La Procuraduría formuló un nuevo pliego de cargos en contra del capitán Manuel Cubillos Rodríguez, un agente del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que tendrá que ir a juicio disciplinario por su presunta responsabilidad en el crimen de Dilan Cruz, el joven de 18 año que fallecció tras ser herido el 23 de noviembre de 2019 en una manigestación en Bogotá.
La decisión está relacionada con una orden de febrero pasado con la que la propia Procuraduría anuló la sanción de COP 14 millones que le había impuesto al capitán, por un error en el proceso disciplinario. Tras conocerse este nuevo pliego de cargos, que califica el crimen como una grave violación a los derechos humanos, El Espectador habló con Geraldine Cruz, hermana del joven.
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Desde hace casi siete años, la familia de Dilan Cruz ha luchado para que se haga justicia en cada una de las tres instancias en las que se mueve el caso: la penal, la disciplinaria y la de lo contencioso administrativo. “Estamos sujetos y prácticamente obligados a revivir el asesinato de mi hermano con cada audiencia, con cada decisión judicial, con cada protesta pacífica y con cada cambio de gobierno”, narró Geraldine Cruz.
Agregó que, si bien ya hay un llamado a juicio disciplinario y una condena contra la Nación por el crimen de su hermano, los retrasos de la Fiscalía en el proceso penal le dan largas a su dolor. “Es un desgaste constante. Hasta que no se establezcan responsabilidades penales definitivas y certeras, esa herida seguirá abierta y continuará doliendo cada vez más”, le expresó a este diario.
También hizo un llamado a los integrantes de la fuerza pública, para que casos como el de su hermano no se repitan y que se respete la protesta pacífica como un derecho: “Sabemos que muchas veces trabajan en ambientes de mucha presión, con entrenamientos y dinámicas que pueden llevarlos a ver a quienes protestan como enemigos. Pero ninguna circunstancia ni ningún uniforme puede hacerles olvidar que, antes que policías o soldados, son seres humanos. Del otro lado no hay un enemigo, hay un ser humano”.
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Para Geraldine Cruz, la dignificación de la memoria de su hermano, como lo ordenó recientemente el Tribunal Superior de Cundinamarca, no solo alivia el dolor de su familia, es una obligación de las instituciones con la sociedad. “Cuando el Estado reconoce públicamente lo que ocurrió, preserva la memoria de las víctimas y asume su responsabilidad con acciones concretas de cambio, envía un mensaje tanto a los funcionarios como a la ciudadanía de que estos hechos son inaceptables y no pueden volver a ocurrir”, afirmó.
También le hizo un llamado a la Fiscalía, que tiene en sus manos el expediente y, pese a que ha estado los despachos de tres fiscales distintos, nadie ha sido imputado. “Este no es un proceso judicial más, es un caso que representa la necesidad del país de saber cómo se van a proteger los derechos de quienes ejercen el derecho a la protesta social pacífica y cómo van a responder las instituciones cuando esos derechos sean vulnerados”, expresó.
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“Han pasado casi siete años y nosotros seguimos esperando lo mismo: que haya una actuación efectiva y oportuna en los procesos judiciales, penales y disciplinarios. También esperamos que haya una condena de prisión para los responsables: Manuel Cubillos y su comandante, Néstor Raúl Cepeda Cifuentes, quien dio la orden de despejar la calle”, expresó Geraldine Cruz. Contra este último uniformado, la Procuraduría ordenó también recientemente compulsar copias por su posible responsabilida de mando.
El nuevo pliego de cargos, conocido por este diario el pasado 28 de julio, señala de manera provisional que el caso de Dilan Cruz constituyó una grave violación a los derechos humanos y, por ello, lo declara imprescriptible. Esta decisión garantiza que el proceso no sea archivado antes de que exista una decisión de fondo. Para la defensa de las víctimas, es una decisión positiva pero podría convertirse en una “carta blanca” para prolongar el proceso.
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Aunque para Geraldine Cruz los retrasos de las autoridades judiciales mantiene abierta la herida en su familia, no queda otro camino que creer en la justicia. “Ha sido muy difícil mantener la credibilidad y la confianza en las instituciones porque hemos visto demoras, obstáculos y decisiones que han profundizado nuestro dolor. Sin embargo, seguimos adelante y creemos en la justicia porque renuciar a ella sería aceptar la impunidad”, concluyó.
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