Oneida Pinto es llamada otra vez a juicio disciplinario por contrato de $20.000 millones

Oneida Pinto es investigada por la Procuraduría por irregularidades en un contrato de más de $20.000 millones. / Archivo El Espectador

Nuevamente la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, prófuga de la justicia y supuesta ficha de Francisco Kiko Gómez, es llamada por la Procuraduría a juicio disciplinario. La otrora gobernante departamental, impulsada por Cambio Radical en las elecciones de 2015, es señalada como posible responsable de las irregularidades en un contrato por más de $20.000 millones destinado a la implementación de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el sector educativo de La Guajira.

(Puede ver: A Oneida Pinto le abrieron investigación formal por un contrato de adoquines)

Según la Procuraduría, Pinto estaría vinculada a posibles faltas disciplinarias en un contrato firmado entre la gobernación y la empresa Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia. Para el ente de control, existen indicios que indicarían un desconocimiento de los “principios de transparencia y de responsabilidad de la contratación estatal”, ya que en el proceso se habrían impuesto condiciones restrictivas que, posiblemente, favorecieron al ganador de la licitación.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, estas condiciones restrictivas, que no eran acordes del objeto a contratar, habrían ocasionado que en la licitación solo concurriera un proponente. Este hecho, además de ir contra de la libre competencia, habría causado un posible detrimento al erario ya que no hubo posibilidad de comparar ofertas y “elegir la más favorable”.

::Formulan pliego de cargos contra Oneida Pinto::

Por estos hechos también fueron llamados a juicio varios miembros de la administración local durante el mandato de Pinto: Bely Géneco, exsecretaria de Educación; Gilbert Meza Cerchar, exdirector Operativo; y Gerardo Cujia Mendoza, profesional universitario de la administración departamental. Los cuatro -Oneida y sus funcionarios- están siendo investigados por una falta que, hasta el momento, la Procuraduría calificó como gravísima.

Hace un año, Pinto fue llamada por lel Ministerio Público a juicio disciplinario por los mismos hechos, sin embargo, en esa ocasión, la acción fue declarada nula por un recurso presentado por los vinculados al proceso. Los líos de la exgobernadora por presunta corrupción son varios. Hace tan solo unas semanas, la Fiscalía le imputó cargos por supuestamente firmar contratos de infraestructura sin cumplir requisitos legales.

::Exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, tiene nueva orden de captura::

Los contratos cuestionados tenían como fin "adoquinar varias vías de Albania, La Guajira" y suman un valor de $12.590 millones. Sin embargo, según la Fiscalía, solo se habrían llevado a cabo el 70% de las obras y el contrato había beneficiado a familiares de Pinto. Por estos, hechos, el ente acusador le imputó los cargos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.

Los contratos fueron firmados el 6 agosto de 2010 y del 10 de marzo de 2011, cuando Pinto todavía era alcaldesa de Albania, La Guajira, y fueron entregados a Fundasec, contratista que fue elegido por su "vasta experiencia en contratación de obras civiles". Sin embargo, según la Fiscalía, la ejecución como tal de la obra habría quedado en manos de Adolfo Carrillo, primo de la exgobernadora. Así mismo, habría sido Pinto la responsable de aceptar o rechazar la hoja de vida de las personas vinculadas al caso.

::La ausencia de Oneida Pinto::

El 18 de junio de este año, Oneida Pinto estuvo presente en la audiencia en la que le imputaron cargos por estos hechos. Sin embargo, cuando la Fiscalía pidió la medida de aseguramiento, ella aprovechó un receso otorgado por el juez al mediodía para escabullirse. Desde entonces no se sabe su paradero y se encuentra prófuga de la justicia. El juez concedió la orden de captura ya que consideró que existía el riesgo de que la exgobernadora no cumpliera con los requerimientos de la justicia y pudiera entorpecer las investigaciones.