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Este viernes, 16 de enero, el Juzgado Noveno Penal Municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla prorrogó por un año el principio de oportunidad a favor de Dayssuris Vásquez, expareja de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.
La mujer, quien declaró en contra de Nicolás Petro a cambio de recibir beneficios de la Fiscalía General de la Nación, fue capturada en julio de 2023 para responder, junto a su expareja, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Esto, en el marco del caso que investiga el presunto ingreso de dineros irregulares a la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia en 2022.
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En su momento, Day Vásquez negoció con el fiscal Mario Burgos un principio de oportunidad parcial, lo que le permitió no ir a la cárcel a cambio de actuar como testigo en la investigación contra el hijo mayor del presidente Petro.
Dicho acuerdo se prorroga cuando se confirma que la persona está cumpliendo con los compromisos adquiridos dentro del acuerdo de colaboración y siempre y cuando continúe siendo necesaria para la investigación.
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En su decisión, el juzgado indicó “prorrogar por el término de un año el principio de oportunidad bajo la modalidad de suspensión de la acción penal concedida a favor de la señora Daysurys del Carmen Vásquez Castro, manteniendo así todas las condiciones, compromisos y efectos que fueron ya concedidos y que fueron legalizados”.
Por otro lado, Day Vásquez es señalada por el delito de violación de datos personales, ya que, cuando la Fiscalía llevó al banquillo de los imputados a Nicolás Petro, también dio a conocer que ella habría pagado hasta COP 20 millones para interceptar las comunicaciones de dos personas: Laura Ojeda, pareja de Petro, de quien sospechaba una infidelidad, y Génesis Olave, mejor amiga de la anterior.
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La Fiscalía, por su parte, se mantiene firme en vincular al hijo mayor del presidente con un incremento patrimonial injustificado por más de COP 1.053 millones. Según el ente investigador, esa cantidad de dinero no sería producto de su función como diputado y, al no haber sido reportada ni encontrarse otra actividad económica legal y regular que le generara ingresos, ni apalancamiento financiero, dichos recursos se reputan como un incremento patrimonial injustificado.
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