El 2 y 3 de diciembre de 2025, nueve exintegrantes de la antigua guerrilla de las Farc, seleccionados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como máximos responsables, le dieron la cara a las más de 180.000 víctimas de graves violaciones de derechos humanos contra comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas del norte del Cauca y el Sur del Valle del Cauca.
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Un paso clave para la justicia transicional, pues es la primera vez que los exguerrilleros asumen su responsabilidad en uno de los casos territoriales que investiga esa instancia. El magistrado Raúl Sánchez, correlator del caso 05 de la JEP, habló con El Espectador sobre el reto de impartir justicia en una región que sigue azotada por la violencia.
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El caso 05 tiene un enfoque étnico y territorial, ¿cómo explicarle al país las particularidades de la guerra y sus afectaciones a poblaciones en esta región?
Para entender este caso hay que partir de varias cosas. Primero, que es un caso territorial, que se concentró en una región del país: el norte del Cauca y el sur de Valle del Cauca. Esta zona tiene muchas similitudes porque comparten comunidades enteras: pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas.
En segundo lugar, lo que hicimos fue tomar los municipios con mayores afectaciones. Los del norte del Cauca, por ejemplo, representan el 35% de todos los delitos y conductas cometidas en el conflicto armado en todo el departamento del Cauca.
Hemos acreditado a más de 180.000 víctimas, lo cual implica que sea el caso más grande en número de víctimas que tiene la JEP en este momento. Esto, porque hablamos de resguardos y cabildos indígenas, consejos comunitarios afrodescendientes, que tienen miles y miles de personas. También hablamos de municipios afro y de municipios eminentemente indígenas; por esa razón, las afectaciones son mayores.
Este caso 05 se convierte en el primer caso territorial que tiene una audiencia pública de reconocimiento en la que ponemos a las víctimas de un lado y ponemos a los antiguos miembros de las Farc al otro lado. Las víctimas, con sus relatos, historias y demandas de justicia, nos hacen ver qué fue lo que pasó en el conflicto armado.
Por el otro lado están los comparecientes que hicieron parte de las antiguas Farc, con responsabilidad y con mando. Son los máximos responsables en esta región del país y, por lo tanto, los llamados a responder. Eso es lo que están haciendo: han puesto la cara.
Realizamos más de 91 versiones voluntarias, eso significa que ya han explicado las razones, han pedido perdón, han aportado verdad y este es el momento culmen en la medida en que reconocen su plena responsabilidad por lo ocurrido en el conflicto armado en esa zona del país.
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¿Cómo ha sido el reto de impartir justicia, buscar verdad y no repetición en una zona del país en la que la guerra sigue siendo la constante?
Es muy complicado porque nosotros, dentro del macro caso 05, tenemos que investigar tanto a los antiguos miembros de las Farc como a miembros de la fuerza pública que hayan cometido delitos. Ese es un primer reto en el que tenemos que avanzar con simetría, investigando a todos los actores del conflicto armado por igual. Segundo, es muy complejo porque las víctimas en algunas ocasiones han sido temerosas en asistir, porque se encuentran en medio del conflicto armado.
Pero eso hace parte de la voluntad de la JEP, porque tenemos unas medidas cautelares abiertas en favor de los pueblos indígenas y de las comunidades afro; le hemos venido exigiendo a las autoridades del orden nacional, departamental y local que actúen para la prevención de nuevos delitos: desplazamientos, reclutamientos forzados, asesinatos, etcétera. Este caso va de la mano con esas medidas de protección en favor de las víctimas y de esa manera tratamos, por lo menos, de darle alguna solución y protección a las víctimas que hoy en día tanto lo necesitan.
Durante la audiencia de reconocimiento de responsabilidad del caso 05 usted expresó su preocupación por la situación de seguridad y orden público. ¿Qué petición le hace a las autoridades para que garanticen que la justicia pueda operar en medio de tantos problemas?
La JEP está haciendo su trabajo, que es buscar la protección de todas las víctimas del conflicto armado en medio de la guerra que aún continúa. Sin embargo, si no hay articulación de las entidades estatales, de las entidades públicas, va a ser muy difícil que la JEP haga de forma completa su trabajo, porque la Jurisdicción simplemente es un juez y hace lo que puede hacer un juez. Pero, finalmente, es el Gobierno Nacional, el Ejecutivo, el encargado de tomar todas las políticas y las acciones necesarias para la prevención de nuevos delitos en esta zona del país.
¿Han funcionado esas medidas tomadas por la JEP?
Con una medida cautelar que tenemos, dimos 88 órdenes. El 90% se están cumpliendo y solamente un 10% de ellas fueron objeto de recurso a apelación. En este momento esto está en la Sección de Apelación, pero lo que ha hecho la JEP desde sus funciones y lo que le corresponde, ha sido efectivo en la medida en que está tratando de dar algún tipo de ayuda institucional y articulación para proteger a las víctimas en medio del conflicto armado.
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Del trabajo que usted ha adelantado como correlator del caso 05, ¿cuál es el hallazgo que más lo ha impactado?
Son muchísimas historias, pero puedo recordar, por ejemplo, las versiones voluntarias y cómo han venido sanando a las víctimas. Segundo, la acreditación del río Cauca como víctima en 2023, que fue muy poderoso para las comunidades afrodescendientes.
Tercero, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que también ha sido muy importante porque tal vez el delito más atroz que pueda haber es la desaparición forzada, por la incertidumbre, la falta de certeza sobre ese ser querido. Otro hito también ha sido la coordinación interjurisdiccional; hemos realizado más de diez audiencias interjurisdiccionales con la justicia especial indígena y afro.
En la audiencia una de las víctimas preguntó: “¿Por qué las reparaciones deben ser simbólicas cuando se causaron tantos daños materiales?”. ¿Usted qué le responde o qué explicación le da?
Hay muchas formas de reparación y esto no es solamente de la justicia transicional, sino también de la ordinaria. Hay desde la reparación simbólica, hasta la reparación material o económica. En ese orden de ideas, la justicia transicional cuenta con un catálogo amplio de posibles acciones favorables.
Como se vio en la audiencia de reconocimiento, aquí hay elementos muy simbólicos: desde pedir el perdón que han solicitado algunas víctimas, hasta casos concretos como la colaboración en arreglos de vías terciarias, la contribución a través de cátedras de memoria para narrar lo que ocurrió en el conflicto armado. Son tres formas distintas, una material, una simbólica y una pedagógica, que también es muy importante.
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En subcasos como el de falsos positivos en Granada (Antioquia), la JEP ha cuestionado los aportes de los comparecientes por contradicciones en los espacios de reconocimiento de responsabilidad. En este caso, ¿qué valoración hace usted de la voluntad de los nueve exfarc de aportar realmente al proceso?
La audiencia pública de reconocimiento responde a esa pregunta, porque para llegar hasta este punto se necesita mucha verdad, perdón, rendir cuentas, dar garantías de no repetición y reparación. Ha sido un largo camino para llegar acá y el trabajo previo ha sido muy importante.
Hemos tenido escenarios diversos, donde víctimas y comparecientes se encontraron y de esa manera hemos logrado avanzar. Esta audiencia es el ejemplo de que luego de tanta verdad, de tantos encuentros, ya por fin reconozcan y las víctimas se sientan reparadas de alguna manera por medio de esos actos.
Las declaraciones enmarcadas en el caso 05 han dejado ver que las fuerzas estatales también hicieron parte de la dinámica del conflicto en Cauca y Valle. Pero, además, que las instituciones fallaron durante décadas en sus obligaciones de investigar y esclarecer los crímenes ocurridos. ¿Qué ha encontrado la JEP en este caso puntual sobre el rol del Estado en el conflicto armado?
En este momento estamos en la fase de investigación sobre fuerza pública, estamos recolectando pruebas, evidencias y versiones voluntarias. Para serle muy sincero, no tenemos en este momento establecido algún tipo de patrón o línea de trabajo como tal, justamente porque estamos en esa fase inicial.
El caso 05 es el que tiene más víctimas acreditadas ante la JEP, ¿cómo hacer para que la investigación que adelanta la justicia transicional, de cara a sentencias en el futuro, permita que la mayoría o todas las víctimas se sientan realmente reparadas y que no pase, por ejemplo, lo que sucedió en el caso 01 sobre secuestros?
Aquí hay dos grandes ventajas de cara a una futura sentencia. Lo primero es que tenemos más de 180.000 víctimas, pero a su vez tenemos voceros, autoridades y representantes, que son los encargados de representar a las víctimas. Segundo, en el caso 05 siempre hemos tenido un diálogo abierto, franco y sincero con las víctimas, atendiendo al principio de centralidad de ellas.
Y tercero, las peticiones de reparación, trabajos, obras o actividades con contenido restaurador son acciones o peticiones muy aterrizadas, sinceras y honestas por parte de las víctimas; son de cumplimiento medible y cuantificable, lo cual va a llevar, creo yo, a que se emita una sentencia de acuerdo a esas peticiones.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
