Fuentes de la Fiscalía General de la Nación confirmaron a El Espectador la salida de Lucy Laborde Betancurt del caso de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, así como de la entidad. Según conoció este diario, la funcionaria no participó en el concurso de méritos, por lo que su cargo será ocupado por una persona que sí concursó, superó el proceso de selección y obtuvo la plaza.
Aunque aún no se conoce quién reemplazará a la fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, el ente investigador señaló que, una vez la persona que obtuvo esa plaza tome posesión del cargo, Laborde Betancurt deberá hacer entrega del despacho.
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La salida de Laborde de la Fiscalía se produce luego de los roces que sostuvo con la fiscal general de la Nación. El 22 de septiembre de 2025, la funcionaria envió una dura carta a Luz Adriana Camargo, en la que cuestionó la decisión de asignar a María Isabel Ramírez Meléndez como fiscal de apoyo en la investigación contra Nicolás Petro, por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Según la carta de cuatro páginas, la asignación de la fiscal de apoyo se dio porque “la disponibilidad de personal sumado a las altas cargas laborales y situaciones administrativas de varios despachos de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, la necesidad de hacer efectivos los principios de celeridad, objetividad, oportunidad, eficacia y eficiencia en la administración de justicia, garantizar el debido proceso y los derechos de quienes a cualquier título intervienen en el proceso penal, nos conducen a la implementación de estrategias que permitan cumplir estos objetivos”.
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Asimismo, la fiscal del caso puso sobre la mesa las razones por las que no está de acuerdo con esa decisión. “Esto no guarda relación alguna con las necesidades del despacho (...) por cuanto el proceso que se sigue por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público ante el señor juez segundo penal especializado de Barranquilla, contra el señor Petro Burgos se ha adelantado por la suscrita fiscal de manera íntegra”, mencionó en la carta.
En la misiva, la fiscal Laborde aseguró que contaba con “los conocimientos y la experiencia suficiente, la experticia y las capacidades necesarias para continuar al frente de este proceso. Además, el caso tiene un soporte probatorio muy fuerte para adelantarlo y no requiero apoyo, asesoría ni orientación”.
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La funcionaria también reveló que el 18 de septiembre de 2025 fue citada a una reunión por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección contra la Corrupción de la Fiscalía, en la que tuvo que exponer los avances del caso sin haber sido informada previamente sobre el motivo del encuentro. En la carta, la fiscal explicó: “Se me solicitó intempestivamente manifestara los hechos que se investigan en el radicado que es objeto de solicitud de una nueva imputación contra el señor Nicolás Petro Burgos, con la aparente necesidad de conexar esta con un radicado objeto de una compulsa de copias realizada por el Doctor Mario Andrés Burgos Patiño”.
En concreto, la fiscal hacía referencia a la información conocida a comienzos de septiembre de 2025, según la cual se anunció que el hijo del presidente enfrentaría una nueva imputación por hechos distintos a los que dieron origen a la investigación por la que fue capturado en 2023.
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En esa oportunidad se informó que la Fiscalía le formularía cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación, presuntamente cometidos durante su periodo como diputado del departamento del Atlántico. Esa nueva imputación se materializó meses después, el 26 de noviembre de 2025.
Finalmente, en la carta, la funcionaria dijo que estas movidas responden a presiones en su contra, que afectan los principios de celeridad, objetividad y debido proceso de la investigación que reposa en su despacho. “La introducción de figuras como fiscales de apoyo sin solicitud previa, las reuniones convocadas sin claridad sobre su finalidad y el desconocimiento de mi rol de titular frente a solicitudes procesales de la defensa, afectan el equilibrio institucional y pueden menoscabar la autonomía e imparcialidad exigidas por la Constitución y la jurisprudencia”, concluyó.
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