En la tarde de este 9 de octubre, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia concedió la libertad provisional a los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, por vencimiento de términos. Ambos políticos están acusados por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Los excongresistas enfrentan un juicio por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio, tras ser acusados el 27 de agosto de 2025. En noviembre de ese año, la defensa de Andrés Calle pidió que se revocara la medida de aseguramiento intramural ordenada de forma preventiva en contra de los dos excongresistas. Pero la solicitud fue negada, apelada y confirmada luego por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
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Luego, los abogados de Iván Name y Andrés Calle solicitaron la revocatoria de las medidas de aseguramiento en su contra por vencimiento de términos, pero de nuevo las peticiones fueron negadas en abril y julio de este año, en primera y segunda instancia. El 8 de octubre, una vez más, los abogados de los excongresistas pidieron tumbar la medida de aseguramiento argumentando un vencimiento de términos.
Los abogados sostuvieron que, habiendo quedado en firme la acusación en contra de Iván Name y Andrés Calle el 7 de octubre de 2025, había un plazo de un año para avanzar en el juicio. Pero eso no ocurrió y, según la defensa de los excongresistas, no hay razones claras para que el proceso siga estancado y la defensa de los expresidentes del Senado y de la Cámara no ha interpuesto recursos que hayan retrasado el proceso.
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Al evaluar la solicitud de los excongresistas, la Sala Especial de Primera Instancia señaló que, en principio, el plazo entre la acusación y el inicio del juicio es de seis meses. Pero al haberse decretado una prueba en el exterior, el plazo se amplió a 12 meses. Iván Name y Andrés Calle están privados de la libertad desde el 7 de mayo de 2025; ha corrido más de un año y el proceso aún está en práctica de pruebas.
"No es dable predicar que la audiencia pública se encuentre suspendida por causa justa o razonable, o que su no realización se hubiere producido por causa atribuible a los sindicados o a sus defensores técnicos", se lee en la decisión. Y agrega que, en el marco del proceso, han recibido declaraciones de 12 personas y han adelantado las labores necesarias para recoger las pruebas en contra de los excongresistas llamados a juicio por presunta corrupción.
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En ese sentido, la Sala de Primera Instancia del alto tribunal señala que no hay razones para mantener a los excongresistas privados de la libertad. La decisión ordena emitir la boleta de libertad de Iván Name y Andrés Calle, siempre y cuando paguen una caución equivalente a 10 salarios mínimos y firmen un compromiso relacionado con su atención al proceso penal que se adelanta en su contra.
Ahora, los excongresistas enfrentarán en libertad el proceso que se adelanta en su contra por, presuntamente, haber recibido dinero del desfalco a la Ungrd. La investigación señala que en septiembre de 2023 se habría realizado una reunión en la casa de Nariño en la que habrían participado el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), hoy prófugo en Nicaragua, y los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, llamados a juicio por este caso.
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En ese encuentro, dice la investigación, se habría acordado que el entonces director de la Ungrd, Olmedo López, conseguiría dinero de la entidad a su cargo para pagarles coimas de COP 3.000 millones a Iván Name y COP 1.000 millones a Andrés Calle, a cambio de que apoyaran la votación de proyectos del gobierno Petro en el Congreso, especialmente los relacionados con la reforma pensional y la reforma a la salud.
Quien se habría encargado de canalizar los COP 4.000 millones para el supuesto soborno habría sido Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd y uno de los testigos clave del entramado de corrupción, por medio de un supuesto préstamo de Pedro José Castro Espinosa. Quien habría facilitado la entrega de los dineros habría sido Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las Regiones, quien también está llamada a juicio por este caso.
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El pago al prestamista, según la investigación, se habría hecho con recursos de una comisión de un contrato entregado por la Ungrd por COP 46.800 millones para la compra de 40 carrotanques destinados a llevar agua a comunidades de La Guajira. "Los aforados habrían tenido conocimiento de que los dineros de los cuales presuntamente se apropiaron tenían un vínculo (mediato o funcional) con el patrimonio de la Ungrd", dice la Sala de Primera Instancia en el contexto de su decisión más reciente.
Puntualiza que Andrés Calle habría recibido el 23 de septiembre de 2023 una promesa de quedarse con COP 1.000 millones del negocio irregular, por parte de Olmedo López. Iván Name, por su parte, se habría enterado del origen ilegal de las coimas dos días después, el 25 de septiembre, por parte de Sandra Ortiz, en una reunión en la que también habría estado López. "Su presencia habría operado como garantía del compromiso de conseguir los recursos prometidos al congresista", concluye el documento.
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