“¿No les da vergüenza masacrar indígenas y campesinos?”: las voces de víctimas del Ejército

Los disparos que segaron la vida de Yajaira Nieves Oñate resonaron en los oídos de su hija, Chely Nieves Oñate. Tenía cinco años cuando su madre, que estaba embarazada, fue asesinada por hombres del Ejército. Vivían en el municipio de El Molino, al sur de La Guajira. Un pueblo sitiado por la confrontación entre la antigua guerrilla de las Farc y el Estado. El 7 de marzo de 2006, Yajaira estaba en su casa junto a Chely y sus otros dos hijos, Alison Alberto y Betsy Cristina. La última, de apenas dos años, resultó herida en uno de sus pies por el impacto de una bala de los uniformados. Han pasado 20 años del crimen y el dolor sigue haciendo mella en la memoria y el corazón de la familia, que ahora ve cara a cara a los asesinos de su madre.

“A los comparecientes quiero decirles que apagaron sueños, que dejaron vidas suspendidas en el vacío. Quiero que nos miren a todas las víctimas a las que nos causaron daños en todas las dimensiones: la personal, la familiar, la colectiva y a nuestro territorio. ¿No les da vergüenza a ustedes que lo que hicieron fue masacrar a indígenas y campesinos?”, expresó Chely Nieves durante la más reciente audiencia de reconocimiento de responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), adelantada en Valledupar (Cesar). Allí, 25 exmilitares, entre ellos tres generales de la República, fueron llamados a reconocer responsabilidad en graves crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 2002 y 2008.

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A ese punto llegaron luego de que la justicia transicional investigara durante años la forma en la que se extendió la política criminal de las ejecuciones extrajudiciales. Este nuevo llamado a reconocer responsabilidad ante la JEP hace parte del Subcaso Costa Caribe del caso 03, que aborda los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados falsamente como bajas en combate. Se trata de la segunda fase de un copioso expediente sobre el cual la JEP ya ha emitido dos sentencias. Una en septiembre de 2025, contra 12 exmilitares del Batallón La Popa, de Valledupar, por 135 casos de falsos positivos. Y otra contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, excomandante de esa unidad militar, por 72 ejecuciones extrajudiciales.

Para llamar a reconocer responsabilidad a estos 25 exmilitares, la JEP encontró que entre enero de 2002 y diciembre de 2008, en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, cometieron 605 asesinatos y desapariciones forzadas. La violencia con la que actuó el Ejército allí golpeó de forma particular a los pueblos étnicos y a la población protegida. Según la instancia creada con el Acuerdo de Paz del 2016, los militares asesinaron a 31 indígenas de los pueblos wiwa, wayú y kankuamo, 26 menores de edad y 14 mujeres. Una de ellas era Yajaira Nieves Oñate, quien era indígena wiwa, tenía siete meses de embarazo y murió junto al bebé que llevaba en su vientre.

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“Mi madre era una mujer muy alegre, bailadora y de temperamento fuerte. Muy atenta a las necesidades de su madre y de sus hijos. Trabajadora, mamá de tres hijos y que estaba en embarazo. Lo que ustedes nos hicieron vivir en carne propia no tiene nombre. Nuestra vida fue interrumpida y quebrantada de muchas formas”, expresó Chely Nieves Oñate durante la audiencia de reconocimiento. El crimen de su madre hizo que su vida y la de sus hermanos se convirtiera en un calvario de necesidades. “A mis cinco años tuve que aprender a trabajar. No supe qué era el amor, un abrazo, un beso, una bendición o un aguinaldo. No supimos por qué la fuerza pública nos arrebató a nuestra madre tan cruelmente”, expresó.

Chely Nieves tuvo que aprender a levantarse todos los días a las 4:30 de la mañana, sin que el sol aún despuntara. Se montaba en un burro junto a su tío, que tenía solo diez años, para ir hasta el pie de un cerro a recoger un litro de leche que era el único sustento de sus tres hermanos, sus dos primos y su abuela. A las 6:00 de la mañana estaba de regreso, se alistaba y se iba para la escuela. En la tarde, tras salir de clases, tenía que seguir trabajando para ayudar a su abuela a conseguir cómo sobrevivir. “No es bonito estar aquí parado, porque todo lo que nosotros vivimos fue por culpa de ustedes, que estaban para cuidarnos, no para maltratarnos, humillarnos ni decir, después de matar a Yajaira, que era una guerrillera”, expresó.

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En efecto, lo que ha encontrado la JEP es que, para inflar los resultados, el Ejército asesinó a miles de inocentes en todo el país. En el caso particular del Caribe, la investigación señala que hubo presión por presentar bajas en combate mediante exigencias de resultados y sanciones para quienes no los alcanzaran; incentivos y recompensas, como ascensos, permisos, premios y condecoraciones; y prácticas de encubrimiento, dirigidas a ocultar la ilegalidad de los hechos, frenar controles y desacreditar denuncias mediante la narrativa de una supuesta “guerra jurídica”. En algunos casos, las víctimas fueron señaladas como integrantes o colaboradoras de la guerrilla. En otros, engañaban a personas vulnerables para asesinarlas.

Uno de los comparecientes que confirmó durante la audiencia la forma en la que operó el Ejército en el Caribe fue el mayor (r) Julio César Parga Rivas. “Durante el tiempo en el que tuve la autoridad para impartir órdenes, distribuir funciones, evaluar resultados y orientar la conducta de mis subordinados, la utilicé para organizar un sistema criminal dirigido a producir ejecuciones extrajudiciales, presentarlas como números y resultados operacionales legítimos”, expresó el exmilitar. Y agregó: “No fui solo un observador distante. Estos hechos no ocurrieron a mis espaldas ni fueron actuaciones aisladas de algunos integrantes. Yo impulsé el sistema. Yo exigí los resultados”.

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Pese al reconocimiento durante la audiencia —en la que participan los magistrados Óscar Parra Vera, José Miller Hormiga Sánchez y Claudia Rocío Saldaña Montoya—, las grietas que abrió la guerra en las comunidades de Caribe y cada una de las familias afectadas aún requieren justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Chely Nieves Oñate le pidió directamente al exmilitar Julio César Parga Rivas que sea sincero sobre el crimen de su madre: “Si van a aportar, digan la verdad (...) Quiero que me digan qué les hizo Yajaira a ustedes, qué le hicieron mis hermanos para causarnos tanto daño (...) Ahí les dejo esto, señores, para que nos digan qué les hicimos, porque tengo que llevarles respuestas a mis familiares”.

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