Desde 2019, las autoridades le siguen la pista al escándalo por supuestos dineros irregulares en la campaña que llevó a la elección del presidente Iván Duque. La denominada ñeñepolítica, por el supuesto involucramiento ilegal del ganadero y señalado narcotraficante José Guillermo Ñeñe Hernández, tiene pocos avances en dos años, a pesar de su gravedad y de que lo llevan distintos entes de control e investigativos. Por las interceptaciones que develaron este posible entramado hay indagaciones en la Corte Suprema, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la Fiscalía y ante autoridades electorales.
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En el último trimestre de 2021, la investigación recibió dos estocadas: el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Comisión de Acusación de la Cámara archivaron las pesquisas contra el presidente Duque. Ninguna fue una decisión unánime. En el caso del CNE, algunos magistrados salvaron el voto, al considerar que habría indicios de triangulación de dineros calientes hacia la campaña presidencial. Y, de hecho, la corporación sigue investigando al partido Centro Democrático en un proceso administrativo. Mientras tanto, en el Congreso, doce representantes vencieron a los dos que querían mantener la investigación abierta.
Se trata de Mauricio Toro y Wilmer Leal, del Partido Verde. Ambos se opusieron a la metodología de investigación del representante Óscar Villamizar, también del Centro Democrático y autor de la ponencia que hundió la investigación contra Duque. Según Toro, la Comisión de Acusación se centró en entrevistar a personas involucradas que no iban a aceptar nada en contra de Duque. “Usted pide que le demos ejemplo de lo que pudieran hacer. Hay una grabación grave en la que hablan de millones por debajo de la mesa. ¿Revisaron la cantidad de publicidad que hubo en la costa? ¿Cotejaron con los gastos oficiales de campaña?”, se preguntó Toro.
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El representante se refiere a las interceptaciones que originaron al escándalo de la ñeñepolítica, en 2019. Se trata de un audio de marzo de 2018, cuando las autoridades interceptaban el teléfono del Ñeñe y entró una llamada de María Claudia Caya Daza, asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo del exsenador Álvaro Uribe. Cuando hablan de la campaña presidencial de Duque, se escucha a Hernández decir: “Pasar plata por debajo de la mesa”. Las interceptaciones fueron legales y se hicieron en el marco de una investigación por el homicidio de Óscar Rodríguez, adjudicado a la estructura de Marquitos Figueroa, socio del Ñeñe Hernández.
Donde más se ha movido el caso es en la Corte Suprema. La Sala de Instrucción abrió una indagación contra el exsenador Uribe por denuncias del periodista Gonzalo Guillén y el abogado Daniel Mendoza tras conocer las interceptaciones. Según ambos, las grabaciones vincularían a Uribe con la supuesta compra de votos en el Caribe para las elecciones de 2018. Aunque un puñado de los procesos que había en contra del líder del Centro Democrático pasaron a la Fiscalía tras su renuncia al Senado, este proceso se quedó en el alto tribunal y está en estudio en el despacho del magistrado Misael Rodríguez.
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Si bien desde entonces solo se ha conocido una orden de práctica de pruebas, el despacho ha recabado más evidencias para esclarecer qué ocurrió. En la primera tanda de pruebas que se adelantó en 2019, el magistrado Rodríguez pidió información y ordenó recabar bases de datos de distintas entidades, entre las que se encuentran la Fiscalía General y Migración Colombia. El alto tribunal también buscó el testimonio del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; el de la congresista María del Rosario Guerra de la Espriella, así como el de María Claudia Daza.
La Corte, además, llamó a rendir testimonio a Guillermo Botero, exministro de Defensa, al ganadero Aristides Hernández y a Luigi Echeverri, miembro de la junta directiva de Ecopetrol y gerente de la campaña de Duque. Las personas mencionadas, según la investigación, de cierto modo tuvieron algún vínculo con el Ñeñe Hernández. En fotografías de redes sociales el fallecido ganadero posaba al lado de Duque y de generales de la fuerza pública, como Jorge Jerez, excomandante de la Segunda División del Ejército, y Ricardo Londoño, exdirector de la Policía Antinarcóticos.
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La Corte, además, dijo que la Fiscalía debía entregar información sobre las investigaciones que pesaban contra el Ñeñe. Para ello, pidieron verificar si antes de su muerte en Brasil, en 2019, tenía órdenes de captura, si tenía prontuario judicial o algún nexo con el narcotráfico. En cuanto al exsenador Uribe, además, de la indagación preliminar en su contra, la Corte ordenó tomar como prueba los tuits en los que haya sido mencionado junto al Ñeñe Hernández. Sin embargo, a la fecha no hay una decisión de fondo de la Sala de Instrucción y Uribe siempre ha negado cualquier acto ilegal.
En la Fiscalía el caso ha estado más varado. Al fiscal general Francisco Barbosa le pidieron que se apartara del caso por su cercanía con el presidente Iván Duque. Dejusticia, Transparencia por Colombia y el abogado Miguel del Río presentaron recusaciones aduciendo que debía mantenerse al margen de la investigación. Las tres fueron negadas y, de hecho, en su administración no se ha avanzado mucho; en cambio, los policías que interceptaron al Ñeñe Hernández terminaron vinculados a un proceso penal tras destapar el escándalo, supuestamente por “chuzar” a algunos de sus compañeros.
Son el patrullero Wadith Velásquez y el mayor de la Policía Jefferson Tocarruncho. Finalmente, ambos quedaron en libertad en agosto de 2021, pues la Corte Suprema concluyó que les vulneraron el derecho al debido proceso. Así las cosas, mientras el país se sumerge en una nueva contienda electoral en 2022, la justicia aún no esclarece las alertas de posibles irregularidades en las elecciones de 2018.