La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los grupos armados en Arauca para que respeten los derechos humanos de la población civil de la zona. La petición la hace la entidad tras dos recientes ataques en el que se vieron afectados ciudadanos civiles, incluyendo menores de edad. En la zona se ha registrado que el grupo armado con mayor presencia es el Ejército de Liberación Nacional (Eln).
1/2 Desde @DefensoriaCol rechazamos los hechos ocurridos en Arauca, donde pasajeros, entre ellos menores de edad, fueron obligados a bajar de un bus intermunicipal para posteriormente incinerar el vehículo con su equipaje. pic.twitter.com/SpxN3DZv8n
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) January 15, 2022
De acuerdo con lo dicho por la Defensoría, los grupos armados obligaron a varias personas, incluyendo niños, a bajarse de un bus intermunicipal en el que se transportaban y que posteriormente quemaron con el equipaje de las personas adentro. Asimismo, sostuvo la entidad, “atentaron al parecer con explosivos a la salida del municipio de Saravena, vía Tame, alterando la tranquilidad de los habitantes”.
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Ante esto, la Defensoría exigió “a los grupos armados dejar al margen de sus acciones a la población civil, y el respeto por los #DDHH”. Esta zona del país ha sido noticia en los últimos meses por los constantes enfrentamientos entre grupos armados, sobre todo los protagonizados por las disidencias de las Farc y el Eln.
Según ha dicho la misma Defensoría del Pueblo, la violencia que ocurre en la frontera ha llegado hasta Venezuela donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han afectado a la población civil de ese país. De acuerdo a lo que ha reportado la entidad, los combates entre estos grupos han provocado el desplazamiento forzado de familias venezolanas hacia Puerto Carreño, capital de Vichada.
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Hasta el momento, el ente de control ha atendido 54 personas desplazadas y cerca de 150 indígenas sikuani, que conforman 30 familias, en las orillas del río Meta. Por su parte, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, afirmó que “estas personas llegaron a las oficinas de la Regional Vichada en búsqueda de protección y garantía de sus derechos”.
“Nos informaron que van a llegar más familias desplazadas porque en territorio venezolano estas organizaciones ilegales estaban reclutando adolescentes y personas que tengan hasta 30 años, diciéndoles que si no estaban de acuerdo debían desalojar sus viviendas”, concluyó Camargo.
Debido a la situación, en Puerto Carreño se hizo un consejo extraordinario de seguridad donde se solicitaron acciones a las autoridades para proteger los derechos de las personas y familias vulneradas por la violencia, ya que desde marzo pasado, a través de una alerta temprana, se había advertido sobre el riesgo que podrían correr estas comunidades.
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