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Sandra Liliana Ortiz Nova, la exconsejera presidencial para las Regiones durante el gobierno Petro, está cada vez más cerca del juicio en donde tendrá que probar su inocencia en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Este 23 de octubre continúa la audiencia preparatoria ante la jueza octava penal de Bogotá, una diligencia clave en la que quedará claro cuáles son las pruebas y testimonios que la exfuncionaria podrá usar para defenderse de lo que la acusa la Fiscalía: que habría sido la mensajera para entregar millonarios sobornos que buscaban ganar el apoyo de los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes en las votaciones de proyectos estratégicos para el Ejecutivo en 2023.
El Espectador conoció dos informes que son parte de los insumos con los que la Fiscalía busca sustentar la presunta responsabilidad de Sandra Ortiz en los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. El primero revela los hallazgos de las autoridades al extraer la información del teléfono de la exfuncionaria y muestra un mapa de los cruces de mensajes y reuniones en los que habría participado, junto a otros funcionarios del gobierno, cuando se fraguaba el desfalco de la Ungrd. El segundo documento es un análisis del perfil de Sandra Ortiz y pone de frente cómo consolidó una “posición distinguida” en la sociedad como política y funcionaria pública, al punto de ser considerada un “puente” entre el gobierno Petro y los esmeralderos de Boyacá.
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La lista de contactos con los que Ortiz se comunicó entre septiembre y noviembre de 2023 reúne a gran parte de las personas investigadas por el escándalo de la Ungrd. Los investigadores encontraron registros de 23 llamadas entre la exfuncionaria y Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actualmente prófugo en Nicaragua por este caso; 92 comunicaciones telefónicas con Olmedo López, exdirector de la Ungrd; 91 con Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad; 84 con Iván Name, expresidente del Senado; y 11 con Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes. Además de 30 intercambios de mensajes en los que, según la Fiscalía, habría planeado reuniones.
El informe muestra, por ejemplo, que a las 9:33 de la mañana del 21 de septiembre de 2023, el senador Iván Name le escribió un mensaje a Sandra Ortiz para confirmar una cita que tenían para almorzar a la 1 de la tarde. Ese encuentro ya estaba previamente agendado en el cronograma de Ortiz, en donde además su secretaria dejó pistas de que a esa misma reunión estaba citado Carlos Ramón González. Ese mismo día, pero en la tarde, el informe tiene el registro de un mensaje de Sandra Ortiz a Olmedo López en el que le dice: “Es urgente que hablemos”. La cita, según el ente investigador, se habría coordinado para el 25 de noviembre, a las 8:00 de la mañana en el Suites Tequendama.
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Los chats en los que se habrían coordinado las dos primeras reuniones, según el informe, habrían sido la antesala de otras dos reuniones claves, sobre las cuales Olmedo López y Sneyder Pinilla le han entregado información a la Fiscalía en el tiempo que lleva la investigación: los encuentros en los que Sandra Ortiz le habría entregado un soborno de COP 3.000 millones al presidente del Senado, Iván Name. “Todo listo para el tinto”, le escribió Olmedo López a Sandra Ortiz el 12 de octubre de 2023, a las 11:49 de la mañana. Según el informe del celular de la exfuncionaria, acordaron verse sobre las 3:00 de la tarde “para tomar tinto”, después de que el exdirector de la Ungrd salió de una reunión en la que estaba desde la mañana en la entidad.
La planificación de ese encuentro que muestran los chats en poder de la Fiscalía corroboraría lo que ha reconstruido el ente investigador: que en la tarde de ese 12 de octubre Olmedo López y Sneyder Pinilla habrían ido hasta Residencias Tequendama, donde vivía Sandra Ortiz, y le habrían entregado en efectivo COP 1.500 millones para presuntamente pagarle el primer soborno al senador Iván Name. Media hora después de ese encuentro con los exdirectivos de la Ungrd, la exconsejera del gobierno Petro habría ido, en los vehículos de su esquema de seguridad, hasta el edificio Bassel I, donde vivía el presidente del Senado. Y que, sobre las 4:12 de la tarde, habría entregado allí la primera parte del soborno.
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Al día siguiente, el 13 de octubre, y según lo reconstruido por la Fiscalía, la operación se habría repetido de forma similar. El informe de extracción del celular de Sandra Ortiz dice que la exfuncionaria tuvo “desayuno con Iván Name, sobre las 9:00 de la mañana; onces con Olmedo López y Sneyder Pinilla, sobre las 3:00 de la tarde, y reunión con Sneyder Pinilla, sobre las 7:30” de la noche. Lo que ha reconstruido el ente investigador es que, al parecer, Pinilla fue hasta Residencias Tequendama sobre las 8:00 de la noche para entregarle a Santa Ortiz los COP 1.500 millones restantes. Poco después, la exfuncionaria se habría dirigido hasta la residencia del senador Iván Name, donde se habría hecho la segunda entrega de dinero.
En ese mismo apartamento del edificio Bassel I, según el informe de la Fiscalía conocido por este diario, al parecer hubo otra reunión el 1 de noviembre de 2023. “De acuerdo con la agenda, se planeó cena con Iván Name y Carlos Ramón (González) en el apartamento de Name; así mismo, Sandra solicitó por intermedio de la secretaria de Carlos Ramón reunión con Carlos Ramón a las 10:00 de la mañana”, se lee en el documento. Los cruces de chats, llamadas y reuniones de Sandra Ortiz con el expresidente del Senado y el exdirector del Dapre, según la Fiscalía, no responderían a una relación creada en el marco del desfalco de la Ungrd, sino a viejos lazos políticos revelados por el otro informe en poder del ente investigador.
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El segundo documento conocido por este medio es un “perfil político” de Sandra Ortiz que documenta la forma en la que la exfuncionaria del gobierno Petro construyó una creciente carrera política que empezó en Boyacá y llegó hasta las más altas esferas del Estado. El informe dice que la exconsejera presidencial tuvo “una posición distinguida en la sociedad colombiana, principalmente en términos políticos y sociales”, con capacidad para “movilizar caudales electorales y consolidar redes de poder político”. Esa fue una ventaja importante para consolidar su relacionamiento con políticos, primero en Boyacá y luego a nivel nacional, como Carlos Ramón González e Iván Name.
“Su ascenso político y su capacidad para consolidar relaciones estratégicas en niveles locales y nacionales la posicionan como una líder cuya influencia excede el promedio de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan el interés público”, se lee en el documento. Detalla que fue una “pieza clave” para fortalecer el ala del partido Alianza Verde liderada por Carlos Ramón González en Boyacá, en 2014, cuando ella ya era representante a la Cámara. Fueron esas relaciones y representatividad lo que, según el documento, la llevó a ser precandidata presidencial en 2021. El propio Name dijo en octubre de ese año que ella era “la única mujer seleccionada para que lleve la candidatura de la fe y la esperanza en el partido”.
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Por esas relaciones, dice el informe, Sandra Ortiz llegó a ser consejera presidencial. Una posición en la que tuvo “acceso a recursos políticos y técnicos significativos, así como una posición clave en la articulación entre el gobierno central, las entidades territoriales” y sectores económicos como el de los esmeralderos. En este punto, con un ingrediente extra: la exfuncionaria tuvo una relación con Juan Sebastián Aguilar, conocido como “Pedro Pechuga”, quien fue asesinado en agosto de 2024 en Bogotá. Según el documento, “visitó al menos dos veces la Casa de Nariño”. Una relación a la que le prestó especialmente atención el informe de la Fiscalía.
Sobre todo porque “Pechuga” no era cualquier empresario de Boyacá: tras la muerte de Víctor Carranza en 2013, Aguilar “asumió un rol preponderante” como socio de Esmeraldas Santa Rosa, una de las empresas más importantes del sector. El documento interpreta esas relaciones de Ortiz como un vínculo que trascendió su agenda institucional: “En síntesis, los vínculos de Ortiz con el sector esmeraldero de Boyacá, específicamente con Aguilar, fortalecen una posición de relevancia dentro de las dinámicas económicas y políticas. Estas relaciones, combinadas con su papel como consejera presidencial y su participación activa en agendas mineras, reflejan una integración en redes de poder que excede las funciones habituales de un servidor público”.
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Agrega: “El hecho de que Ortiz participara en eventos conjuntos con Aguilar, utilizara recursos públicos para facilitar reuniones con mineros y liderara agendas que incluían a líderes del sector esmeraldero refuerza la percepción de su integración en estas redes. Estas interacciones consolidan su posición como un puente entre el gobierno central y un sector económico estratégico para Colombia”, dice documento. En contraste, la exfuncionaria ha negado los señalamientos, aunque en su momento intentó llegar a una negociación con la Fiscalía. Al inicio de las audiencias preparatorias, su defensa dijo que los hechos “no ocurrieron” como ha dicho el ente investigador y en la audiencia de este viernes se definirán las pruebas con las que busca demostrarlo.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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Luis fernando(21969)•23 de octubre de 2026 – 17:44Funcionarios corruptos no deben quedar en libertad deben pagar por las ambiciones que depredan los recursos de los más necesitados.No más impunidad.
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Edgar(22146)•23 de octubre de 2026 – 11:36Sandra Ortiz fue una funcionaria corrupta, una mujer descerebrada que consiguió poder por la relación con Pedro pechuga. Desafortunadamente le salió el tiro por la culata. Lo único que merece es carcel para que aprenda que los recursos públicos se respetan y la vida de la niñez y de los habitantes de la Guajira eran prioridad para el gobierno por ser una población vulnerable al carecer de agua potable.
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Ccdaw(0kmc6)•23 de octubre de 2026 – 07:03Sandra Ortiz no puede ni debe demostrar su inocencia, cuenta con el principio de inocencia, es decir, de momento es inocente. La fiscalía debe demostrar que es culpable y el juez debe reconocer que los argumentos de la fiscalía son válidos. Un comienzo de columna lamentable.
