“Soy un sobreviviente de Dololed”: la historia detrás de la primera condena por el caso

José Gregorio Uribe Acelas tiene 58 años, una angustia que le atenaza el alma cada día y la certeza de que sobrevivió de milagro al Dololed. El supuesto fitoterapéutico natural a base de caléndula, como rezaba su publicidad, que se vendía en las calles como pan caliente para espantar todo tipo de dolores, estuvo a punto de matarlo. Tras aquel incidente, casi mortal, la palabra Dololed se convirtió para José Gregorio en la encarnación del miedo. Uno silencioso, persistente, que se instaló en su rutina y en la forma en que volvió a habitar su propio cuerpo. Nada volvió a ser igual desde septiembre de 2018, cuando creyó estar comprando un analgésico inofensivo y terminó enfrentándose, sin saberlo, a una sustancia que, para él, era un veneno.

Para aliviar un dolor en una pierna, acudió a una droguería ubicada en el centro comercial Gran Estación de Bogotá y preguntó por algún medicamento de venta libre. La vendedora le recomendó una caja de Dololed. Antes de pagar le repitió tres veces: “Que no contenga Aines, que no contenga Aines, que no contenga Aines”. Desde 2015, José Gregorio había sido diagnosticado como alérgico a esos antiinflamatorios no esteroideos y su consumo representaba un riesgo mortal. La farmacéutica revisó el sistema y le aseguró que el producto estaba compuesto únicamente por extracto de caléndula. Confiado en esa información, empezó a tomar las pastillas cada ocho horas, convencido de que estaba frente a un medicamento seguro.

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Siete años después, el 19 de diciembre de 2025, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga concluyó que ese supuesto medicamento no ofrecía la seguridad razonable que debía garantizar y, en una sentencia inédita en Colombia, declaró responsable al laboratorio Pronabell por los daños causados por un producto fitoterapéutico que en realidad tenía diclofenaco de forma oculta. En ese sentido, el juez Néstor Raúl Reyes sostuvo que Dololed era un producto defectuoso y que su consumo pudo haber sido letal. Para la justicia, el riesgo no fue hipotético ni abstracto: estuvo presente en el cuerpo de un consumidor concreto que terminó en urgencias luchando por su vida.

La reacción en el cuerpo de José Gregorio no fue inmediata. Regresó a Bucaramanga y siguió con su rutina cotidiana. Pero una semana después, la sustancia que no podía consumir por nada del mundo empezó a acumularse en su organismo. Al principio, los síntomas no parecían catastróficos. “Me sentía raro, inconforme con el cuerpo”, recuerda. Luego vinieron el cansancio, la visión borrosa, la debilidad en las piernas y el picor en la piel. Para la noche del séptimo día la urticaria era intensa. Apenas pegó el ojo esa noche. Se tomó una loratadina para buscar alivio con la esperanza de que fuera algo pasajero. Al día siguiente no salió a montar bicicleta, su afición practicada casi de forma profesional, porque el malestar no cedía.

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Prefirió quedarse en casa, desayunar huevos, arepa y jugo de naranja y asistir más tarde a una reunión de trabajo en el centro comercial Cañaveral, en Floridablanca. Antes de salir, tomó la última pastilla de Dololed. Calcula que en total ingirió unas 13 cápsulas desde el día que compró la caja en Bogotá con la promesa de que era un producto cien por ciento natural. Mientras esperaba su cita, el cuerpo le empezó a fallar. “Estaba mareado, sin aire, con debilidad en las piernas. Intenté respirar, pero cada vez era peor”, relató. Salió a buscar un taxi y le pidió al conductor que lo llevara de inmediato a una clínica. Alcanzó a pagar la carrera antes de perder el conocimiento. El trayecto fue corto, de no más de dos kilómetros, pero para él fue eterno.

Cada respiración se sentía “como si una bola de billar atravesara mi pecho”, cuenta. Al llegar a la Clínica Foscal, tuvo que subir una rampa para ingresar a urgencias. “Sentí que no iba a poder”. Pero apeló al instinto del ciclista que sufre y aguanta con cada pedalazo cuesta arriba. “Usted puede, tiene que llegar”. A pura fuerza de voluntad logró subir. Alcanzó a pedir ayuda y se desmayó. Para él, dice hoy, aquella rampa fue su etapa reina, el último esfuerzo antes de caer, el punto exacto donde se jugó la vida sin siquiera saberlo. Los médicos identificaron que tenía un shock anafiláctico, una reacción alérgica grave, rápida y potencialmente mortal que compromete múltiples órganos. La presión arterial estaba por el suelo y la dificultad respiratoria era severa.

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Fue estabilizado de urgencia. Superado el riesgo inmediato, la prioridad era establecer qué había desencadenado el episodio. Una semana después acudió a consulta con la alergóloga Sara Sus. Tras casi tres horas de interrogatorio clínico, José Gregorio mencionó que había estado tomando Dololed. La especialista escribió una sola palabra en la historia clínica, acompañada de un signo de interrogación: “¿Dololed?”. La médica descartó uno a uno los posibles alérgenos. No eran animales, ni polen, ni el clima, ni los alimentos. La conclusión fue la misma que José Gregorio ya conocía desde 2015: alergia a los Aines. Pero la causa concreta de la sustancia que lo llevó casi a la muerte seguía sin aclararse. Para entonces, sobre Dololed no existían sospechas.

José Gregorio intentó seguir con su vida, pero el miedo se instaló en él. Dejó de comer ciertos alimentos, abandonó las competencias de ciclismo y empezó a cargar una inyección de adrenalina que aprendió a aplicarse él mismo para contrarrestar cualquier reacción alérgica. Pensó incluso en mudarse cerca de la clínica donde le salvaron la vida. Desde entonces vive con la sensación de que la muerte lo está esperando en la siguiente esquina. En 2020, mientras compraba pan para un hotel que administra, escuchó un adelanto en noticias de que habían encontrado diclofenaco en el Dololed. “Ahí aparecieron las llaves”. El hallazgo fue de la Universidad Industrial de Santander, que analizó varios lotes del medicamento y detectó ese antiinflamatorio químico en un producto vendido como fitoterapéutico natural.

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Para José Gregorio fue la confirmación de que esa sustancia oculta casi lo mata. El laboratorio Pronabell respondió entonces al hallazgo científico con una ofensiva jurídica. Cuestionó los estudios químicos liderados por Elena Stashenko. Presentó recursos contra medios de comunicación y sostuvo que la contaminación podía ser responsabilidad de terceros. El Invima y la Superintendencia de Industria y Comercio abrieron investigaciones. Hubo alertas sanitarias, retiros de lotes y sanciones administrativas. Pero en 2022 el Invima archivó el caso al considerar que no estaba probada la responsabilidad directa del laboratorio. Una decisión que dejó en suspenso la verdad para los consumidores del producto, que seguían sin respuestas claras. Más allá de las dudas administrativas, José Gregorio estaba seguro de lo que había pasado.

En enero de 2023, luego de consultar a varios médicos y ver que las autoridades no llamaban a responder a Pronabell, decidió demandarlos. Su abogado, Jorge Cáceres, profesor de la Universidad Industrial de Santander, ya conocía el caso. En 2020 había defendido a la reputada científica y profesora rusa Elena Stashenko. “En ese momento asumo la defensa, no solo de ella, que estaba siendo acosada judicialmente por sus hallazgos, sino también de la Universidad, que también fue atacada. Con ocasión de esa defensa, tiempo después, me ubicó José Gregorio y me contó su historia”, explicó Cáceres a este diario. La estrategia fue la siguiente: presentar una demanda de responsabilidad civil por producto defectuoso.

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En palabras sencillas: un recurso a través del cual se acude a un juez para pedir que una empresa responda por los daños que causó un producto que salió mal: porque era inseguro, no funcionaba como debía o no advertía adecuadamente sus riesgos. Esa fue, justamente, la conclusión del juez del caso, Néstor Raúl Reyes Ortiz, quien le dio toda la razón a Jorge Cáceres y a José Gregorio Uribe Acelas. Por primera vez desde que se conoció este escándalo denunciado por El Espectador, la justicia reconoció que el laboratorio Pronabell sí es responsable por la contaminación con diclofenaco de un medicamento que se vendió como si fuera absolutamente natural. En la sentencia de 34 páginas, el juzgado tuvo en cuenta todo tipo de pruebas, desde las científicas hasta la defensa del laboratorio demandado.

La conclusión del juzgado fue contundente: Dololed fue un producto defectuoso porque contenía un principio activo químico prohibido y no informado en la etiqueta. El juzgado sostuvo que Pronabell debía responder por los daños y ordenó indemnizar a José Gregorio y a su familia. En palabras sencillas, al menos en este caso particular, para el juez Reyes no hay dudas de que el producto que comercializó Pronabell no ofrecía la seguridad que debía garantizar, no solo porque contenía ese antiinflamatorio (el diclofenaco), un principio activo químico prohibido en productos fitoterapéuticos, sino que no estaba informado en ninguna parte de su envoltorio. Un consumo que para pacientes alérgicos a los Aines, como José Gregorio, puede ser letal.

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“Se hizo justicia”, manifestó José Gregorio en entrevista con este diario, con una aclaración adicional: “Esperemos que el fallo sea confirmado en segunda instancia, porque, como le expliqué a mi apoderado desde el comienzo, aquí estamos hablando nada más que la verdad. Acá en Colombia hay una proliferación de supuestos medicamentos naturales que muchas veces están ayudados, como en este caso, de moléculas químicas. Muchas personas logran potenciar los efectos “positivos” para decir que el medicamento es muy bueno, pero no hay controles suficientes. Nadie protege al consumidor y por eso quise demandar. No por el lucro económico que pueda recibir, sino por tratar de que alguien nos proteja”.

Pronabell apeló el fallo del juez Reyes Ortiz y además argumentó que, en su criterio, esa sentencia no habría sido legal, pues al juez ya se le había acabado el tiempo para tomar una decisión. El Espectador buscó al abogado del laboratorio Pronabell, Carlos Sánchez, para conocer su reacción a este fallo. Sobre el tema señaló: “La decisión no se encuentra en firme, ya que la firma en representación de Laboratorios Pronabell (De la Espriella Lawyers), por un lado, formuló un incidente de nulidad por las graves irregularidades procesales en las que incurrió el juzgador al proferir un fallo sin contar con competencia legal para ello, y, por el otro, se interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia, por cuenta de las graves falencias evidenciadas a lo largo del proceso y en el contenido de la sentencia”.

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Sánchez agregó que la apelación la estudiará la Sala Civil del Tribunal Superior de Bucaramanga e insistió en que la sentencia no está en firme. “Por cuenta de otras irregularidades que se han presentado dentro del proceso, Pronabell presentó una queja disciplinaria contra el juez que está en curso porque realmente no se han tenido garantías en este juzgado. No puedo decir lo mismo de otros en Bucaramanga, pero de este despacho, hemos recibido un trato desigual”, agregó Carlos Sánchez. Por su parte, el representante de la víctima acreditada de este caso, Jorge Cáceres, puntualizó que la sentencia del juez Néstor Raúl Reyes Ortiz es tan importante que incluso podría ser tenida en cuenta por el Consejo de Estado, que desde hace años estudia si mantiene la decisión del Invima de cerrar la investigación contra Pronabell o la reabre.

Para terminar la entrevista con José Gregorio Uribe, El Espectador le preguntó: “Si nosotros titulamos su relato con la frase: ‘Soy un sobreviviente de Dololed”, ¿sería correcto?”. Él contestó sin rodeos: “No es correcta, es perfecta”.

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