La historia del prepensionado que cambió las reglas para miles de trabajadores en Colombia

A los 59 años, Claudio Mauricio Peña Hoyos quedó sin trabajo, con dos hijas en la universidad, una esposa enferma y la sensación de que todo lo construido durante más de dos década de trabajo se le derrumbaba de un día para otro. Lo despidieron cuando estaba a menos de tres años de pensionarse y cuando encontrar empleo se traduce en portazos en la cara solamente por la edad. Durante meses manejó un carro para sobrevivir, redujo su vida a lo mínimo y vivió con el miedo constante de no poder sostener a su familia ni tener la vejez digna por la que trabajó durante años. Esa historia, que es también la preocupación muchos de colombianos, fue el punto de partida de una pelea que, nueve años después, terminó en la Corte Suprema de Justica.

Lo que resolvió el alto tribunal se convirtió en una decisión histórica porque dejó claro que ningún trabajador que esté a tres años o menos de pensionarse, así trabaje en el sector privado o o público, puede ser despedido sin justa causa. Un tatequieto a las empresas que, aprovechando ese lapso de tiempo, despedían a sus empleados para evitar altos costos en las nóminas, por ejemplo, o para evitar cargas presupuestales no previstas. En buena parte, Claudio Mauricio Peña Hoyos es el responsable de este fallo y el camino para llegar a él arrancó en 2017, cuando la empresa Procesos y Canjes S.A., en la que trabajó por 11 años y de la que esperaba salir pensionado, tuvo un cambio en su gerencia.

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Claudio Mauricio Peña Hoyos no era un empleado cualquiera. Es abogado de profesión, graduado de la Universidad Libre de Bogotá, y toda su vida profesional trabajó en bancos de la capital del país. Esa trayectoria lo llevó a la empresa en la que estuvo por más de una década antes de que su vida y la de su familia quedara de cabeza. En esa compañía era el jefe de operaciones y se encargaba de supervisar 18 procesos diferentes relacionados con el canje de documentos financieros, la digitalización masiva y la custodia de archivos sensibles para entidades bancarias y corporativas. A pesar de su experiencia y de la capacidad que tenía para realizar un trabajo tan sensible, fue dejado a la deriva de un día para otro.

Por diferencias con su nuevo jefe, Peña terminó despedido. Ya sumaba más de 1.300 semanas cotizadas y le faltaban menos de tres años para acceder a su pensión. “En ese momento yo tenía a mis dos hijas estudiando en la universidad y además tenía a mi señora cruzando por una enfermedad delicada de los riñones con un tratamiento bastante costoso. Yo le expliqué todo esto a la empresa, pero su respuesta fue que no había problema, que para eso me iban a indemnizar”, relató Peña a El Espectador. Sin embargo, esa compensación prometida no fue suficiente y, en términos prácticos, no le alcanzaba para sostener a su familia hasta que cumpliera con la edad de pensión.

“Yo estaba pagando deudas que tenía con los bancos, las tarjetas y otras obligaciones. Haciendo cuentas, de la liquidación que me dieron solo me quedaron COP 4.000.000. Quedaba totalmente descubierto y era realmente complicado porque tenía que suspender el tratamiento de mi señora y hasta la universidad de mis hijas”, explicó Peña que, pese a sentir que se ahogaba en deudas, trató de encontrar una orilla para sobrevivir. Empezó a tocar puertas para conseguir un nuevo trabajo. Su experiencia de más de tres décadas en el oficio tenía que servirle de algo. Pero una y otra vez, las respuestas fueron portazos. El propio Peña lo dice sin rodeos: “Yo llamé a todo el mundo, pero nada resultó. A los 59 años y medio, encontrar trabajo es imposible”.

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Por eso, y como miles de colombianos, empezó el rebusque. “Me fui quedando sin plata. No tenía con qué pagar la administración de la casa ni qué darles a mis hijas para que pudieran ir a la universidad. En medio de esa angustia, encontré una alternativa: coger el carro y empezar a manejar en Uber. Es bastante complicado y riesgoso, pero fue la única manera de poder subsistir y poder comprar los medicamentos para mi señora”, recordó Peña en entrevista con este diario. En medio de los viajes, de jornadas de trabajo extenuantes para llegar con algo a la casa, siempre mantuvo una certeza: lo que hizo la empresa para la que trabajó durante años había sido una injusticia.

Ese convencimiento se fue convirtiendo en convicción y con ella decidió pelear por lo que consideraba justo. El campo de batalla fue el jurídico y arrancó con una tutela que buscó proteger su estabilidad laboral y su derecho a tener trabajo y comida, pero también para poder responder con las obligaciones familiares. Al menos hasta que pudiera pensionarse. “Ese recurso fue negado en primera instancia, bajo el argumento de que no era procedente porque había otros recursos disponibles para exigir ese reconocimiento. Además, el juzgado explicó que, como a don Mauricio le habían pagado una indemnización, con eso era suficiente para sobrevivir hasta la pensión”, explicó el abogado Felipe Hernández, quien representa a Mauricio.

Tras ese portazo, ahora de la justicia, la estrategia legal se enfocó en buscar la misma protección, pero a través de una demanda ante un juzgado laboral. Los argumentos fueron similares: Mauricio Peña era un prepensionado que no podía ser despedido cuando solo le faltaban tres años para pensionarse y, por esa razón, tenía derecho a la estabilidad laboral reforzada. Es decir, que no podía ser despedido sin justa causa estando tan cerca de acceder a su pensión. Y, de nuevo, otro golpe: el 6 de febrero de 2020, el juzgado negó la demanda porque, según su criterio, esa protección reforzada por la que estaba peleando Peña solo existe para los empleados. Además, porque no tenía nada que pelear en la justicia pues la empresa lo había indemnizado.

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Mauricio Peña y su abogado Felipe Hernández apelaron el fallo y el caso llegó a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. Un mes después, el 5 de marzo de 2020, confirmó la decisión de primera instancia y aclaró que ni siquiera tenía derecho al reintegro en su trabajo. En el entretanto, Mauricio siguió buscando carreras en Uber, sosteniendo a sus dos hijas, mientras su esposa seguía bajo un estricto tratamiento médico. “Tuvimos que cambiar nuestros hábitos de vida totalmente, reducir los mercados al mínimo y ajustarnos para subsistir. Todo por un despido como el que viví, después de tantos años de trabajo y de sacrificio, precisamente para que en esta etapa de la vida, esas angustias sean menores”, agregó Peña.

Aunque iba camino a acostumbrarse a los portazos, Mauricio mantenía la convicción que lo llevó a buscar ayuda en la justicia. Junto a su abogado, se jugó la última carta: presentar el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, esperando que cambiara las decisiones de primera y segunda instancia y les dieran la razón. La historia de Peña llamó la atención de la Sala de Casación Laboral y de Luis Benedicto Herrera Díaz, el magistrado ponente a quien le correspondió el caso. Por fin, luego de nueve años de pelea y de mantener la convicción firme de que lo que le había pasado era una injusticia, el alto tribunal le dio toda la razón a Claudio Mauricio Peña Hoyos.

“En palabras simples, la Corte determinó dos cosas fundamentales. Lo primero, que el fuero de prepensionados sí se aplica a los trabajadores del sector privado. Y segundo, que ese fuero se aplica a todos los trabajadores que les falten menos de tres años para pensionarse, sin importar si tienen o no las semanas mínimas de cotización”, explicó el abogado Hernández. Además de proteger a trabajadores como Mauricio Peña, la Corte Suprema fue más allá y explicó que despedir a una persona que está ad portas de pensionarse “le ocasiona una situación de vulnerabilidad que le impide su participación en la vida cultural, económica y social, condiciones inherentes a la dignidad humana”.

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Aunque la historia de Mauricio Peña abrió la puerta para que el alto tribunal ordenara un cambio histórico para los trabajadores de Colombia, todavía hace falta que esta protección de derechos le aplique a él mismo. Como ya cumplió 62 años, hace poco logró cobrar su pensión, pero no con las garantías que le ofrecía su empresa, sino como un ciudadano desempleado. Por eso, la Corte ordenó revisar el proceso para establecer si los términos de su jubilación deben reajustarse. Aunque ya no le afana el dinero, Mauricio sabe de primera mano que esta decisión de la justicia puede favorecer a muchas personas “que en este momento están viviendo los mismos problemas que yo tuve. Ojalá nadie más tenga que vivir esa angustia”.

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