En la mañana de este martes 13 de octubre, el registrador nacional, Hernán Penagos, se refirió a la tutela que interpuso hace un par de días en contra del expresidente Gustavo Petro, relacionada con las declaraciones del exjefe de Estado sobre un posible fraude en las pasadas elecciones presidenciales. El funcionario expresó que el buen nombre de la Registraduría está en manos de la justicia.
"El proceso colombiano es manual. El conteo de votos y el escrutinio se realizan con las actas manuales. Las comisiones escrutadoras, 9.300 jueces de la República y el Consejo Nacional Electoral realizaron el escrutinio y declararon quién es el presidente de nuestro país. Por tanto, no hay ninguna duda frente a cómo se gestionó el proceso electoral o cómo se llevaron a cabo las elecciones y así lo certificó toda la observación internacional", dijo el registrador Penagos.
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En la tutela interpuesta ante el Consejo de Estado, como lo contó en su momento El Espectador, el registrador Penagos sostiene que el expresidente Petro habría usado el poder de la Presidencia de la República durante los últimos meses en los que estuvo en su cargo, con el objetivo de construir una narrativa sobre un presunto fraude electoral, desacreditando a quienes organizaron las elecciones y erosionando la confianza de la ciudadanía en el voto y en las instituciones.
La tutela del registrador Penagos en contra del expresidente sostiene, entre otras cosas, que "la imputación (de Petro) no solo atribuye hechos que no ocurrieron: atribuye poderes que no existen". Entre ellos, por ejemplo, el supuesto poder de la Registraduría sobre los resultados electorales. "El Registrador no cuenta votos ni declara resultados", dice la tutela contra el expresidente, que fue aceptada para estudio por el despacho del magistrado Nicolás Yepes Corrales.
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En esa línea, el registrador Penagos señaló que el principal objetivo de ese recurso es defender la transparencia de la Registraduría en las elecciones presidenciales. "Lo que hemos hecho es pedir que se proteja el buen nombre de la Registraduría Nacional, en vista de que el proceso electoral colombiano transcurrió de manera transparente", dijo el funcionario.
Agregó que ahora la tarea es del Consejo de Estado, que tendrá que revisar el recurso: "Frente a eso no tenemos nada más que decir, sino que los jueces de la República se pronuncien frente a una realidad que está absolutamente clara y que ha sido evidenciada no solamente por observadores internacionales, sino por todos los órganos de control de Colombia".
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La declaración del registrador se dio al inicio de una sesión técnica convocada por la Corte Constitucional en la ciudad de Riohacha (La Guajira), donde se evalúa el cumplimiento de las medidas urgentes ordenadas por el alto tribunal para proteger los derechos de niñas y niños wayuu. Esto, en el marco de la sentencia de 2017 que declaró el estado de cosas inconstitucional por la falta de acceso a los derechos fundamentales a la salud, el agua potable y la alimentación.
La Corte Constitucional ordenó, entre otras cosas, que la Registraduría avance en el desarrollo de jornadas de identificación y registro civil de niñas, niños y adolescentes wayuu que viven en el asentamiento de La Pista, en jurisdicción del municipio de Maicao. Esto, teniendo en cuenta que las revisiones más recientes que ha hecho el alto tribunal al cumplimiento de las órdenes de su sentencia de 2017 dan cuenta de que, nueve años después, el Estado no tiene certeza de cuántos son los niños wayuu a los que debe proteger.
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En ese contexto, el registrador Penagos señaló que la entidad ya está avanzando en las jornadas de identificación y registro en La Pista, que es el asentamiento migratorio más grande de América Latina. "Para poder acceder a los derechos fundamentales, lo primero que debe tener un niño es estar identificado. Por eso estamos haciendo jornadas de identificación en Alta Guajira", explicó el funcionario.
También expuso que, para cumplir con las órdenes de la Corte Constitucional y garantizar el acceso a los derechos del pueblo Wayuu, la entidad creó una sede en el centro poblado de Nazareth (Uribia), en el extremo norte de La Guajira. "Hemos realizado más de 7.000 registros de niños y niñas. Seguimos avanzando, creando registradurías, acompañando con población. Colombia tiene que avanzar a que toda la ciudadanía tenga un registro civil, una tarjeta de identidad, una cédula de ciudadanía, porque el derecho a la identificación es el principal y el que da acceso a los demás derechos fundamentales", concluyó el registrador Penagos.
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