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La crisis humanitaria que atraviesa la población de Briceño (Antioquia) por los enfrentamientos entre grupos armados en la zona, deja, hasta el momento, 2.500 personas desplazadas. Ante la tragedia, los entes de control tienen las alarmas prendidas para intentar hacerle frente a lo que han calificado como una clara violación al Derecho Internacional Humanitario.
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Por ejemplo, la Procuraduría, además de rechazar las acciones de los grupos armados que afectan directamente a los civiles, a quienes, en algunos casos, se les han cobrado multas si no abandonan el municipio. El ente de control hizo un llamado al Ministerio de Defensa Nacional, al Ministerio del Interior, a la Unidad para las Víctimas y a las autoridades del territorio para que activen las rutas de prevención, protección y atención inmediata.
El objetivo, señaló el Ministerio Público, es “garantizar los derechos de la población víctima, evaluar el desarrollo de las visitas de verificación de derechos humanos, así como los mecanismos para brindar atención humanitaria”.
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Dichas acciones, dice la Procuraduría, están encaminadas a “asegurar una atención oportuna, adecuada y coordinada por parte de las autoridades oficiales, brindando garantías de atención, asistencia y no repetición para las familias de este territorio”.
La escalada violenta en Briceño, dice el Ministerio Público, da cuenta de “la vulneración sistemática de derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) contra las comunidades de esta zona del país”. Asimismo, los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, dice el ente de control, está también repercutiendo en las subregiones del nordeste y bajo Cauca antioqueño.
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