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En Colombia, entre enero y noviembre de 2025, se registraron 111 feminicidios y 297 tentativas, según el más reciente balance de la Defensoría del Pueblo sobre violencias basadas en género. Aunque las cifras representan una reducción frente a 2024, la entidad advirtió que la violencia contra las mujeres sigue siendo una problemática persistente en distintas regiones del país.
Estos registros continúan concentrándose en departamentos como Caquetá, Amazonas y Casanare, que presentan las tasas más altas por cada 100.000 habitantes. Además, los transfeminicidios aumentaron de 20 a 26 casos, lo que, de acuerdo con la entidad, refleja la especial vulnerabilidad de las personas trans frente a las violencias de género.
El informe también da cuenta de 13.832 delitos sexuales y 12.873 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres durante el mismo periodo. Si bien ambos indicadores muestran una leve disminución respecto al año anterior, la Defensoría subrayó que persisten los patrones estructurales de violencia.
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Los delitos sexuales siguen siendo la forma de agresión más frecuente. De los 13.832 casos reportados, más del 55 % (7.603 casos) corresponde a niñas y adolescentes, con especial incidencia en Vaupés, Guaviare y Guainía, departamentos que superan los 240 casos por cada 100.000 mujeres.
Más que datos: son alertas que no pueden esperar.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) December 25, 2025
Cerrar el año con estas cifras exige una respuesta urgente del Estado y de la sociedad. pic.twitter.com/lNQkog8S0f
En cuanto a la violencia intrafamiliar, aunque se redujo frente a los 16.947 casos registrados en 2024, pasando a 2025 a 12.837, continúa siendo una de las agresiones más extendidas. Guaviare, Boyacá y Vaupés encabezan los índices más altos, y aunque la mayoría de las víctimas son mujeres adultas, cerca de 2.000 casos afectan a niñas y adolescentes.
Otros delitos, como la explotación sexual de menores, bajaron de 211 casos en 2024 a 129 en 2025, y la trata de personas pasó de 209 a 175 registros. Este último delito presenta mayor incidencia en Norte de Santander, Meta y Putumayo, zonas donde la presencia de economías ilegales y actores armados incrementa los riesgos para las mujeres.
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La Defensoría del Pueblo insistió en que, pese a la reducción de algunos indicadores, las violencias contra las mujeres siguen concentrándose en territorios con alta conflictividad social y débil presencia integral del Estado, por lo que reiteró el llamado a fortalecer las políticas de prevención, atención y protección para evitar que estas cifras continúen repitiéndose.
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