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El próximo 6 de septiembre el Estado colombiano vuelve al banquillo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una audiencia especial de seguimiento a las medidas de reparación que ordenó ese tribunal internacional en 2014 con relación a las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Las víctimas habían pedido que, como un “acto de memoria” los dejaran colgar “seis esqueletos incompletos y cinco imágenes humanas en cartón negro” para simbolizar a sus familiares. El Gobierno, sin embargo, negó la solicitud porque el edificio donde se llevará a cabo la audiencia es “patrimonio cultural”.
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Carlos Rodríguez, Irma Franco Pineda, Cristina Guarín, Gloria Anzola de Lanao, Norma Esguerra Forero, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis y Lucy Amparo Oviedo, son las 11 personas que, según la Corte IDH, fueron desaparecidas tras el holocausto del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. En un fallo que ya va a cumplir seis años, la instancia internacional encontró responsable al Estado colombiano de la vulneración de los derechos de las víctimas.
Por considerar que Colombia ha incumplido con lo ordenado por la Corte, las víctimas pidieron una audiencia de seguimiento que sirviera como un paso al tablero del Estado. En el marco de esa diligencia es que querían realizar el “acto de memoria”. La solicitud la hizo René Guarín, hermano de una de las víctimas de desaparición. Según le dijo Guarín a El Espectador, cuando hizo la solicitud, él no quería que la diligencia fuera “una de esas audiencias aburridas” y pensó en una forma de representar el caso: seis esqueletos incompletos, por los seis familiares de los que han recibido solo restos, y cinco cuerpos en cartón negro, por los que todavía no hay rastro.
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El tribunal les respondió en ese momento que había otorgado “un plazo de una semana a las partes para que expresen su parecer” y el asunto se quedó así. Las partes en este caso son, por un lado, el Estado colombiano, representado en entidades como la Cancillería y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y, por otro, las víctimas, representado por familiares de los desaparecidos como René Guarín y las organizaciones que los han acompañado, como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
En una nueva comunicación, el presidente de la Corte IDH les hizo saber a las víctimas que su petición de un acto simbólico fue rechazada por el Estado colombiano. La audiencia se llevará a cabo en el Palacio San Carlos, donde funciona el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá y, según le dijo el Gobierno a la Corte IDH, como el edificio es “patrimonio cultural de la Nación”, no se puede intervenir de la manera que pedían las víctimas.
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Sin embargo, el presidente de la Corte agregó que, “las personas acreditadas a la audiencia podrán ingresar a la misma con símbolos y carteles que no requieran ser colgados o apoyados en la estructura del edificio donde se realizará la audiencia”. Es decir, la Corte acoge la negativa de la Cancillería a que las víctimas realicen el acto de memoria que habían pedido, pero sí aclara que cualquier otra simbología que no intervenga en la estructura del edificio, será bienvenida en la audiencia.