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La administración de Donald Trump ha invertido más de USD 30 millones en deportar inmigrantes a terceros países, los cuales no siempre corresponden a sus naciones de origen, con costos que superan el millón de dólares por individuo en ciertas instancias, según un informe reciente del personal demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, presidida por un senador demócrata.
En los casos documentados donde se ha gastado más dinero, se deporta a los migrantes a un tercer país y luego son enviados a su país de origen, lo que incrementa los viajes y por ende, los costos.
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El informe, liderado por la senadora Jeanne Shaheen, la demócrata de mayor rango en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado presenta uno de los análisis más exhaustivos sobre los pactos de deportación a terceros países impulsados por la administración actual, en respuesta a las críticas por la falta de transparencia en los detalles de dichos acuerdos, según CNN.
Más viajes, más costos
El informe revela que el Gobierno ha concretado convenios o a deportado ciudadanos de terceros países a más de 20 destinos distintos, mientras busca expandir estos arreglos a docenas de naciones más.
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Según el informe, los acuerdos firmados con cinco países —Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Eswatini y Palau— le han costado a Estados Unidos más de USD 32 millones. Una parte significativa de ese dinero se entregó mediante pagos únicos y, en muchos casos, incluso antes de que los migrantes trasladados desde territorio estadounidense llegaran efectivamente a esos destinos.
En conjunto, estos cinco países recibieron pagos que rondan el millón de dólares cada uno, pero solo acogieron a cerca de 300 personas procedentes de Estados Unidos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad entre el gasto realizado y el número de migrantes reasentados.
El Salvador es el país que más migrantes no originarios ha recibido de entre los cinco mencionados, con cerca de 250 personas enviadas allí tras una subvención de USD 4,76 millones destinada a su encarcelamiento.
El gobierno justificó esta medida alegando vínculos con el Tren de Aragua y otros grupos delincuenciales similares, sin embargo, tales afirmaciones han sido refutadas en numerosos casos por familiares y allegados, según CNN.
Además, un factor que eleva considerablemente los costos es el uso de aviones militares de alta capacidad y gasto operativo para trasladar a los migrantes, aun en casos donde el número de pasajeros es reducido y podría optarse por aeronaves comerciales o más pequeñas y eficientes, según el informe.
Ejemplos de ineficiencia y riesgos
Hasta enero de 2026, solo 51 personas fueron enviadas a los otros cuatro países, según el informe. Ruanda, que recibió USD 7,5 millones de EE. UU., acogió apenas a siete nacionales de terceros países, lo que implica un costo superior a USD 1 millón por deportado con fondos de los contribuyentes.
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El informe destaca casos ineficientes: un mexicano fue deportado de EE.UU. a Sudán del Sur y luego retornó a México. En otro, un jamaiquino con orden de regreso a su país fue enviado a Eswatini (a un costo estimado de más de US$ 181.000) para, semanas después, ser trasladado de vuelta a Jamaica.
Esto plantea serios problemas. El informe lo califica como un gasto innecesario que no fortalece la seguridad nacional, y además expone a los migrantes a riesgos para sus derechos humanos al enviarlos a países con antecedentes de violaciones en esa materia.
Un ejemplo claro son los casos recientes de venezolanos deportados el año pasado a la megacárcel de El Salvador, donde, según Human Rights Watch, sufrieron abusos sexuales y maltratos en la prisión.
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Por Laura Henao Arévalo
