Los días son eternos en el nuevo centro de detención de migrantes en los Everglades de Florida. Recluidos en espacios sin ventanas ni relojes, bajo lámparas siempre encendidas y casi sin ver la luz del sol, los presos pierden la noción del tiempo.
Varios detenidos, familiares y abogados denuncian pésimas condiciones de detención en el lugar apodado “Alcatraz de los Caimanes”: suciedad por doquier, falta de atención médica, malos tratos y violación de sus derechos legales.
“Ni a un animal lo tratan así. Esto es como una tortura”, dijo Luis González, un cubano de 25 años que llamó a la AFP desde el interior del centro.
Florida levantó en ocho días estas instalaciones (abiertas el 2 de julio en un aeródromo abandonado en el humedal de los Everglades) para ayudar a la administración de Donald Trump en su cruzada contra la inmigración irregular.
El estado del sureste, gobernado por el republicano Ron DeSantis, firmó un acuerdo con la policía migratoria (ICE) para detener a extranjeros indocumentados, una competencia que hasta el momento solo tenían las autoridades federales. Y ahora el gobierno de Trump quiere convertir esto en un modelo para otros centros de detención del país.
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Encadenados y tratados como “asesinos”
González llegó a Estados Unidos en 2022 y se instaló en Florida, después de que las autoridades lo liberaran mientras se revisaba su solicitud de asilo. El mes pasado, cuando un juez migratorio desestimó su caso, agentes del ICE lo arrestaron y lo llevaron a “Alcatraz de los Caimanes”.
Según él, lo tuvieron más de un día encadenado de manos, cintura y pies en un autobús con otros detenidos, antes de conducirlo a una de las grandes tiendas de campaña que acogen ocho celdas cada una.
“No he visto la luz del sol en los 14 días que llevó aquí”, dijo: “No nos sacan nunca de las carpas. Y cuando nos trasladan al comedor, nos llevan con las manos en la cabeza como si fuéramos asesinos”.
En la celda que comparte con unas 30 personas —un espacio cercado con alambradas que compara a un gallinero— no limpian casi nunca, ni siquiera los tres inodoros compartidos. González no recibió dentífrico ni desodorante y, en el momento de su llamada, llevaba una semana sin ducharse. Los días son calurosos, con nubes de mosquitos en las celdas, y las noches tan heladas que las mantas no sirven para aplacar el frío.
Golpes, aislamiento y desesperación
González y otros detenidos han denunciado también la falta de cuidados médicos.
Michael Borrego Fernández, de 35 años, se quejó de dolores, pero no fue atendido hasta que empezó a desangrarse, según su abogado Mich González. Tuvo que ser hospitalizado y operado de emergencia por hemorroides. A su regreso, no le dieron antibióticos, por lo que sus heridas se infectaron y volvió a ser hospitalizado.
Algunos presos, como Marcos Puig, de 31 años, se han rebelado contra esas condiciones. Antes de una visita de oficiales, los guardias lo aislaron para evitar que protestase, indicó por teléfono desde otro centro de Florida donde se encuentra ahora.
Indignado, rompió un inodoro, lo que provocó que una decena de guardias lo esposaran y le dieran puñetazos y patadas en todo el cuerpo. Después, aseguró que lo dejaron unas 12 horas arrodillado en un espacio sin cámaras ni aire acondicionado, antes de trasladarlo a otro lugar de detención. “Llegué aquí desbaratado. Quedé lleno de morados”, señaló.
Otro recluso, Gonzalo Almanza Valdés, denunció haber visto malos tratos. “Ayer dos guardias le dieron tremenda paliza a un par de personas en el almuerzo”, afirmó en una llamada con su esposa, grabada y compartida por ella con la AFP.
La desesperación ha llevado a algunos al límite. El domingo, durante una protesta frente a la entrada del centro, Sonia Bichara llamó a su pareja, el detenido Rafael Collado. Por el altavoz del móvil, el hombre de 63 años declaró: “He intentado suicidarme dos veces, me he cortado las venas. He estado en huelga de hambre”. Pero, contactadas por la AFP, las autoridades floridanas encargadas del centro negaron todas estas acusaciones.
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Un centro “completamente ilegal”
Activistas, abogados y opositores han exigido el cierre de estas instalaciones, sobre las que penden dos demandas judiciales. La primera alega que no se respeta el derecho a un debido proceso de los migrantes. “Hay gente que está ahí desde que llegó y que todavía no ha visto un juez. Y eso no puede ser, es completamente ilegal”, aseguró Magdalena Cuprys, la abogada de Luis González.
Según ella, las cortes migratorias que deberían atender a los presos no lo hacen porque aseguran no tener jurisdicción sobre el centro, ya que no es federal. Los detenidos no pueden, por tanto, solicitar que se revisen sus casos o pedir la libertad bajo fianza.
La segunda demanda alega que ese lugar amenaza el ecosistema de los Everglades, una zona protegida que acoge más de 2.000 especies de plantas y animales, incluidos los caimanes, que inspiran el apodo del proyecto. La semana pasada, una jueza federal ordenó la suspensión por 14 días de toda nueva construcción en el centro mientras estudia el caso.
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