de noviembre. El mandatario precisó que el caso fue reportado el 8 de octubre por un comandante del BIPEB a la Policía de Frontino y que, un día después, se coordinó con la Fiscalía la extracción del pelotón y el inicio de las investigaciones judiciales.
El 29 de octubre, las autoridades confirmaron que el cuerpo encontrado correspondía a Esneider Flórez Manco, un campesino con discapacidad cognitiva. Los nueve militares fueron separados de sus cargos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y de la Justicia Penal Militar, que avanzan en las investigaciones para determinar las responsabilidades individuales.
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