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El caso de la red de infiltrados que logró meterse al Batallón de Guardia Presidencial, acceder a reuniones privadas de inteligencia y conocer información reservada sobre seguridad nacional sigue andando. Luego de que la Fiscalía General de la Nación anunciara la judicialización de dos uniformados y una civil, tanto la Procuraduría como la Fiscalía Penal Militar y Policial anunciaron la apertura de investigaciones.
El Ministerio Público inició una indagación disciplinaria en contra del mayor, Pedro Nel Jiménez Cárdenas, y el sargento segundo, Cristhian Padilla Villanueva, por la presunta extralimitación de funciones y filtración de información a Luisa Fernanda Salgado o “Stefanny”, quien se hacía pasar por capitana para acceder a información de carácter secreto y ultrasecreto sobre grupos criminales como el Tren de Aragua.
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En este entramado ilegal, el mayor Jiménez, en su calidad de comandante de una unidad del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas Número 5, habría autorizado el ingreso de Salgado Fernández a las instalaciones militares y su participación en operaciones tácticas y de inteligencia.
Por su parte, el sargento segundo Padilla es señalado de haber permitido la entrada de la mujer y la interacción de esta con la tropa, además de involucrarse en actividades de inteligencia y entrenamiento táctico. Además, se le atribuye la entrega de detalles sobre movimientos y logística de equipos y drones en las misiones.
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Si bien el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló recientemente que se descartó que por estas irregularidades hubiese estado en riesgo la seguridad del presidente Gustavo Petro, la Procuraduría detalló que el Mayor Jiménez, presuntamente, habría ordenado a un oficial entregar a la “capitán Stefanny” el computador de operaciones.
“Ese equipo maneja información reservada y sensible de carácter diario y de cumplimiento de rutas, tanto del señor presidente como de su núcleo familiar y la señora vicepresidenta, poniendo en riesgo la seguridad Nacional”, explicó la Procuraduría. El ente busca, además, determinar si los uniformados, que hacían parte del tercer anillo de seguridad del mandatario, habrían incurrido en una falta disciplinaria.
Por su parte, la Justicia Penal Militar y Policial abrió una investigación por suplantación y manejo de información sensible en el Batallón de Fuerzas Urbanas.
“Dicha indagatoria se centra en el presunto delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, así como en el acceso y manejo no autorizado de información de inteligencia sensible. Esta información era crucial para la misión del batallón, por lo que su compromiso representó un potencial riesgo para la seguridad y el éxito de las operaciones”, detalló la entidad.
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