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La Guajira sigue encabezando las listas sobre desnutrición infantil en Colombia. Así lo revelaron más cinco oficios que remitió la Procuraduría a las gobernaciones de 17 departamentos y los Ministerios de Salud y Agricultura alertando sobre la situación que padece la niñez en extrema pobreza con altos índices de desnutrición. Si bien, el Ministerio Público en cabeza de la procuradora Margarita Cabello no descarta los esfuerzos del Gobierno para combatir este flagelo, manifestó su preocupación sobre las 133 muertes notificadas en el territorio nacional durante lo corrido del 2021.
En los documentos remitidos a las gobernaciones reposa que los departamentos en estado de emergencia por estos hechos son: Antioquia con 6 reportes, seguido de Atlántico (2); Barranquilla (2); Bolívar (4); Cesar (6); Chocó (8); Córdoba (6); La Guajira (23); Magdalena (9); Santa Marta (3); Meta (4); Nariño (4); Norte de Santander (4); Putumayo (3); Sucre (3); Valle del Cauca (4) y Vichada (3).
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“Ante las cifras que ha conocido la Procuraduría en la presente semana, contenidas en el mencionado reporte, se torna necesario y urgente, advertir que estos fallecimientos eran prevenibles”, dijo Viviana Mora Verbel, procuradora delegada para la defensa de los derechos de infancia y adolescencia, en cada uno de los oficios remitidos. La funcionaria resaltó que la desnutrición merece una gestión especial por parte de la Superintendencia de Salud, especialmente en lo relacionado con la función de inspección y vigilancia de las normas que regulan la atención para los niños con este padecimiento.
Para Verbel, si bien existe mayor vulnerabilidad en los territorios mencionados, a los que debe prestárseles mayor atención, ello no descarta que se requiere actuar con “firmeza” para integrar políticas, programas y estrategias locales y nacionales que permitan evitar la desnutrición en los niños. De ahí que considere necesario la adopción de medidas para que su acceso al servicio de salud se presente en condiciones de calidad.
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“El país debe tomar conciencia que no basta con la buena voluntad de los mandatarios de tratar de impedir que esos registros continúen presentándose, sino que se requieren ingentes esfuerzos para que se posicione el concepto de seguridad alimentaria y nutricional en las agendas públicas, que permita efectivamente, la disponibilidad, acceso y consumo de alimentos a nivel nacional, regional y local, y además el manejo oportuno e integral de los casos de desnutrición en el sector salud”, resaltó Verbel a través de la misiva remitida Fabio Aristizabal, actual superintendente de salud.
En la misiva de cuatro páginas enviadas al ministro de salud, Fernando Ruiz, la delegada de la Procuraduría resaltó que el derecho a la nutrición no solo debe garantizarse y protegerse durante la primera infancia sino en todos los ciclos de la vida porque no hacerlo genera “detrimento” en el desarrollo humano y en su condición de progreso. “A nuestro juicio, deben combinarse estrategias integradas con acciones que promuevan la nutrición de la mujer gestante, la lactancia materna, la existencia de agua y saneamiento básico, e impulsar prácticas socioculturales y educativas, que potencien el desarrollo integral de los niños y niñas menores de 5 años”, le dijo Verbel en su comunicación al ministro de salud.
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Al ministro de agricultura, Rodolfo Zea, la delegada de la Procuraduría le dijo que, aunque la situación generada por la pandemia del Covid-19 agudizó la situación de pobreza y desempleo en el país, es necesario liderar políticas con el sector alimentario que fortalezcan el enfoque de seguridad alimentaria y nutricional con el fin de evitar que se afecte la nutrición de las familias.
“De manera atenta me permito solicitarle adoptar medidas urgentes para que se logre un impacto positivo en la situación de los hogares colombianos frente al tema alimentario y nutricional, y evitar que la población infantil siga siendo la afectada por los casos de desnutrición, con graves desenlaces como es su fallecimiento por esta causa, considerada como totalmente prevenible”, dice la misiva allegada al ministro Zea en la que añade que requiere de su intervención debido a que el derecho a alimentación no se está garantizando a cabalidad.
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En los documentos allegados a las 17 gobernaciones, Verbel expuso que cada mandatario debe priorizar en su agenda alternativas que eviten y mitiguen a futuro el fallecimiento por desnutrición en los niños. “Valga anotar que, para esta dependencia tan solo un caso de muerte por desnutrición que se presente, de por sí, ya se constituye en un hecho grave que demuestra que las políticas públicas formuladas en su territorio han sido insuficientes para detenerlas”.
Con las misivas en cada uno de los despachos, ahora, la labor de la Procuraduría será avanzar con el seguimiento permanente para determinar si se tomaron las medidas necesarias para que se reduzca la tasa de mortalidad infantil y los porcentajes de los nacidos vivos con bajo peso o retraso en sus tallas.
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El panorama de la Procuraduría no es ajena a un informe rendido por la Defensoría del Pueblo, que hizo un balance durante la semana pasada y en él plasmó según cifras del Instituto Nacional de Salud, que Bogotá fue la ciudad que presentó, entre 2017 y 2020, el mayor número de casos registrados de niños que padecen de desnutrición aguda, con 1.756 reportes. Después de Bogotá, le siguen los departamentos de La Guajira, Antioquia, Cundinamarca y César con 1.121, 724, 625 y 493 casos, respectivamente.