Una joven de 16 años está entre las cuatro personas que murieron durante el bombardeo de las Fuerzas Militares contra disidentes del frente 33, realizado el pasado 10 de octubre en zona rural de Tibú (Norte de Santander). El resultado de la operación fue confirmado por el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, a través de un video.
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“El balance operacional reporta cuatro integrantes de esta estructura muertos en desarrollo de operaciones militares, tres de sexo masculino y una más de femenino. Según el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal, la última corresponde a una adolescente de 16 años”, señaló el ministro. En su declaración, Mora aseguró que la menor se mantenía en “función continua de combate en este campamento”.
Según el comunicado del Ministerio de Defensa, la operación comenzó a las 10:00 p. m. del pasado 10 de octubre y fue ejecutada de manera conjunta contra el frente 33, disidencia de las Farc al mando de alias “Calarcá”. La cartera sostiene que los objetivos habían sido identificados y delimitados con antelación, y que el planeamiento incluyó medidas de protección para la población civil, en aplicación de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del derecho internacional humanitario (DIH).
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De acuerdo con el Ministerio, labores de inteligencia permitieron ubicar campamentos, un búnker y áreas preparadas con artefactos explosivos improvisados. Por esas condiciones, las Fuerzas Militares decidieron utilizar primero el componente aéreo y luego enviar tropas por tierra para asegurar y registrar el sector. En esta fase de consolidación de los resultados, tres soldados resultaron heridos al activarse un campo minado cerca de uno de los campamentos.
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Las autoridades militares aseguran haber incautado diez fusiles, una ametralladora, una pistola, un revólver, 57 cargadores, 3.867 cartuchos de distintos calibres, dos miras ópticas, tres celulares y material de intendencia. También afirman haber hallado tres campamentos con capacidad aproximada para 36 integrantes de la estructura, tres áreas con explosivos improvisados, un búnker y cinco brazaletes alusivos a las Farc.
En relación con la muerte de la adolescente de 16 años, en su pronunciamiento, el ministro Mora condenó el reclutamiento y la instrumentalización de menores por parte de los grupos armados. “Las Fuerzas Militares condenan, una vez más, el reclutamiento e instrumentalización de menores por los grupos armados, práctica que los expone a las hostilidades de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario”, sostuvo el ministro de Defensa.
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El Gobierno justificó la ofensiva como una acción para proteger a las comunidades rurales de Tibú frente a los combates entre el frente 33 y el Eln, que se disputan el control de los corredores del Catatumbo para el tráfico de drogas y la minería ilegal. Según la cartera, ambos grupos han destruido numerosas viviendas con ataques indiscriminados con drones cargados con explosivos y han sembrado campos minados que siguen poniendo en riesgo a civiles y a la fuerza pública. Añadió que esos daños fueron documentados mucho antes de la operación y que el Estado “seguirá empleando sus capacidades legítimas en el marco de la Constitución, la ley y el DIH”.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se pronunció ante los medios de comunicación y señaló: "Nos estamos acostumbrando a que es parte, a que es un daño colateral de la guerra, el hecho de que mueran menores de edad. Esos menores son víctimas y no dejan de serlo por el hecho de que hayan entrado a los grupos armados".
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A renglón seguido, aseveró: "Tanto el Frente 33 como el Ejército de Liberación Nacional (Eln), en el Catatumbo, incurren en el reclutamiento, es un hecho probado, es un crimen de guerra, deben suspenderlo de inmediato, y esa responsabilidad también es de ellos".
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