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La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el 22 de octubre unas reformas a la Ley de Movilidad Humana que endurecen la política migratoria, agilizando las deportaciones y estableciendo requisitos más estrictos para el ingreso al país.
🔑Las claves de la nueva ley migratoria en Ecuador (por si tiene afán)
- Ecuador aprueba reformas a la Ley de Movilidad Humana para endurecer la política migratoria.
- Exigen antecedentes penales para ingresar y obtener visas o naturalización.
- Agilizan deportaciones y extienden la prohibición de reingreso hasta 40 años.
- Facilitan trámites para ecuatorianos en el exterior y crean la visa de transeúnte.
- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados alerta sobre 313.000 desplazados internos y recomienda un registro nacional.
Entre los cambios principales está la exigencia de antecedentes penales para entrar al país y la creación de mecanismos de deportación exprés para extranjeros que representen una amenaza comprobada a la seguridad pública o nacional. Además, se extendió la prohibición de reingreso hasta por 40 años para personas deportadas bajo estas nuevas normas, según Infobae.
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La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, presidida por la legisladora oficialista Lucía Jaramillo, integró ocho iniciativas legislativas relacionadas con la movilidad humana en un solo informe.
Este documento fue aprobado después de un extenso proceso de socialización con entidades gubernamentales, organizaciones internacionales y expertos en materia migratoria.
Dentro de las modificaciones principales destaca la imposición de requisitos de antecedentes penales y registros migratorios para permitir el ingreso, la obtención de visados o la naturalización de extranjeros.
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Según la norma vigente, cualquier persona que desee entrar a Ecuador debe presentar un certificado judicial válido de su país de origen o residencia, requisito que también será obligatorio para la concesión de visas temporales o permanentes, según Infobae.
La normativa sancionada mantiene vigente la prohibición de las expulsiones masivas y de la práctica conocida como “devolución en caliente”, respetando los estándares internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Sin embargo, se amplían las causales para cancelar visas y deportar a extranjeros, incluyendo la repetición de delitos graves y la presentación de documentos migratorios falsificados.
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Estas modificaciones vienen tras varias tensiones bilaterales, como la deportación masiva de presos colombianos, y han generado debate sobre derechos humanos y la aplicación de la ley en contexto de seguridad interna y conflicto armado declarado en Ecuador.
La nueva normativa incorpora la figura de “solicitud abusiva o ilegítima “para el refugio, permitiendo al Estado negar o cancelar aquellas peticiones consideradas falsas o usadas para eludir procedimientos legales.
Esta disposición ha sido cuestionada por expertos y defensores de derechos humanos que alertan sobre el riesgo de restringir el principio de ”no devolución", esencial en la protección internacional de personas refugiadas, según Infobae.
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Se aprobaron reformas que simplifican los procedimientos para los ciudadanos que se encuentran fuera del país, facilitando su retorno, la repatriación de restos y la gestión de bienes. Se incorporó la “visa de transeúnte” y la actualización obligatoria de registros migratorios, con el objetivo de adaptar la ley a las necesidades actuales y acelerar los trámites.
Al mismo tiempo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) alertó sobre el aumento significativo del desplazamiento interno por actos violentos, afectando a más de 313.000 personas entre 2022 y 2024, y recomendó implementar un registro nacional para esta población vulnerable
La Cancillería asegura que la reforma armoniza estándares internacionales con la seguridad interna, manteniendo el compromiso con los derechos humanos.
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