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El presidente Gustavo Petro entregó detalles sobre el presunto manejo irregular de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que involucra la entrega de armas de empresas inactivas a bandas criminales. A través de una publicación en su cuenta en X, el mandatario señaló que bajo las sospechas, ordenó una revisión detallada de las licencias expedidas y el uso de las armas oficiales.
Según un informe de la directora de esa entidad, Yennifer Parra, referenciado por Petro, se encontró que desde 1993 se han otorgado licencias de funcionamiento para 2.019 empresas de vigilancia. En esa misma información que se revisó se encontró que 1.351 empresas de seguridad están activas: 810 son empresas de vigilancia; 435 son departamentos de seguridad; 94 son escuelas de capacitación; y 12 son transportadoras de valores.
Con esa información, el presidente Petro señaló que ordenó la investigación de la totalidad de las empresas y resaltó un hallazgo. “Se encontró lo que siempre había denunciado: la institucionalidad y los permisos al servicio del crimen organizado, de las bandas criminales. Además de lo que he sostenido de la aparente unión entre el paramilitarismo y los juego de azar, con la vinculación de políticos, que espero se siga investigando”, dijo Petro.
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El mandatario resaltó que el informe encontró 197 empresas que están inactivas y que reportan 62.644 armas de las cuales hoy por hoy no se sabe de su ubicación ni utilización. Sin embargo, dijo Petro, la información se cruzó con la Dijin y el resultado que arrojo es que algunos números de series de esas armas coinciden con otras incautadas en operativos de la Policía y estarían relacionadas con delitos de homicidio, extorsión y porte ilegal.
“Por la decisión nuestra de combatir el crimen organizado que está incrustado en el sector de Vigilancia y Seguridad, el año pasado se cancelaron 16 licencias de funcionamiento porque fueron tramitadas irregularmente y las investigaciones están en manos de la Fiscalía”, explicó el mandatario, quien agregó que esperan nuevos avances en una estrategia de depuración y control.
En ese trabajo articulado entre Fiscalía y la Supervigilancia se capturaron a los representantes legales de tres empresas: SARA Ltda., Securbel Ltda. y Pretoria Ltda. En efecto, en marzo de este año, la Policía Nacional desarticuló una red de empresas que certificaban irregularmente a integrantes de grupos armados como escoltas. Presuntamente, alquilaban armas con salvoconducto para evadir la acción de las autoridades.
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Según la investigación que referencia el presidente Petro, dentro de los beneficiarios de esas empresas estuvo alias Terror, cabecilla del Clan del Golfo en el Magdalena Medio. También alias “Pichi Belén”, uno de los jefes vinculados a la organización criminal, La Oficina.
Además de los operativos contra las tres empresas a las que se les aplicó extinción de dominio, el mandatario señaló que también se realizaron operativos en otras regiones del país.
“La Supervigilancia realizó operativos a 5 empresas de vigilancia en Barranquilla con operaciones en la Región Caribe. Se encontró que los escoltas, socios y representantes legales estaban vinculados en investigaciones de la justicia contra organizaciones criminales por delitos como homicidios, extorsión y hurtos. Estas cinco empresas reúnen 696 hombres en personal operativo, 21 vehículos automotores y 483 armas”, dijo.
Sobre las investigaciones, Petro aseguró que participan miembros de la Policía, la Dirección de Crimen Organizado de la Fiscalía y la Procuraduría.
“En estas acciones de control se han suspendido cuatro licencias en Bogotá a empresas presuntamente vinculadas al lavado de activos. Estas acciones afectan intereses criminales, políticos y económicos, y por supuesto, a algunos sectores no les interesa que esto se conozca”, concluyó Petro.
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