Argentina ofrecerá ciudadanía a extranjeros que inviertan desde USD 350.000

El programa fue anunciado por el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante la Argentina Week, que se celebra en París y se enmarca, según el Gobierno, en el proceso de "apertura e integración internacional que impulsa la Argentina", acompañado de reformas destinadas a fortalecer el clima de inversión y promover la llegada de capitales.

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La iniciativa establece dos vías para el solicitante principal: un aporte directo y no reembolsable de USD 350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por USD 800.000 creado específicamente para el programa.

El esquema también contempla al cónyuge y a los hijos del solicitante principal. Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, podrán solicitar la ciudadanía mediante un aporte de 100.000 dólares, mientras que para los menores de 18 años se establece un aporte de USD 25.000.

Controles de seguridad

Las solicitudes estarán sujetas a "un proceso de evaluación riguroso destinado a preservar la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y el prestigio internacional de la ciudadanía argentina", según detalló un comunicado oficial del Ministerio de Economía.

El proceso incluirá la verificación de identidad, la trazabilidad y licitud del origen de los fondos, análisis patrimoniales y financieros, evaluación del riesgo jurisdiccional, revisión de antecedentes penales y reputacionales e historial migratorio.

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La evaluación estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con intervención de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior. La agencia elevará su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que aprobará o rechazará cada solicitud.

El Gobierno indicó que los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y cumplir con los estándares de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y transparencia financiera, alineados con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Los recursos obtenidos se destinarán, según el Ejecutivo, a "continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la República Argentina".

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