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Interpol rechazó una orden de detención del expresidente Evo Morales al considerar que los delitos de sedición y terrorismo de que se le acusan tienen una connotación política, informó este jueves la Fiscalía de Bolivia.
La Fiscalía General del Estado boliviano había pedido a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) un sello rojo, una orden para detener a Morales, que está en Argentina.
El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, explicó a los medios en La Paz que el pedido se realizó dentro de las investigaciones de una denuncia por supuestos delitos de sedición y terrorismo contra el expresidente boliviano.
Interpol comunicó que el delito de sedición tendría un componente de orden político, que de acuerdo a su normativa impide cursar esa solicitud, indicó el fiscal general.
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La denuncia fue interpuesta por el Ministerio de Gobierno (Interior) de Bolivia en noviembre de 2019, al poco de asumir el poder de forma interina Jeanine Áñez, cuando Evo Morales estaba entonces en México, donde se encontraba antes de partir hacia Argentina.
La acusación se basa en un video en el que se atribuye la voz de Morales para supuestamente incitar a bloqueos de ciudades en Bolivia, que organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han considerado una prueba insuficiente para la gravedad de esos delitos.
“Interpol interpreta que este delito es considerado de orden político y en la respuesta nos hacen conocer que ellos no van a poder llevar adelante el cumplimiento, entre tanto no se levante la tipificación” por sedición, comentó Lanchipa.
Esta era la segunda vez que la Fiscalía tramitaba ante la Interpol la emisión de una notificación roja después de que la entidad rechazara una primera solicitud.
En ese entonces, la réplica de la Interpol fue “muy escueta” y “no señala cuál el motivo de ese rechazo”, por lo que el Ministerio Público solicitó una aclaración al respecto, indicó en enero Lanchipa.
Esta denuncia es una de las interpuestas por el Ejecutivo transitorio de Áñez contra Morales, que desde diciembre pasado está en Argentina, donde solicitó refugio.
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Morales se fue de Bolivia después de anunciar su renuncia a la Presidencia del país el 10 de noviembre denunciando un supuesto golpe de Estado para derrocarlo.
La Fiscalía emitió órdenes de aprehensión por algunas de estas denuncias, para que el exmandatario comparezca en procesos en su contra en Bolivia, pero sus abogados observan que no existen garantías constitucionales para su retorno e incluso temen por su vida.
No obstante, Evo Morales ha dicho que si su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), gana las elecciones del 18 de octubre en Bolivia, al día siguiente volverá a su país.
Detenido exmilitar
El excomandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia Williams Kaliman está bajo detención domiciliaria por orden de la Fiscalía, que sin embargo ha desestimado la prisión preventiva, en un proceso que investiga su actuación durante la crisis política y social del año pasado en el país.
El coordinador de la Fiscalía en La Paz, Sergio Bustillos, dijo este martes a los medios que esta es una de las medidas cautelares para Kaliman en un proceso aún en fase de investigación, cuya fase preliminar puede durar un máximo de seis meses.
Bustillos indicó que se investiga si el exjefe militar habría incurrido en delitos como incumplimiento de deberes, por lo que se decretaron varias medidas cautelares.
Otras de estas medidas son el arraigo y un seguimiento mediante un sistema biométrico, para estar localizable ante la Justicia, una fianza del equivalente a unos 7.000 dólares y la prohibición de relacionarse con miembros de las Fuerzas Armadas.
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La Fiscalía descartó, no obstante, la detención preventiva en una penal de La Paz que pedía el abogado denunciante, Omar Durán, quEien en diciembre del año pasado denunció a Kaliman por supuestamente no haber actuado correctamente para que los militares apoyaran a la Policía durante el conflicto de octubre y noviembre de 2019 en Bolivia.
La Fiscalía descartó, no obstante, la detención preventiva en una penal de La Paz que pedía el abogado denunciante, Omar Durán, quien en diciembre del año pasado denunció a Kaliman por supuestamente no haber actuado correctamente para que los militares apoyaran a la Policía durante el conflicto de octubre y noviembre de 2019 en Bolivia.
Williams Kaliman enfrentaría una pena que podría alcanzar los cuatro años de prisión, si fuera condenado en un juicio por esta denuncia en la que se le acusa de no haber actuado a tiempo para haber evitado disturbios en el país, hasta que parte del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ordenó que los militares apoyaran a la Policía.
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Bolivia vivió momentos de caos especialmente entre el 10 y 11 de noviembre del año pasado, con ataques a sedes policiales y domicilios particulares, entre otros, episodios como la quema de la mayor parte de la flota de buses urbanos de La Paz y grupos de civiles en las calles al grito de “guerra civil” en la ciudad de El Alto.