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El Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó falló a favor en una tutela presentada por la Defensoría del Pueblo, con la cual se busca proteger los derechos fundamentales de los resguardos indígenas El Doce–Quebrada Borbollón, La Puria, El Dieciocho, Río La Playa y El Fiera. Todos ubicados en la zona rural del municipio de El Carmen de Atrato (Chocó).
Según la Defensoría del Pueblo, estas comunidades enfrentan una grave situación de confinamiento desde comienzos de 2025, debido a la escalada de violencia provocada por la intensificación del conflicto armado entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que hacen presencia en la zona.
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Concretamente, la Defensoría sostuvo que los enfrentamientos están vulnerando los derechos de estas comunidades a la vida, dignidad humana, alimentación, subsistencia mínima, integridad personal, libertad de circulación, salud, a la resistencia, educación y protección.
El fallo obliga a la Gobernación del Chocó y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) a adelantar “gestiones en el componente asistencial, especialmente en materia de alimentación y servicios de salud, con el fin de brindar atención humanitaria a 25 comunidades de los cinco resguardos (682 familias, equivalentes a 2.334 personas), pertenecientes al pueblo Emberá Katío”.
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El conflicto entre grupos armados les ha impedido una libre movilización por su territorio, lo que ha afectado sus actividades diarias. Además, la Defensoría señaló que debido a esto “ha habido desintegración familiar, crecimiento de la vulnerabilidad de la población, particularmente en niñas, niños, adolescentes (NNA), adultos mayores y mujeres madres cabeza de hogar".
Asimismo, el juzgado ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) adoptar medidas que garanticen la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, “teniendo en cuenta que algunos núcleos familiares manifestaron su intención de desplazarse hacia Medellín, capital de Antioquia, por temor a enfrentamientos o al reclutamiento forzado de sus hijas e hijos”.
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En cuanto al Ejército Nacional, la decisión judicial le ordena brindar protección a las comunidades indígenas afectadas, así como acompañarlas y prestar apoyo logístico a las demás entidades durante el proceso humanitario.
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