El Gobierno respondió a las denuncias del senador Iván Cepeda contra el presidente Abelardo de la Espriella. El ministro de Justicia y del Interior (e), Iván Cancino, pidió que los señalamientos se presenten ante las autoridades con pruebas y aseguró que el Ejecutivo no teme al control político ni a la justicia.
La reacción se dio a través de un video oficial, luego de que Cepeda anunciara, durante un debate de control político, que presentará una denuncia contra el mandatario ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por el presunto delito de concierto para delinquir. El congresista también anunció que solicitará investigaciones por presunto interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público.
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Cancino sostuvo que durante el debate se hicieron señalamientos que “podrían parecer graves”, pero cuestionó que, según dijo, no estuvieran respaldados por pruebas sólidas que desvirtuaran la presunción de inocencia del presidente. También criticó que se formulen acusaciones a partir de documentos que, a su juicio, no acreditan por sí solos responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales. “El control político es una herramienta fundamental de nuestra democracia, pero no puede convertirse en un escenario para lanzar acusaciones sin demostrar y fundamentarlas”, dijo el ministro.
Cancino se refirió a los organigramas, las escrituras antiguas y las operaciones empresariales exhibidos durante la sesión. Afirmó que ese tipo de información no sustituye las decisiones judiciales ni las pruebas necesarias para sustentar una denuncia. “No es solamente llegar a exhibir organigramas, escrituras de hace más de una década y operaciones empresariales para construir una narrativa”, afirmó.
El ministro también cuestionó que algunos sectores políticos no hayan exigido explicaciones por presuntos hechos de corrupción, narcotráfico, abusos sexuales, responsabilidad fiscal y vínculos con organizaciones criminales durante el gobierno de Gustavo Petro.
El funcionario insistió en que las denuncias deben ponerse en conocimiento de las entidades competentes y tramitarse con respeto por el debido proceso y el derecho de defensa. Añadió que el Ejecutivo está dispuesto a aportar videos, fotografías, documentos, informes periciales y auditorías relacionados con los casos que ha denunciado.
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“No vamos a quedarnos en insinuaciones”, expresó. También aseguró que el Gobierno entregará a las autoridades la información pertinente para que se determinen eventuales responsabilidades. “Bienvenidas todas las denuncias. Presenten absolutamente todas las que se les ocurran. Eso sí, con pruebas, con evidencias, con respaldo probatorio”, dijo Cancino.
Las denuncias de Iván Cepeda
Durante el debate de control político, el senador presentó folios de matrícula inmobiliaria, escrituras públicas, estados financieros y decisiones judiciales. Según su exposición, esos documentos permitirían identificar una red de relaciones entre capitales presuntamente vinculados al narcotráfico y al paramilitarismo, negocios rurales, operaciones sobre tierras y funcionarios que habrían tenido vínculos laborales con empresas relacionadas con De la Espriella y con el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond.
Cepeda denominó ese entramado “narcorrentismo” y advirtió que las entidades encargadas de recuperar bienes procedentes del narcotráfico y el paramilitarismo, así como de restituir tierras a las víctimas, podrían estar bajo la influencia de personas que anteriormente defendieron, representaron o hicieron negocios con sectores investigados por esos delitos.
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Uno de los puntos centrales de la denuncia es la empresa Dominio De la Espriella, vinculada a la comercialización del ron Defensor. Según el senador, los estados financieros de la compañía registran aportes del entorno familiar y societario de Hugues Rodríguez Fuentes, conocido como alias “Barbie”.
De acuerdo con las cifras divulgadas por Cepeda, la familia de Rodríguez Fuentes y Monte Horeb Group aportaron el 40,8 % de los depósitos de capitalización en 2022 y el 38,1 % en 2023.
El congresista también relacionó esas cifras con la compra de la finca Nueva Jerusalén, ubicada en Becerril, Cesar, que, según expuso, fue adquirida en 2013 a una hermana de alias “Comandante Barbie”. Además, mencionó a Daniel Peñarredonda, exsocio de De la Espriella Lawyers, a quien vinculó con un proceso federal por lavado de activos en Estados Unidos.
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