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La Procuraduría emitió este sábado una circular preventiva para la garantía de los derechos humanos ante las posibles situaciones que puedan derivarse de los hechos ocurridos en Venezuela, tras la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, por las autoridades estadounidenses durante la madrugada del 3 de enero de 2026.
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En el pronunciamiento, el procurador Gregorio Eljach recordó que, por mandato constitucional, corresponde al presidente Gustavo petro la dirección de la política exterior del país, y exhortó al Gobierno a activar de manera inmediata todos los mecanismos de atención necesarios frente a eventuales riesgos en materia de derechos humanos, especialmente en las zonas de frontera.
La entidad informó que dispuso todas sus capacidades institucionales para hacer presencia en los puntos fronterizos donde sea requerida, con el fin de desplegar acciones legales y constitucionales orientadas a la protección de la población civil.
Desde las primeras horas de este sábado, el procurador Eljach instaló una mesa permanente de trabajo de alto nivel, encargada de vigilar y monitorear de forma continua la situación. En ese marco, convocó a los integrantes de la Defensoría del Pueblo y personerías municipales y distritales a coordinar esfuerzos, atender las necesidades que se presenten y reportar al nivel central cada dos horas los desarrollos relacionados con la emergencia.
Mediante una circular, la Procuraduría exhortó a las entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal a activar de inmediato los protocolos de atención y garantía de derechos humanos. Asimismo, ordenó a las procuradurías regionales y provinciales ubicadas en zonas de frontera implementar un programa especial de acompañamiento.
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Este programa que incluye articulación permanente con defensorías y personerías, apertura de canales directos de comunicación con la ciudadanía, verificación en terreno y la identificación de áreas de especial impacto por migración o posibles vulneraciones de derechos.
La entidad también dispuso que cualquier queja, observación o circunstancia que pueda afectar la convivencia, la seguridad o el reconocimiento de derechos en la región fronteriza sea reportada de manera inmediata a las autoridades nacionales, junto con la formulación de recomendaciones preventivas.
El seguimiento a estas acciones estará coordinado por la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión para la Gobernanza Territorial y la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, que recibirán reportes en tiempo real y balances diarios sobre alertas e indicadores de riesgo.
Según el Ministerio Público, estas medidas buscan prevenir afectaciones a los derechos humanos, el uso indebido de la fuerza y posibles impactos sobre la soberanía, en un contexto de alta tensión regional que podría tener repercusiones en el territorio colombiano.
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