La investigación penal por injuria y calumnia que se adelantaba contra la comunicadora Lina Marcela Castillo Nisperuza fue precluida por un juzgado de Bogotá. La justicia determinó que sus declaraciones públicas sobre presuntos hechos de acoso sexual y laboral estaban amparadas por la libertad de expresión.
El Juzgado 86 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá consideró que las manifestaciones de Castillo, relacionadas con posibles violencias basadas en género cometidas por Hollman Morris, correspondían a un ejercicio legítimo de denuncia pública y no constituían una conducta penal sancionable.
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No obstante, el despacho decidió mantener abierto un aparte distinto del proceso, correspondiente a una presunta calumnia relacionada con una afirmación de Castillo sobre un atropellamiento que le habría causado 15 días de incapacidad. Sobre este punto en particular, la jueza consideró que, a diferencia de los señalamientos por acoso sexual y laboral, no existían, por el momento, elementos de juicio suficientes para adoptar una decisión definitiva, por lo que optó por separar ese componente del expediente y dejarlo pendiente de resolución mientras continúa su análisis dentro del proceso penal.
El proceso se originó por una denuncia interpuesta por el periodista y exconcejal de Bogotá Hollman Morris, quien acudió a la justicia por una presunta injuria y calumnia en su contra, después de que Castillo lo señalara públicamente, en enero de 2019, de haber incurrido en comportamientos inapropiados y comentarios sobre su apariencia mientras ella trabajaba en su entorno político. Morris ha negado las acusaciones.
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Tras la decisión, la fiscal general Luz Adriana Camargo dispuso trasladar el expediente a Marcela Abadía, fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, para que lo asuma con un enfoque especializado en violencia basada en género. Según la Fiscalía, el objetivo es garantizar un análisis integral del caso y aplicar estándares reforzados de atención a posibles víctimas, evaluando también las denuncias originales de Castillo y no solo la querella de Morris, actual gerente del Sistema de Medios Públicos (RTVC).
El cambio se produjo tras cuestionamientos de organizaciones sociales, periodistas y un colectivo de más de 100 mujeres, que pidieron que el caso no se abordara únicamente desde la denuncia de Morris. La Fiscalía señaló que, cuando una persona señalada por presuntos hechos de violencia denuncia posteriormente a quien formuló la acusación, es necesario analizar el contexto para evitar que la justicia termine silenciando a quienes denuncian.
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Durante la audiencia en la que se conoció la decisión, Castillo relató lo que describió como cuatro años de persecución y hostigamiento tras hacer pública su denuncia en 2019. Con la voz entrecortada, la comunicadora aseguró que las agresiones no han cesado desde entonces.
La comunicadora señaló que la exposición pública de su caso la convirtió en blanco de ataques en redes sociales, incluso con el uso de sus propias fotografías personales. Aseguró que “ha sido muy revictimizante” escuchar a Morris durante la diligencia y afirmó que familiares y allegados del exconcejal la han atacado en plataformas digitales, incluso desde espacios vinculados a Contravía. Castillo también señaló que ha debido enfrentar el proceso sin esquema de protección, sin estabilidad laboral, y expresó: “He tenido que pasar por todo esto y, aun así, estar acá y seguir siendo señalada”.
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Además, la comunicadora mencionó episodios de extorsión y presión ocurridos en Choachí (Cundinamarca) y cuestionó el uso de recursos públicos para respaldar la imagen de Morris, al preguntar si eso no representa “la instrumentalización del recurso público de este país para defender el buen nombre”.
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