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Recientes estudios comparativos de alcance mundial subrayan la importancia de actualizar la comprensión en torno al fenómeno del crimen organizado. Es fundamental que en América Latina consideremos el valor de los principales hallazgos en la materia. Un dato inicial elocuente: según el Índice sobre Crimen Organizado Global (Global Organized Crime Index), el 83 % de la población mundial vive en áreas geográficas con altos niveles de criminalidad.
De manera convencional, se concibió al crimen organizado como una organización jerárquica dispuesta a usar selectivamente la violencia para sostener sus negocios ilícitos, carente de objetivos políticos, referente de una subcultura singular, generadora de corrupción, y con el propósito de adquirir poder y prestigio sin necesidad de capturar el Estado, sea bajo un régimen democrático o autoritario.
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Nuevos estudios, con abundante evidencia empírica, muestran que el crimen organizado más asertivo ha adquirido estructuras reticulares —diferentes a las mafias clásicas— y comportamientos más predatorios; han multiplicado y diversificado negocios ilegales —cubriendo drogas psicoactivas de base natural y sintética, trata de personas, minería ilícita, trasiego de armas ligeras, saqueo de bienes culturales, etc.—, así como mayores mercados y acceso a sistemas financieros bancarios de diverso tipo; han fortalecido alianzas globales con actores estatales y agentes privados; han ampliado el repertorio de recursos tecnológicos a su disposición, facilitando así su expansión geográfica y su capacidad de blindar su seguridad; y han avanzado en términos de objetivos políticos en el plano local y nacional. Paralelamente, ha proliferado un modo de articulación entre la economía y la política criminal y la economía y la política lícita por diferentes vías, generando el auge de una policriminalidad que consigue establecer una relación simbiótica que hace borrosa la frontera entre la legalidad y la ilegalidad, y entre lo público y lo privado.
En ese contexto, cabe recordar que en América Latina y el Caribe se concentra el 8,3 % de la población mundial, pero registra el 28,9 % de los homicidios globales. En lo que refiere al crimen organizado, una investigación (Criminal Governance in Latin America: Prevalence and Correlates) publicada en Perspectives on Politics en agosto de 2025 y que cubre 18 países de la región, afirma que entre 77 y 101 millones de personas viven en áreas rurales y urbanas bajo una forma de control social y político violento: la gobernanza criminal. El crimen organizado se ha ido erigiendo en autoridad ante el debilitamiento, repliegue, incapacidad o cooptación de un Estado resquebrajado en sus pilares básicos. Algunos segmentos pueden beneficiarse temporalmente de esa gobernanza, pero para la mayoría de los ciudadanos la inseguridad y arbitrariedad es rampante y agobiante. Hasta acá lo que sabemos sobre la criminalidad organizada actual.
Con ese telón de fondo, Estados Unidos, desde antes de Trump I, pero con más intensidad y fervor en su segundo mandato, ha ido dejando atrás la retórica de la “guerra contra las drogas” en favor de otra cruzada más ambiciosa: la “guerra contra el crimen organizado”. El crimen organizado deja de ser un asunto doméstico; por eso el hincapié en su alcance transnacional, que diluye los límites entre lo interno y lo internacional. Dada la envergadura alcanzada, el crimen organizado se presenta, entonces, como un “enemigo común” para las naciones sin distinción. En ese combate, se argumenta que el papel de los cuerpos de seguridad es insuficiente y se requiere, por tanto, el involucramiento decisivo de los militares.
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Es bueno subrayar que la manipulación y tergiversación de las funciones propias de las fuerzas armadas en cuestiones de orden público ha sido estudiada por muchos especialistas, en el sur global y el norte global. La mecánica opera así: una fracción de la élite está siempre dispuesta a aumentar el rol interno de los militares. Los tomadores de decisión saben, también, que se debe generar un clima propicio para “vender” esa iniciativa. Hechos domésticos y externos de alto impacto se utilizan como pretexto para propiciar políticas y proponer leyes destinadas a legitimar la “nueva” guerra. Ese es el manual de la militarización de cuestiones de orden público que se ha asimilado en América Latina. Washington estimula desde años la militarización y la región, en general, la ha adoptado. En los gobiernos de derecha esa aceptación es habitual y expeditiva; así sea un fiasco.
Ahora bien, ¿cuál ha sido el legado de la participación de las fuerzas armadas en la previa “guerra contra las drogas”? De manera sintética, todos los trabajos e informes serios muestran claramente que las proclamas, a lo largo y ancho de la región, de recurrentes victorias pírricas solo esconden una elocuente derrota estratégica: las fuerzas armadas no han erradicado por completo en ningún país las áreas sembradas de cannabis, coca y amapola ni destruido los laboratorios que convierten esos cultivos en marihuana, cocaína y heroína, ni disuadido o derrotado a los principales carteles latinoamericanos, ni revertido la acumulación de poder e influencia de los narcotraficantes, ni aportado a la reducción de la masiva violación de los derechos humanos derivadas del negocio de las drogas, ni impedido la fenomenal expansión de la corrupción pública y privada, ni disminuido los altos niveles de violencia, ni asegurado la soberanía territorial en los países. Eso también ya lo sabemos.
La “guerra contra el crimen organizado” será aún más funesta para América Latina si la región —cada vez más volcada a la ultraderecha— acepta y aplica la política militarista de Estados Unidos que hoy se sintetiza en el llamado “Escudo de las Américas”, establecido en marzo de este año y que ha convertido al Comando Sur en una suerte de procónsul regional. Latinoamérica necesita un enfoque propio y alternativo.
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Algunas premisas de tal estrategia podrían ser las siguientes. Primero, el problema del crimen organizado es un problema de gobernabilidad democrática: la hipersecuritización de su abordaje solo profundizará su ubicuidad, poderío y resiliencia. El crimen organizado socava la democracia, debilita el Estado de derecho, facilita la corrupción, aumenta la injusticia social, produce costos directos e indirectos sobre la economía, exacerba una subcultura que premia la ilicitud y la violencia, degrada el sistema político, afecta la soberanía nacional y reduce la autonomía en el frente internacional.
Segundo, el avance de la legalidad y la estatalidad debería ser esencial. El crimen organizado se nutre de la ilegalidad y se fortalece con la extenuación estatal. Sin ley y sin Estado prosperan siempre poderosos actores violentos que van medrando sobre la sociedad y la política. Tercero, adicionalmente la mejor manera de afrontar el gran reto del crimen organizado es asumir que se requiere una buena política pública en materia de derechos humanos, justicia, inteligencia, educación, empleo y salud, entre otras. El crimen organizado es la expresión de un fenómeno social, político, económico y cultural muy hondo y su eventual contención y potencial reversión requiere afrontar los dilemas y desafíos estructurales que lo han alimentado, lo reproducen y tienden a enraizarlo.
Y cuarto, es indispensable apuntar a la base material del crimen organizado. Si se disimula y desdeña la naturaleza lucrativa del crimen y su tolerancia con distintas modalidades de lavado de activos e inversión en áreas rentables, entonces todo esfuerzo por desmantelar su incidencia social, política y económica tendrá resultados acotados. Buena parte de los esfuerzos institucionales dedicados a abordar el componente criminal de las nuevas modalidades de criminalidad organizada se deberían orientar en esa dirección. La investigación y desarticulación del crimen organizado es prioritaria.
En resumen, es tiempo de repensar el nexo entre crimen organizado y militarización. Tenemos ya demasiada experiencia negativa acumulada. Es momento de reenfocar la estrategia nacional y regional en la materia. Es lo que aún podemos hacer.
*Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina). Miembro del Conversatorio Latinoamericano que mancomuna un consorcio de cuatro universidades (Universidad de los Andes, Colombia; El Colegio de México, México; la Universidad Estadual de Río de Janeiro, Brasil, y la Universidad Torcuato Di Tella, Argentina).
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Por Juan Gabriel Tokatlian*
