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El agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que le disparó a Wilber Rafael Garcés Pérez, un repartidor venezolano de 28 años, en Austin (Texas), había sido contratado hasta el año pasado y no llevaba puesta su cámara corporal. Los detalles fueron revelados por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el lunes, en medio de las protestas que ha dejado el episodio en este estado sureño.
De acuerdo con NBC, el agente sí tenía una cámara asignada, pero ni siquiera sus superiores saben por qué no la usaba. Un compañero que iba en el mismo vehículo tenía la suya encendida, pero esa grabación solo registró parte del incidente y no el momento del disparo. Las normas de ICE exigen activar las cámaras antes de cualquier operativo y mantenerlas grabando hasta que termine.
Según The Atlantic, el agente había trabajado antes en otra agencia federal. La versión oficial apunta a que los agentes intentaron detener el carro de Garcés Pérez, él huyó y casi atropella a un oficial. Cuando intentaron arrestarlo, volvió a arrancar, y entonces el agente abrió fuego.
Garcés Pérez cuenta otra historia. Por teléfono, desde el centro de detención, dijo que estaba dando una vuelta para estacionar cuando una camioneta sin identificación lo embistió. Su abogada asegura que él nunca supo que eran agentes de ICE y pidió no creer ninguna versión oficial hasta que muestren los videos.
“Ahora sabemos que el disparo le fracturó la clavícula, que tiene una inflamación considerable y que lleva un cabestrillo. Sin embargo, aún no tenemos claro la causa ni el alcance de la limitación de movimiento que sufrió”, informó la abogada del migrante, Kate Lincoln-Goldfinch.
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Según Lincoln-Goldfinch, la bala sigue alojada en su espalda. Apenas cuatro horas después de ser herido, Garcés ya estaba bajo custodia migratoria en Pearsall. Su abogada denunció que, tras hablar con la prensa, lo aislaron y le quitaron la tableta con la que se comunicaba. El DHS no ha respondido sobre esas acusaciones.
El martes, un juez federal frenó temporalmente su deportación, y la Fiscalía del condado de Travis pidió que se quede en el país como testigo clave de su investigación penal. Según su abogada, entró legalmente y buscaba asilo, pero la orden de deportación se dictó en ausencia porque la citación llegó a una dirección antigua.
El caso estalla luego de varios episodios de violencia que llevaron al director de ICE, David Venturella, a prometer que equipararía con cámaras a todos sus agentes antes de finales de agosto. Esto, sin embargo, no se cumplió.
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