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El ingeniero Rodolfo Hernández acumula en su contra más procesos disciplinarios que cualquier otro alcalde del país: 25 en total. Elegido con el 29 % de los votos válidos en las elecciones de octubre de 2015, por el movimiento cívico Lógica Ética y Estética, la Procuraduría ha abierto en su contra 9 indagaciones preliminares y 15 investigaciones ya formales por distintos temas. La cachetada que le dio al concejal John Claro en 2018 lo hizo conocido en todo el país, pero ese no es el único asunto que lo ha metido en líos.
Por ejemplo, entre las preliminares, está un expediente que se abrió a raíz de las declaraciones frecuentes que ha dado y que, al parecer, afectan la imagen del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga; al menos dos por presunto acoso laboral; una más por injuria y calumnia; otra porque alguien denunció que él exigió ciertas donaciones a contratistas de la Alcaldía. Hay también una denuncia de irrespeto a un contralor, un reporte de interferencia en política y un presunto abuso de autoridad.
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En la lista de investigaciones formales figuran temas como conflicto de intereses, expresiones a ciudadanos desobligantes (a un hombre lo habría llamado “lavaculos de la politiquería”), anomalías en contrataciones y despidos arbitrarios. Se investiga si violó el régimen de inhabilidades e incompatibilidades porque antes de ser alcalde habría demandado a Metrolínea y ahora hace parte de su junta directiva, o si tenía un conflicto de intereses en la adquisición de predios en los cerros orientales de Bucaramanga.
Uno de los procesos más avanzados es el del nombramiento, al parecer sin contar con los requisitos legales, de Manolo Azuero, designado jefe de gabinete en la Consejería para la Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga. Se trata de un administrador de empresas graduado de la Universidad de los Andes, que fue fundador de La Silla Santander (una especie de “pata” regional del portal especializado La Silla Vacía). En este caso ya se formuló pliego de cargos.
El caso que más se ha publicitado es la agresión física al concejal John Claro, tema que es materia de investigación en la Procuraduría desde que se dio el hecho, el pasado 26 de noviembre. Ocurrió en el programa “Hable con el alcalde”, que el mandatario local transmite periódicamente por Facebook. Por eso mismo el golpe quedó grabado y se hizo viral rápidamente.
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De hecho, por el episodio con el concejal Claro, la Procuraduría alcanzó a suspender por tres meses al ingeniero Hernández, sin derecho a remuneración. Este, por su parte, encontró el camino para regresar a su cargo antes de lo ordenado por el Ministerio Público: presentó una tutela ante el Tribunal Administrativo de Santander y este le dio la razón en diciembre del año pasado.
"La Procuraduría no precisa cómo ni en qué grado se perturbó el servicio público, ni explica la trascendencia social de la conducta que le es reprochada, ni enuncia los imperativos legales que al parecer son por él desconocidos y no repara que el concejal lo trató de manera descortés y agresiva. No es cierto que de permanecer en el cargo, reitere la supuesta falta disciplinaria cometida”, señaló su defensa, según la revista Semana.
En la otra orilla, el alcalde Hernández ha insistido que desde que llegó a la Alcaldía, su trabajo más arduo ha sido combatir la corrupción enquistada allí. En entrevista con el presentador peruano Jaime Bayly, por ejemplo, hace un mes, contó que en una sola secretaría municipal se robaban “300 kilómetros de papel higiénico al día, algo así como ir de Miami a Orlando (Estados Unidos)”.
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Desde que se posesionó como mandatario de Bucaramanga, Rodolfo Hernández ha sido controversial. La agresión contra el concejal Claro la ha explicado diciendo también que es un tema de idiosincracia, que él no es una “monja carmelita”. Para la Procuraduría, sin embargo, se trata de un episodio violento que ni él ni ningún otro alcalde del país deberían protagonizar.