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8 Mar 2022 - 5:41 p. m.

“Nadie habla de esto hasta el escándalo”: la crisis carcelaria más allá de Mattos

Norberto Hernández, conjuez de la Corte Suprema de Justicia y profesor de la Universidad Javeriana, analiza y propone soluciones al problema carcelario, de nuevo sobre la mesa por el más reciente escándalo que sacude al Inpec: los paseos del empresario Carlos Mattos por la ciudad.

Nicolás Martínez Durán - Pesquisa Javeriana

Carlos Mattos estaba recluido en la cárcel La Picota, pero al parecer se movía libremente por Bogotá.
Carlos Mattos estaba recluido en la cárcel La Picota, pero al parecer se movía libremente por Bogotá.
Foto: Jorge Londoño - José Vargas

El 2 de marzo Noticias Caracol reveló unos videos que mostraron cómo Carlos Mattos, quien por 25 años fue presidente de Hyundai en Colombia y quien está en la cárcel La Picota por sobornar a la justicia, se paseaba como si nada en Bogotá abordo de una camioneta del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Eso llevó a que el presidente, Iván Duque, destituyera inmediatamente al director de la entidad, general Mariano Botero Coy, y al director de la cárcel.

(En contexto: Carlos Mattos acepta pagar cuatro años de prisión y multa de $93 millones)

No es la primera vez que el Inpec, institución encargada del control del sistema carcelario en el país, se ve envuelta en escándalos de corrupción, abuso de poder, trato preferencial a internos VIP y fugas. Algunas voces sugieren que la solución a la crisis penitenciaria es privatizar la entidad —adscrita al Ministerio de Justicia— o incluso acabarla del todo. Sin embargo, en entrevista, Norberto Hernández, conjuez de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, sostiene que el tema no es tan fácil como suena.

Hacinamiento, cambios de dirección por escándalos como el de Mattos, entre otros, complejizan las soluciones. Hernández habló sobre la situación actual del Inpec y los posibles cambios a corto y largo plazo para resolver la crisis del sistema carcelario en Colombia.

(En contexto: De Aida Merlano a Carlos Mattos: fugas y otros escándalos de directores del Inpec)

¿Por qué es tan grave el último escándalo que estalló con el Inpec?

Creo que se dio a conocer un secreto a voces de cuestiones que se dificultan en la administración del sistema penitenciario. Hay varios privilegios que se han implementado a favor de algunas personas que están privadas de la libertad, pero nadie habla de esto hasta que sale el escándalo.

Cuando son personas que tienen cierto poder adquisitivo de dinero, las condiciones del sistema carcelario no las golpean tan duro como a las demás. Con eso se ve que la justicia solamente aplica para las personas de menos recursos económicos, que son quienes mayoritariamente están privados de la libertad. La cuestión es que la lesión de derechos fundamentales generalizada que hay de la población privada de la libertad es mucho más grave que este simple escándalo.

¿Qué implicaciones tiene la destitución del director del Inpec? ¿Esto no debería afectar también al ministro de Justicia?

Aunque algunos defienden que se trataba de un general impecable en su hoja de vida, sí hay responsabilidades políticas que no podemos omitir en esta clase de comportamientos. Esas responsabilidades políticas no solamente llegan a las direcciones de los establecimientos carcelarios, a las del instituto, sino también a quien está a cargo del Inpec, que es el Ministerio de Justicia.

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Desde hace años vienen cambiando a los directores del Inpec por escándalos como este, ¿realmente es una solución a la crisis penitenciaria?

Sí es importante que se asuman responsabilidades políticas en esta clase de cargos, pero yo no creo que solucionen nada. Creo que, para empezar, hay que pensar en alternativas diferenciadas de quiénes deben ser directores del Inpec y quiénes tienen que ser directores de los establecimientos carcelarios.

Existe la costumbre de que quienes han ejercido cargos en la fuerza pública, van a poder hacer esta misma dirección, y creo que no ha sido la más afortunada. La represión, que está también implícita en la formación militar de algunas de esas personas, no ha funcionado bien para administrar los establecimientos penitenciarios y carcelarios. Más bien, debería intentarse otra clase de especialidades: personas con un enfoque más humanista, que entiendan el sistema no simplemente como represión, sino dentro de un contexto más amplio que podría generar una mejor solución al sistema carcelario.

¿El Inpec debería dejar de existir?

En esta urgencia, por apaciguar las aguas turbulentas, algunos proponen la liquidación del Inpec. Yo creo que eso es errado. Debe haber un órgano que administre el sistema penitenciario y carcelario y, como ya mencioné, poner directivos con perfiles diferentes a los que siempre ha habido.

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Por otra parte, la propuesta de privatizar la institución, que parece también una respuesta fácil a la crisis carcelaria, desconoce investigaciones en contextos como el norteamericano que muestran que, en la medida que haya una administración privada, el negocio se ve mucho más atractivo y entonces van a querer muchas más cárceles.

La solución a todo esto defintivamente no está ahí; por el contrario, hay que pensar en otras medidas de prevención de los delitos, buscar educación, oportunidades, inversión social y no pensar que con encarcelar a las personas solucionamos esta problemática que es mucho más honda de lo que pensamos.

O sea, ¿la crisis carcelaria va más allá del Inpec?

Sí, y creo que además tiene que ver lo que ha dicho la Corte Constitucional sobre la violación sistemática, masiva y generalizada de derechos fundamentales. Esto no depende solamente del Inpec, no depende solamente del Ministerio de Justicia, sino de muchos actores que participan en el sistema penitenciario y carcelario.

Tenemos que ser críticos también con el sistema penal, porque ese es el primer eslabón de generación de delitos y de las penas que se implementan con base en eso. Si seguimos con el uso desmedido del derecho penal, va a ser imposible encarcelar a todas las personas que terminan cometiendo estos comportamientos considerados como delitos.

Y entonces, ¿cuáles podrían ser las soluciones reales a ese problema?

Una primera solución, de alguna forma, está en marcha por una invitación de la Corte Constitucional: pensar en hacer mejores análisis criminológicos y de política penal para que se deje de legislar por populismo punitivo. Por supuesto, subir las penas genera una atracción en los votantes. Pero realmente no soluciona la crisis de la seguridad ciudadana, de la convivencia.

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La segunda sería ampliar un poco más, en materia de judicialización, las garantías que pueden tener las personas que llegan al sistema para que no consideremos que el sistema penal únicamente se encarga de condenar. Pensar, por ejemplo, que no todo tiene que ser detención preventiva.

Y una tercera solución sería contar con una especie de certificado de disponibilidad carcelaria que les indique a las autoridades la capacidad de cada cárcel para recibir nuevos internos. En España, por ejemplo, tienen cierto hacinamiento, pero ese certificado de disponibilidad carcelaria lo ha reducido considerablemente.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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