Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, atendió en la mañana del 11 de marzo su primera cita con la justicia, como parte del proceso que se adelanta en su contra por el delito de tráfico de influencias. Con el ceño fruncido y la mirada atenta, durante más de tres horas escuchó la imputación que hizo la fiscal Claudia Emilia Garrido Durán ante el despacho del juez 35 de control de garantías de Bogotá. La funcionaria del búnker reseñó, de forma rápida y concreta, cómo entre 2024 y 2025 la cabeza de la estatal petrolera habría aprovechado su poder para, al parecer, amarrar la entrega de contratos y beneficiarse personalmente con la compra, aparentemente irregular, de un apartamento avaluado en casi COP 3.000 millones.
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Esta es apenas una de las dos investigaciones penales que se adelantan actualmente en contra de Roa Barragán. El caso está relacionado con la compra de un lujoso apartamento ubicado en la exclusiva zona del Parque Museo del Chicó, al norte de Bogotá. Según la Fiscalía, no se trataría de una compra común y corriente. Por el contrario, sería un negocio en el que incluso se pudieron ver comprometidos los intereses y el patrimonio del Estado, por medio de Ecopetrol, una de las empresas más importantes del país. En la imputación también fueron mencionados un exfuncionario de alto nivel en Hocol, un de las filiales de la estatal petrolera, y un expolicía a quien se le habría intentado entregar un importante proyecto en La Guajira.
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La compra del apartamento
El 7 de diciembre de 2022, Ricardo Roa Barragán cerró un negocio que ahora lo tiene afrontando una investigación penal. Ese día se concretó el traspaso de un inmueble conocido en el expediente como el apartamento 901. La propiedad está ubicada en el moderno edificio Entreparques y, según las investigaciones de la Fiscalía, para la fecha de la venta estaba avaluado en poco más de COP 2.727 millones. Su dueña era la firma Princeton International Holding, cuyo representante legal, según el Registro Único Empresarial y Social (RUES), es Serafino Iácono, un hombre que ha trabajado con importantes firmas del sector de hidrocarburos y minerales como Pacific Rubiales y Gran Colombia Gold.
Según la acusación presentada por la fiscal Garrido Durán, el intermediario de ese negocio fue Juan Guillermo Mancera, en nombre de la empresa Innova Mercadeo. El ente investigador lo señala de ser una “persona cercana” a Ricardo Roa y con quien finalmente se cerró la negociación por COP 1.800 millones, un valor inferior al del avalúo comercial del apartamento, y sin cobro de intereses.
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“Ricardo Roa resultó beneficiado por el señor Mancera, tanto en el precio como en las condiciones de pago (...). El precio pactado entre Mancera y Roa se ubicó muy por debajo del valor de mercado, con una diferencia del 34%, equivalente a COP 927.569.550”, expuso la fiscal durante la imputación.
Además de las inconsistencias entre el precio del avalúo y el precio de venta del apartamento de Roa, para la Fiscalía, las fechas de los pagos tampoco son coherentes. En la escritura pública de diciembre de 2022, según lo recopilado por el ente investigador, se indica que el valor total del inmueble ya había sido cancelado a Princeton International Holding. Pero, al parecer, los pagos en realidad se hicieron posterior a esa fecha, cuando Roa ya había sido elegido presidente de Ecopetrol por parte de su Junta Directiva. “Los pagos correspondientes se efectuaron entre enero de 2023 y marzo de 2024”, señaló la Fiscalía. Al tiempo que Roa cerraba esa compra, en Ecopetrol se cocinaba un negocio para entregar un importante proyecto en La Guajira.
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Un contrato en La Guajira
Para la Fiscalía no es coincidencia que por los meses en los que Roa compró su apartamento se dio su llegada a Ecopetrol, también hubo movimientos claves en algunas de sus 21 filiales y se asignaron proyectos que eran de gran interés para la compañía. Roa llegó a Ecopetrol el 24 de abril de 2023 y, según explicó la fiscal del caso, se hizo a un puesto en la junta directiva de Hocol, una filial de la estatal petrolera que se dedica a actividades de extracción de petróleo y gas natural. “Ricardo Roa hace parte de la junta directiva de las compañías subordinadas, en las que se toman las decisiones más importantes de las empresas. Entre otras, hizo parte de la junta directiva de Hocol, en la que fungió como presidente, hasta el 24 de septiembre de 2025”, dijo.
La fiscal agregó que, como parte de sus funciones, Roa tenía el poder de participar en el nombramiento y remoción del presidente de la filial Hocol. A ese cargo llegó en mayo de 2024 Luis Enrique Rojas, un hombre con cerca de 30 años de experiencia en el sector de los hidrocarburos y gerente de varias empresas en Colombia y el exterior. Fue tras ese movimiento que Roa, según la Fiscalía, habría buscado beneficiarse de su poder en la compañía.
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“El señor Ricardo Roa, de manera indebida, utilizó su posición de presidente de Ecopetrol para solicitarle a Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, beneficiar a Juan Guillermo Mancera con oportunidades de negocios en Hocol”, dijo la fiscal del caso.
Mancera, la persona a la cual Roa le habría buscado contratos en Hocol, no solo habría sido el intermediario para la compra de su apartamento en el edificio Entreparques, a un precio menor del avalúo real. También es, según el registro actual del RUES, el representante legal de Gaxi SA ESP, empresa dedicada al “comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos y la construcción de proyectos de servicio público”. Su interés, según el ente investigador, estuvo puesto sobre un negocio en concreto: el proyecto Chuchupa-Ballena LNG, en La Guajira, con el cual Ecopetrol y Hocol buscaban asegurar el suministro de gas importado a Colombia, a partir del año 2027.
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Las reuniones de Roa
Para lograr que se le entregara el proyecto de La Guajira a la empresa de Mancera, Gaxi SA ESP, Roa habría sostenido varias reuniones con Rojas, presidente de Hocol. Según las investigaciones de la Fiscalía, una de esas reuniones fue el 20 de agosto de 2024, después de una sesión de la junta directiva de Hocol, en el restaurante Flora, en Bogotá. “En ese encuentro, entre otros temas, Ricardo Roa le manifestó (a Rojas) que ese proyecto debía ser asignado a la empresa de Juan Guillermo Mancera”, expuso la fiscal del caso. Otra de las conversaciones habría sido entre septiembre y octubre del mismo año, después de otra sesión de la junta directiva. En esa oportunidad, dijo la fiscal, la reunión fue en las instalaciones de Ecopetrol.
“En esa ocasión, al finalizar la sesión, Ricardo Roa solicitó al señor Luis Enrique Rojas permanecer a solas con él y le impartió la orden de que dicho proyecto fuera adjudicado a la empresa de Juan Guillermo Mancera”, expuso la fiscal Garrido Durán. Las posibles presiones del presidente de Ecopetrol habrían producido el efecto esperado. Según la funcionaria del búnker, Rojas “en desarrollo de sus funciones y en atención a la instrucción indebida de Roa”, habría recibido una propuesta de Gaxi SA ESP para el proyecto de La Guajira. Ese documento fue enviado al área de negocios de Hocol y se habría presentado el 2 de enero de 2025 ante el comité de nuevos negocios de la empresa, donde se autorizó la firma de un memorando de entendimiento.
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Ese memorando, con el que al parecer se cerraba la negociación entre Hocol y Gaxi SA ESP para operar el proyecto cuya inversión sería de unos USD 150 millones, estuvo vigente hasta abril de 2025, cuando Ecopetrol ordenó no continuar con él. También por esos días, el 30 de abril, Roa le pidió a Rojas que presentara su carta de renuncia y dejara el cargo de presidente de Hocol. “Esta instrucción indebida impartida por el señor Ricardo Roa a Luis Enrique Rojas, orientada a que este proyecto fuera asignado a la empresa del señor Mancera, vulneró la transparencia en las actuaciones y gestiones, así como la objetividad que debe regir la función pública del presidente de Ecopetrol como servidor público”, dijo la fiscal del caso.
Agregó que Roa tenía “poder de influenciar y posición dominante” para presuntamente impartir esas órdenes de contrataciones irregulares. “Antepuso un interés personal por encima del interés general del Grupo Empresarial. Ese interés personal en impartir instrucciones para beneficiar a quien, previamente, lo había favorecido con la compraventa del inmueble correspondiente al apartamento 901”, concluyó la fiscal. Aunque el abogado de Roa, Juan David León Quiroga, argumentó que la imputación no era clara y pidió que se reestructurara o se declarara ilegal, el juez la avaló. El presidente de Ecopetrol, por su parte, se defendió como lo ha hecho desde el principio. “Su señoría, no acepto los cargos y me declaro inocente”, dijo. Pero eso lo tendrá que determinar la justicia.
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Por Gustavo Montes Arias
