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El ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo cuestionó duramente el proceso de empalme que adelanta el equipo del saliente presidente Gustavo Petro con el del presidente electo Abelardo de la Espriella. Según dijo el jefe de la cartera, no esta seguro si hay garantías para la administración que sale y manifestó que pareciera que lo que se busca es que la administración Petro salga por “la puerta de atrás”.
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En un hilo de X (antes Twitter), el ministro Cuervo dijo que el equipo de De la Espriella ha usado un “tono de intimidación constante”. Además, se refirió a la directiva conjunta que emitieron la Contraloría y la Procuraduría pidiendo al gobierno Petro cumplir con las normas para el empalme y entregar la información completa. El alto funcionario dijo que “un clima de opinión que hace pensar, no en una transición democrática, sino en la salida por la puerta de atrás de una ‘organización criminal en el poder’, me hacen pensar si en realidad el gobierno tiene garantías para rendir cuentas de su gestión”.
El alto funcionario dijo en su publicación que “imagino que el escenario ideal sería que en cada comisión de empalme, afuera estén delegados de la Fiscalía General de la Nación y el CTI listos a hacer efectivas órdenes de captura para todos y cada uno de los ministros y directores de entidades”. Cuervo señaló que ese “es el clima en el que este gobierno se ve avocado a entregar el poder, prescindiendo de la legitimidad democrática con la que fue elegido. En el Ministerio de Justicia ya está lista toda la información que precisa un empalme técnico y transparente, como exige la ley”.
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Aunque señaló que está “a disposición de las autoridades para lo que consideren pertinente. Un demócrata cumple las reglas de juego hasta el final”, dijo que espera “poder desvirtuar la presunción de culpabilidad que nos han endilgado, una idea contraria al Estado de Derecho”. Asimismo, resaltó que “un Comité de empalme, integrado por particulares, no tiene competencias legales de auditoria. Esto solo corresponde a organismos de control, y salvo que estos se sumen al Comité, se trata de una entrega de información oficial, la mayoría de acceso público”.
Dentro de su queja, el ministro de Justicia sostuvo que “es una buena práctica democrática que gobierno entrante y saliente se reúnan a conversar sobre la transmisión del poder. En Colombia es una buena costumbre, pero no es una obligación legal hacerlo. Hacer el informe de Rendición de Cuentas sí es una obligación legal”.
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Sobre el empalme, la Contraloría y la Procuraduría expidieron una directiva conjunta en la que pidieron al gobierno actual entregar toda la información para avanzar de la mejor manera en el proceso. Todo, dicen, para que en medio de la entrega de información no se interrumpa el servicio público y se eviten problemas disciplinarios o fiscales.
Los entes de control resaltaron que “los integrantes del gobierno saliente deben: identificar y dejar constancia de aquellos asuntos que involucren el ejercicio de competencias concurrentes entre distintos niveles de gobierno”. La finalidad, recordaron, es “permitir a la administración entrante conocer el alcance de las obligaciones institucionales en curso, las entidades comprometidas y las medidas que deban mantenerse, ajustarse o articularse para asegurar la continuidad de la gestión pública”.
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