14 May 2022 - 9:13 p. m.

“Que nos venzan en juicio, pero uno justo”: Daniel Quintero se defiende

En entrevista con El Espectador, el suspendido alcalde de Medellín dice que la Procuraduría actuó políticamente al sacarlo del cargo mientras lo investiga por intervención en política. Arremete también contra el general Zapateiro, comandante del Ejército, que ha recibido críticas por una intervención similar en las elecciones.
Alcalde de Medellín: Temo que el Gobierno no haga una transición pacífica
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Foto: Luis Eduardo Noriega A.

Daniel Quintero seguirá suspendido, por ahora, de su cargo de alcalde de Medellín. El Consejo de Estado negó la medida cautelar que había pedido para dejar sin efectos la decisión de la Procuraduría de investigarlo por participación en política. Mientras el mismo alto tribunal decide de fondo sobre la tutela con la que Quintero busca volver a su puesto, habló con El Espectador de esa decisión y de su incursión en esta campaña presidencial. No se muestra arrepentido y, en cambio, dice que se debería reglamentar la participación en política de los alcaldes que son, en últimas, políticos.

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¿Qué pide con la tutela y que intenta probar con ella?

El Gobierno Nacional —no lo digo yo, sino expertos constitucionalistas, la Misión de Observación Electoral Europea y muchos actores internacionales— ha roto el estado de Derecho y el orden constitucional de nuestro país. Ha dejado de reconocer los derechos políticos de un líder electo popularmente. Lo ha suspendido a través de una autoridad administrativa que no tenía las condiciones para poder destituirme o sancionarme.

Con la tutela pedimos que se cumpla el convenio en la Convención Americana, que se cumpla el debido proceso, que se respeten los derechos políticos y que se nos restituya en el cargo. La tutela no es la única acción, vienen unas acciones internacionales. Esto preocupa porque se da por razones políticas, de intervención política de una autoridad administrativa. Un grupo político intenta intervenir en unas elecciones que están a 15 días de distancia.

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Sobre las medidas en el escenario internacional, ¿podría darme detalles de la denuncia que presentará ante la CIDH?

Se ha violado la Constitución, la Convención Americana, sin ningún debido proceso, sin derecho a la defensa. Incluso violando el mismo acto legislativo de por la Procuraduría, que seguramente va a ser declarado inconstitucional. Había tanto interés de sacar a un líder político del camino que violaron las reglas de juzgamiento de la Procuraduría. No deberían juzgar a funcionarios electos, eso le corresponde a la justicia. Incluso si tuviera esas facultades, violó sus propias disposiciones.

Hace unos meses usted estuvo en Washington ¿Qué lo llevó a denunciar ante la CIDH?

Nosotros sabíamos que había un interés de sacarnos del camino. Diez días antes de elecciones hubo dos intentos frustrados por la Policía, que buscaron asesinarnos y eliminar a un líder político que estaba a punto de ganar las elecciones. Una vez ganamos fue todo un proceso para desestabilizar la Alcaldía, que incluyó dos intentos de intervenir EPM. Nosotros veníamos avanzando en denuncias para recuperar los recursos de HIdroituango y registrando cómo la administración anterior había ocultado documentos, para que se escaparan de su responsabilidad los contratistas, últimos responsables de los daños.

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Y luego, una revocatoria que fraudulenta, ilegal, apoyada por el paramilitarismo y financiada con dineros oscuros. Cuando se cae la revocatoria, sabemos por información relevante, que (Álvaro) Uribe mismo se venía reuniendo con órganos de control, buscando una forma de sacarnos del camino. Eso lo pusimos en conocimiento de la CIDH, pero también alertamos que había un grave riesgo de que el Gobierno y las Fuerzas Militares no acataran los resultados de las elecciones presidenciales.

También hemos visto amenazas al candidato presidencial que va primero en las encuestas. A un general, comandante de 300.000 hombres armados, que tomó la decisión de atacar a uno de esos candidatos violando de la Constitución. Y cómo se politizaron las Fuerzas Armadas, al punto de que hoy es difícil entender si se van a reconocer los resultados electorales o no. Esto se agrava con la destitución de un alcalde elegido popularmente, a través de un acto a todas luces antidemocrático.

Ahora que menciona las declaraciones del comandante del Ejército, ¿Cómo ve que a usted y al alcalde de Ibagué los suspendan, pero la denuncia contra Zapateiro no avance?

Aquí hay dos aspectos importantes de diferenciar. Lo primero es si la Procuraduría tiene capacidades o no para juzgar alcaldes elegidos popularmente, tanto el de Medellín como el de Ibagué. La respuesta es muy sencilla: no. Una exministra de Duque, del mismo partido político, evidentemente no puede hacer esa tarea. Lo tienen que hacer jueces. En cambio, la función de la procuradora es disciplinar a funcionarios no electos, como el general Zapateiro.

En segundo lugar, ¿cuáles son las pruebas para determinar si hay participación en política? La Corte Constitucional en nuestro caso nos da la razón en decir que los alcaldes elegidos popularmente, que somos políticos por naturaleza, tienen el deber y el derecho de intervenir en debates políticos, en especial a su debate local y su plan de Gobierno. No así los militares. Hay una disposición expresa en la Constitución colombiana en la que se dice de forma clara que los militares no pueden intervenir en política. Los lugares donde los militares intervienen en política se llaman dictaduras. Aquí las autoridades civiles quedamos ante una seria amenaza. El ataque fue directo, con nombre propio. En el caso nuestro, pues que nos venzan en juicio, pero uno justo.

Me voy a remitir a cosas que ha dicho en Twitter. Por ejemplo, que hay “un golpe de Estado” y que se ha “atacado a la Democracia”. No obstante, la Procuraduría también sancionó al acalde de Ibagué, por presunto apoyo al candidato Federico Gutiérrez…

La procuradora viola la Ley, la Constitución y a la Convención Americana cuando sanciona al alcalde de Ibagué y al de Medellín. Ahora, lo que es evidente es que fue una estrategia mediática el incluir a un alcalde de su mismo partido, el de Gobierno, para simular y tratar de legitimar una acción a todas luces inconstitucional. Además, tiene por propósito sancionar al alcalde de la segunda ciudad del país.

¿No cree que hizo trampa a la Ley de Participación Política con el video del “cambio en primera”, y con las menciones a otros partidos en su cuenta de Twitter?

Los líderes políticos tenemos derecho a enfrentar las controversias. En Antioquia de forma particular coincide que el uribismo y el fajardismo se unieron en un proceso de revocatoria, porque yo los denuncié en el caso Hidroituango y terminaron condenados por ello. La procuradora en su momento intentó que yo no pudiera mediar en ese debate político y la Misión de Observación Electoral reprendió a la procuradora, diciéndole que no era permisible que ellos pudieran hacer campaña, pudieran atacar al alcalde y el alcalde no se pudiera defender de ellos en debate político.

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Si la tutela resulta favorable y usted vuelve ¿seguiría utilizando su cuenta de Twitter para enviar mensajes similares a los que lo tienen en esta discusión?

Vamos a seguir defendiendo nuestros derechos políticos. Hay una particularidad adicional y es que la procuradora, en ausencia de un apoyo mío a un candidato de forma particular, creó un concepto que se llama el imaginario colectivo. En otras palabras, que si ella se imagina que un alcalde está participando en política, así no lo haya hecho de forma directa, lo puede suspender.

Si nosotros le permitimos eso a la procuradora, siendo exministra del presidente Duque, nominada por él, habremos roto completamente la democracia y volveremos a los tiempos en los que Alejandro Ordoñez, procurador general, destituyó a más del 20% o 30% de los alcaldes del país porque no hacían parte de su línea política. Eso es retroceder en los avances democráticos. Hay una discusión que vale la pena y es la restricción de que un líder político exprese su opinión política en términos electorales. SI bien no lo hemos hecho nosotros, la Constitución dice es que se debe reglamentar cuales son las normas de participación de los lideres políticos. En el mundo entero se permite que los políticos expresen su opinión política.

En Colombia no se ha reglamentado y lo que ha entendido la Procuraduría y otros entes, es que hasta que no se reglamente está prohibido. Yo creería lo contrario, que hasta que no se reglamente está permitido. Lo que no se debe usar son recursos públicos, cosa que sí ha hecho el Gobierno. La trampa a la Ley de Garantías para usar recursos públicos y favorecer a un candidato.

¿Cómo debería, entonces, la Procuraduría actuar en casos como el suyo o el alcalde de Ibagué?

Lo que tiene que hacer es llevar el proceso ante un juez. Poner una denuncia en la Fiscalía, como exige la Convención Americana, la cual dice que solo se le pueden quitar los derechos políticos a alguien si un juez en un proceso penal lo decide. Podría, si lo considera conveniente, presentar una reforma penal, en la que se incluya algunos delitos penales nuevos, contra los lideres políticos. Luego, serían la Fiscalía o incluso ella misma, los entes que podrían recaudar pruebas y entregárselas a un juez. Él mismo las evalúa y sanciona.

Lo contrario sería entregarle el poder al presidente de turno, para que nombre una procuradora nominada por él, que se convierta en un arma política para sacar a todos los alcaldes o líderes políticos que no sean de su amaño. Es decir, una dictadura.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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