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La Procuraduría General de la Nación ordenó incorporar a la indagación previa que adelanta por presuntas irregularidades en la apertura de sedes consulares el proceso que lleva la Oficina de Control Disciplinario Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el consulado de Colombia en Tijuana, México.
La actuación se originó en una denuncia de Germán Calderón España, coordinador del Comité Élite Anticorrupción, sobre posibles irregularidades en la planeación, contratación y puesta en funcionamiento de los consulados en Monterrey (México) y Estambul (Turquía) durante 2025 y 2026.
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Al solicitar información, según el ente de control, “el Ministerio confirmó que no tenía actuaciones disciplinarias por Monterrey y Estambul, pero sí adelantaba una indagación previa por presuntas irregularidades en Tijuana, relacionadas con la habilitación financiera y operativa de la sede, el arrendamiento del inmueble, compromisos sin respaldo presupuestal y el reconocimiento de salarios sin la efectiva prestación del servicio”.
Con esta decisión, la Procuraduría busca examinar de manera conjunta los hechos y las pruebas, evitar la duplicidad de actuaciones y prevenir decisiones contradictorias. También ordenó incorporar publicaciones de medios de comunicación y redes sociales relacionadas con el caso.
El caso del consulado en Tijuana fue dado a conocer por la Unidad Investigativa de Caracol Radio. Según el medio, el consulado, creado hace dos años durante el gobierno de Gustavo Petro, nunca ha prestado servicios ni ha tenido una sede física, pero sí contó con una cónsul en provisionalidad hasta el pasado 30 de octubre.
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De acuerdo con la investigación periodística, el Estado pagó más de USD 153.000 (cerca de COP 483 millones) a la abogada Maryory Ecinedth Pabón Gavilán por los nueve meses en los que ejerció como cónsul, además de otros gastos asociados. Recibió USD 14.700 mensuales (casi COP 47 millones) entre el 20 de enero y el 30 de octubre. Al momento de su designación, también se le giraron otros USD 20.338 por concepto de viáticos y transporte de menaje doméstico.
A ello se suma una deuda por el arrendamiento de la oficina 202 del edificio Torela Corporativo, en la Zona Dorada de Tijuana. El pasado 30 de septiembre, la Embajada de Colombia en México recibió un requerimiento formal de pago que tomó por sorpresa a la sede diplomática. Un día después, la Dirección Administrativa y Financiera de la Cancillería verificó que existía un contrato de alquiler que había generado deudas sin asignación presupuestal. El 6 de octubre, la Embajada pidió a la cónsul una copia del contrato y un informe sobre la situación, pero no obtuvo respuesta. Pabón renunció y dejó el cargo el viernes 30 de octubre.
Además, un comunicado del pasado 17 de agosto, dirigido a la comunidad colombiana en Baja California y compartido por la entonces cónsul en un grupo de WhatsApp, menciona contratos con el arquitecto encargado de adecuar la oficina y con los responsables del diseño gráfico y la imagen institucional. El documento, de siete páginas, afirma: “Estas personas y empresas han venido trabajando y adelantando las actividades para las cuales fueron contratadas, razón por la cual actualmente existen obligaciones económicas pendientes de pago”.
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El proyecto tuvo su origen el 22 de noviembre de 2024, cuando el entonces canciller Luis Gilberto Murillo expidió el Decreto 1405, que dio vida jurídica a las oficinas consulares de Colombia en Tijuana, Monterrey y Tuxtla Gutiérrez.
Pese a ello, casi dos años después, el consulado sigue inoperante. Caracol Radio reportó que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México preguntó informalmente a Colombia qué había ocurrido, pues no volvió a tener noticias desde que otorgó el beneplácito para la apertura. Según la Unidad Investigativa, el Consulado en Ciudad de México reporta una sobrecarga de trámites porque la sede de Tijuana le redirigía todos los requerimientos.
También se cuestiona la creación misma de la dependencia. Murillo, quien solicitó el beneplácito a México, dijo al medio que debía revisar sus archivos porque no recordaba el proceso y se limitó a asegurar que “toda apertura de consulado era precedida de estudios y disponibilidad presupuestal”. Sin embargo, la Cancillería afirma no tener evidencia de ningún estudio previo.
El equipo del canciller Omar Bula encontró presuntas irregularidades de tal magnitud que, el pasado 27 de agosto, la Cancillería puso en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría todas las actuaciones relacionadas con el consulado.
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