La jueza primera Penal del Circuito de Neiva (Huila) ordenó al medio de comunicación CasaMacondo eliminar de su página web todas las publicaciones periodísticas relacionadas con las declaraciones que realizó Jorge Enrique Ibáñez Najar, magistrado de la Corte Constitucional, sobre la mujer con la que tuvo un hijo no reconocido hasta 2004, cuyo proceso se refundió entre los anaqueles de un despacho judicial. El Espectador habló con Juan Pablo Barrientos, periodista que investigó el caso contra el magistrado, quien aseguró que la decisión que les ordena retirar su trabajo se trata de un acto de censura contra el medio independiente.
En el fallo de la jueza Catalina María Manrique Calderón se advierte la orden al medio de comunicación de abstenerse de “efectuar publicaciones que atenten contra la intimidad, la honra o el buen nombre” del magistrado Ibáñez y de Yolanda Inés Robles, madre de Jorge Enrique Ibáñez Robles, quien fue reconocido por el magistrado como su hijo en 2004.
Además, al medio de comunicación le dieron cinco días para publicar una nota en su sitio web en la que se mencione que la investigación realizada por Barrientos fue retirada por orden judicial, “al haberse constatado la vulneración de derechos fundamentales”. Según el fallo, dicha nota deberá permanecer disponible durante 30 días en la página del medio independiente CasaMacondo.
El periodista Juan Pablo Barrientos le manifestó a El Espectador que la siguiente movida del medio de comunicación para conservar su trabajo será “enviarle a la Corte Constitucional una solicitud ciudadana de revisión”, la cual, según explicó, también sería presentada por los tres demandantes, entre quienes están Robles Ramírez y el hijo del magistrado Ibáñez.
Barrientos también afirmó que la decisión que pide retirar las publicaciones demuestra una clara censura: “La jueza, por proteger la intimidad de un hombre poderoso como el magistrado Ibáñez, está revictimizando a sus víctimas. También aquí hay una vulneración directa de los derechos fundamentales de CasaMacondo”.
“Seguiremos peleando para que el acceso a la información sea absolutamente libre en este país”, dijo Barrientos a este diario. Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se pronunció y manifestó su rechazo al fallo de la jueza: “La sentencia configura una afectación desmedida a la libertad de prensa y se traduce en una forma de censura”.
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La FLIP señaló que la investigación periodística de Barrientos abordó asuntos de interés público: “entre ellos, la presunta desaparición de un expediente judicial y las explicaciones ofrecidas por quien ostentó hasta hace pocos días la investidura de presidente de la Corte Constitucional de Colombia”. Por ello, la fundación indicó que impulsará la revisión del fallo ante la alta corte, “con el propósito de que se fijen estándares claros que impidan que decisiones judiciales debiliten y limiten el ejercicio del periodismo”.
El caso por el que CasaMacondo tuvo que retirar su investigación se remonta a la entrevista del magistrado Ibáñez con el medio de comunicación, publicada el pasado 16 de agosto, en la que se habla de un expediente perdido en un juzgado de familia de Ibagué (Tolima). Los documentos extraviados hacían parte de un proceso en el que el togado tuvo que reconocer, en 2004, la paternidad de Jorge Enrique Ibáñez Robles.
En su entrevista con el medio sobre el proceso, el magistrado señaló que apeló dicha decisión judicial y manifestó que el joven no era hijo suyo, que las pruebas de ADN que reposaban en el expediente desaparecido serían falsas y que no tenía conocimiento de que los documentos del caso se hubieran extraviado.
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“Este es un asunto de la paternidad que aparece y se lo pongo con toda la transparencia. Aparece como consecuencia de una conducta de la que yo fui víctima. Especialmente, digamos, fui víctima de abuso sexual por parte de una señora”, dijo el magistrado en la entrevista. El togado también señaló que la mujer lo “invitó a que nos tomáramos algo y seguramente yo terminé metido en una situación de indefensión, donde yo pude haber tenido una relación con ella”.
El 11 de diciembre de 2025, el juzgado de Neiva resolvió una tutela presentada por el hijo del magistrado y por su madre, en la cual señalaron que Ibáñez padre vulneró sus derechos al buen nombre y a la honra. En esa decisión, el juzgado concluyó que el magistrado debía retractarse y pedir disculpas, “por cuanto en ellas (las afirmaciones) sí se estarían realizando señalamientos graves y lesivos en contra de la señora Robles Ramírez, sin advertirse ningún tipo de sustento para ello”.
Según el juzgado, al realizar el análisis de las afirmaciones del magistrado, “resulta claro que estas son categóricas en señalar que él fue víctima de abuso sexual por parte de la señora Yolanda Inés Robles Ramírez, pero además, que lo puso en un estado de indefensión al ingerir un café o alguna cosa, y que producto de ello, fue que termino teniendo una relación sexual con la accionante”. Para esa instancia, las versiones entregadas por el presidente del alto tribunal “no solo son manifestaciones ofensivas, sino que mancillan el buen nombre y la honra de una mujer con la que tuvo un hijo”.
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El 19 de diciembre, el magistrado Ibáñez rectificó las afirmaciones contra Robles Ramírez, señalando que: “no he asegurado ni aseguro, porque no me consta, en tanto no tengo elementos probatorios que así lo certifiquen y por tratarse simplemente de una hipótesis descartada nunca acudí a la administración de justicia para solicitar investigación, que haya sido víctima de abuso sexual por parte de la citada señora con la cual no tuve relación alguna”.
Asimismo, señaló que tampoco le consta que Robles Ramírez le hubiese suministrado alguna sustancia que lo hubiera puesto en estado de indefensión, como manifestó durante la entrevista. Además, agregó que: “en ningún momento fue mi intención afectar su buen nombre, su honra ni su dignidad, valores que merecen la más alta protección y respeto”.
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