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En la mañana de este jueves 23 de julio, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín decretó medidas cautelares sobre el Parqueadero Padilla. Allí fue donde, según las investigaciones de las autoridades, funcionó la sede de operaciones contables de los paramilitares en la capital antioqueña.
Según la información entregada por el ente investigador, a solicitud de la Fiscalía se ordenó el embargo, secuestro y suspensión del poder sobre 18 inmuebles ubicados en el centro de Medellín, que habían conformado el Parqueadero Padilla y luego fueron divididos. Estas propiedades están avaluadas en COP 18.000 millones y ahora estarán en manos del Estado.
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Fue en ese lugar donde el 30 de abril de 1998 las autoridades adelantaron un allanamiento porque tenían pistas de que allí, al parecer, se fabricaban uniformes para dotar a estructuras paramilitares. Lo que los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía encontraron allí fue mucho mayor: se trataba de un centro de operaciones de las autodefensas.
Las autoridades encontraron en ese allanamiento documentos, registros contables y equipos informáticos que daban cuenta de que allí lo que funcionaba era en realidad el centro financiero y logístico de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). La persona detrás era Jacinto Alberto Soto Toro, alias “Lucas”, quien luego fue condenado a 40 años de prisión.
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Las investigaciones en contra de alias “Lucas” demostraron que este hombre era cercano a los hermanos Fidel y Vicente Castaño Gil, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Era considerado como el cerebro financiero de los paramilitares y fue hallado responsable de los asesinatos de Manuel Guillermo López Umaña, John Jairo Ruiz y Luis Fernando González, funcionarios del CTI que investigaban el paramilitarismo en Antioquia.
Según la Comisión de la Verdad, en el Parqueadero Padilla “se coordinaban diversas labores logísticas en apoyo a varias estructuras ligadas a esa organización paramilitar”. La información encontrada por las autoridades en su allanamiento le permitió a la Fiscalía mapear cómo operaban los grupos de autodefensas en Antioquia, Córdoba, Chocó y los Llanos Orientales.
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“El hallazgo de libros contables y de 70 diskettes que almacenaban transacciones en cheques y en efectivo realizadas desde 1994 era de gran importancia porque, por primera vez, las autoridades estaban cerca de desentrañar las redes de apoyo económico de la organización paramilitar que venía en proceso de expansión a sangre y fuego en varias regiones del país y de cómo estaban conformadas, quiénes eran sus principales jefes regionales”, señala la Comisión de la Verdad en uno de sus informes.
La Fiscalía también ordenó en ese momento congelar 41 cuentas en distintas entidades bancarias que, al parecer, estaban vinculadas a los registros contables del Parqueadero Padilla y a la financiación de los paramilitares. Esos hallazgos, según la Comisión de la Verdad, pusieron en evidencia la forma en la que las autodefensas buscaban cómo fortalecerse de manera simultánea en lo armado y en lo económico para mantener su poder criminal.
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“El surgimiento, transformación y consolidación del proyecto contrainsurgente que impulsaron las ACCU desde el Urabá antioqueño requirió de un conjunto de estrategias para avanzar hacia diversas regiones del país y constituirse en un actor de la guerra. No solo les bastaba erigirse desde lo militar, también era necesario tener fuertes soportes económicos, legales e ilegales, así como institucionales, que le garantizaran financiamiento e impunidad”, concluye el mencionado informe.
En enero de este año, el caso del Parqueadero Padilla se movió de nuevo cuando la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, decidió que la fiscal 101 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, Luz Samira Rodríguez Rodríguez, no sería más la encargada de imputar cargos al fiscal Álvaro León Polo Hincapié, quien pasó de ser el investigador del caso a estar investigado por presuntamente haber presionado a alias “Lucas” para declarar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y “solucionar” su situación jurídica.
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